Aunque el fenómeno de la desposesión mediante la compra masiva a precios irrisorios de tierras no fue exclusivo de los Montes de María, esta región es un caso representativo del complejo modelo de gestión multinivel para el despojo, con la participaron de variados actores, desde funcionarios del alto gobierno hasta agentes comunitarios, pasando por una serie de empresas, empresarios, funcionarios notariales y registrales, agentes del Estado territorial, asesores e intermediarios, que sacaron provecho del abandono de tierras rurales fruto de la guerra.

Ovejas, San Onofre, Morroa, Colosó y Chalán, en Sucre; y El Carmen, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Marialabaja, Zambrano y Córdoba, en Bolívar, fueron los municipios más impactados por este fenómeno que, si bien se venía dando desde finales del siglo XX, registró los mayores picos de ventas entre 2005 y 2009, como lo mostró la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

INTRODUCCIÓN. El largo proceso de formación social y económica de los Montes de María, con El Carmen a la cabeza, ha estado ligado a grandes esfuerzos sociales e institucionales que desde la Colonia han pretendido convertir esta región en un territorio esencialmente campesino. Si bien los intereses del latifundio se han cruzado de manera permanente con este propósito, la región había logrado conservar su espíritu y vocación minifundistas. Tal estado de cosas se había logrado con la inclusión del territorio en ciertos procesos sociales y económicos, como el cultivo de tabaco o las luchas y resistencias agrarias. Estos factores, determinantes de la agencia campesina, se han visto impulsados por diferentes diseños institucionales.

1917. El Carmen todavía disfrutaba de las mieles de la bonanza tabacalera, aunque algo disminuida por los impactos de la I Guerra Mundial. La disposición de terrenos fértiles, el fácil acceso del campesinado a tierras baldías (“tierras libres”, según el argot campesino), cosechas basadas en el cultivo de cepas de alta calidad, la presencia de intermediarios con canales comerciales (y capital para “avanzar” o endeudar al campesinado), la cercanía al río Magdalena y desde allí a los puertos de exportación, facilitaban este auge. Pero, sobre todo, ciertas decisiones estratégicas estatales habían impulsado su expansión desde el siglo XIX.

1917. Los Montes de María con El Carmen a la cabeza llegó a generar, a finales del siglo XIX, el 70% de las exportaciones nacionales de tabaco. Los responsables de esta vasta producción eran pequeños productores que en promedio sembraban una hectárea de tabaco. Por múltiples factores, la I Guerra Mundial supuso un punto de inflexión en el comercio internacional del tabaco, pero este producto siguió siendo el gran referente agrícola y comercial de los Montes de María durante todo el siglo XX, sobre todo en beneficio de los intermediarios, donde había grandes jugadores de la política y la economía nacional y regional. Estos sectores empresariales fueron proclives a la reforma agraria impulsada por los gobiernos liberales del Frente Nacional, pues para ellos resultaba vital garantizar el acceso del campesinado a la tierra. El Estado no era ajeno a esta realidad.

1936. Se incorpora a la Constitución Política “la función social de la propiedad” y se promulga la ley 200 para la titulación de tierras al campesinado. Sin embargo, la ley terminó al servicio de los latifundistas para acrecentar su propiedad sobre la tierra y excluir de la misma a grandes masas campesinas.

1946-1962. Auge de la organización campesina a lo largo y ancho del país, incluyendo los Montes de María. Los comités campesinos son auspiciados por la Federación Agraria Nacional (FANAL), impulsada por la Iglesia Católica y el Partido Conservador; los sindicatos agrarios por la Central Unitaria de Trabajadores, entonces alineada ideológicamente al Partido Liberal; y las ligas campesinas por el Partido Comunista. Colombia era un país de población mayoritariamente rural y el éxito político se jugaba en los territorios campesinos.

1961. La política pública de reforma social agraria, implementada a partir de 1961, representó un importante golpe al latifundio. Así, durante sus 43 años de existencia, el INCORA adquirió y entregó un total de 134.230 hectáreas en los Montes de María, que quedaron en manos de 10.736 familias campesinas. En El Carmen de Bolívar, 1.547 familias recibieron 27.001 hectáreas del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), equivalentes al 27,15% de la superficie rural municipal, cuya área total es de 99.438 hectáreas. En promedio, cada familia recibió 17,5 hectáreas, aproximadamente. En el corazón de este proceso estuvo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), motor de las luchas y resistencias del campesinado.

1973. El proceso de campesinización del territorio siguió su marcha, aupado por una fuerte movilización social campesina. Esta tuvo en los Montes de María su principal escenario nacional en los años 70 y 80 del siglo XX, no sólo para reivindicar el derecho a la tierra del campesinado, sino también mejoras en los precios del tabaco y en los salarios de los operarios de la industria tabacalera. Así quedó evidenciado con el paro tabacalero de 1973, cuyo epicentro fueron los municipios de Ovejas y El Carmen.

1973. Desde los años 70 hubo presencia en los Montes de María del Partido Comunista Marxista Leninista (PCC-ML), que derivó en diferentes manifestaciones insurgentes, como el EPL, el PRT y el MIR-Patria Libre. Estas terminarían su vida política y militar en los procesos de paz adelantados en el territorio por dichas insurgencias y el gobierno nacional, entre 1991 y 1994. A partir de entonces se hizo notoria la llegada al territorio de las FARC y del ELN. Esto provoca una mayor presencia de la fuerza pública en la región, así como la creación y expansión del fenómeno paramilitar, en cabeza del llamado Bloque Montes de María de las AUC.

1994. Esta combinación de actores armados e intereses estratégicos contrapuestos comienza a producir un lento, pero sostenido incremento de la violencia en la región a partir de 1994, a pesar de la presencia de insurgencias desde los años setentas. El epicentro son los municipios de Ovejas y El Carmen, justamente aquellos en los que en el pasado reciente el INCORA había adquirido mayor cantidad de tierras para su adjudicación a familias campesinas. Por si fuera poco, después del ataque con explosivos al puesto de Policía de Chalán (Sucre), ocurrido el 12 de marzo de 1996, el gobierno nacional retiró a la policía de la mayoría de cabeceras municipales de los Montes de María. En este orden de ideas, cada vez se hicieron más frecuentes el secuestro, la extorsión, el abigeato, los homicidios selectivos, las violencias sexuales, el reclutamiento de menores, las masacres y el desplazamiento forzado, entre otros hechos.

2002. Para finales del siglo XX y principios del XXI, los Montes de María se habían convertido en la zona con mayor población desplazada expulsada del país, dada la disputa violenta del territorio por los diferentes actores del conflicto armado. En medio de este estado de cosas, se impone la propuesta política de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones presidenciales de 2002. Así, inmediatamente después de su posesión, el nuevo Gobierno decretó turbado el orden público y el estado de conmoción interior en Arauca y los Montes de María, territorios que se constituyeron como zonas de rehabilitación y consolidación. Esto supuso un incremento de la presencia militar del Estado en los Montes de María y el recrudecimiento de las acciones entre los diferentes actores del conflicto armado.

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La CNRR identificó tres situaciones conexas que facilitaban la compra masiva de tierras a precios irrisorios: la imposibilidad de un retorno digno y seguro (que incorpora el miedo y la falta de recursos para reiniciar el proyecto productivo), ser parcelero del Incora/Incoder y el endeudamiento con empresas de recaudo de cartera vencida del Estado. A esto habría que agregar dos elementos más: la pauperización de la vida en condiciones de desplazamiento y la complicidad de servidores públicos vinculados a alcaldías, gobernaciones, notarías, oficinas de instrumentos públicos y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), entidad que reemplazó en sus funciones al INCORA. Se trataba de funcionarios públicos al servicio de los intereses de los compradores, generalmente empresarios foráneos.

Las quejas comunitarias ante el gobierno, entregadas al mismísimo jefe de Estado, más que estrellarse contra la indiferencia parecían terminar en burla. El 10 de agosto de 2008, en el marco de un consejo comunal realizado en San Juan Nepomuceno, campesinos denunciaron presiones de inversionistas foráneos para provocar la venta de sus parcelas a precios irrisorios. Las hacían con listados de cartera morosa en mano y la amenaza de inminentes remates. En la base del fenómeno estaba la notoria recuperación de la seguridad territorial, desde finales de 2007.

En respuesta, el presidente instruyó enérgicamente al ministro de agricultura (por entonces Andrés Felipe Arias), al INCODER, al Banco Agrario, a la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), a Acción Social, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a las oficinas de instrumentos públicos, a las alcaldías, a la gobernación de Bolívar y a la fuerza pública, para articularse, frenar el fenómeno y restablecer los derechos de los despojados.

Según una nota de prensa, el presidente concluyó diciendo: "No puede ser que hayamos derrotado a los paramilitares, a los guerrilleros y a los narcotraficantes, y otros delincuentes quieran adueñarse de las tierras de nuestros campesinos". A pesar del enérgico rechazo presidencial, después se sabría que el propio Uribe Vélez era el principal promotor entre empresarios antioqueños de la compra de tierras en los Montes de María. En su debida oportunidad, el diario El Tiempo dio cuenta de esta “doble militancia” presidencial, al publicar una entrevista en la que un empresario antioqueño, cercano al presidente, admitió que su decisión de comprar derivó de la invitación del gobierno a invertir en la zona para generar empleo.

En paralelo, y en la medida en que el Estado recuperaba y consolidaba la seguridad en el territorio, se incrementaba la asignación de recursos gubernamentales para la inversión social en la región. En consecuencia, a mayor seguridad (concepto que parece incorporar el de vaciamiento territorial) e inversión social, los alicaídos precios de la tierra empezaban a recuperarse inmediatamente en beneficio de los inversionistas foráneos, como terminó demostrado en múltiples sentencias de restitución.

Los procesos de restitución en contra de Argos

La Fundación Forjando Futuros ha registrado en el informe Empresas, violencia, despojo y concentración de tierras, un total de 66 empresas cobijadas por sentencias de restitución (a corte mayo de 2020), en las que no sólo ordenan restituir predios, sino también suspender títulos mineros y/o anular hipotecas bancarias, ranking que de lejos encabeza CEMENTOS ARGOS S.A. En efecto, magistrados de restitución de tierras de cinco tribunales diferentes han proferido (hasta hoy) 16 sentencias en contra de CEMENTOS ARGOS S.A., referidas a predios localizados en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre. En total, le han ordenado a la cementera que restituya 1.224,8 hectáreas a familias campesinas de los Montes de María, repartidas en una treintena de predios.

Sin embargo, el asunto es más complejo de lo que parece. Las sentencias revelan una refinada estrategia de ARGOS para despistar y encubrir sus movidas económicas, jurídicas y políticas para acumular tierras, previa adquisición de las mismas a precios relativamente bajos y sin negociar directamente con campesinos. Con base en ello, ARGOS ha venido alegando su buena fe exenta de culpa en los escenarios judiciales, arguyendo también –en tono moralista– que no se opondría a la entrega de predios si se demostrare que los dueños originales fueron despojados por aquellos de quienes adquirió u otras personas.

El objetivo de ARGOS era ambicioso: adquirir tierras de alta calidad, a bajo costo, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala. Para lograrlo, estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros.

Luego se contrataba a una fiduciaria que ayudaba a constituir un patrimonio autónomo con los predios adquiridos, en favor de la propia ARGOS. Se trataba de un fideicomiso sui generis, pues la compañía decidía qué predios se compraban (encargándose del estudio de títulos y exonerando de responsabilidad a la fiduciaria), y no delegaba la administración del patrimonio autónomo, sino apenas la formalización de la compra a nombre de la fiduciaria. Es decir, ARGOS “delegaba” la titularidad de los predios en la fiduciaria, pero pactaba que los derechos de propiedad revertirían a su haber a la extinción del patrimonio autónomo.

ARGOS desarrollaba el proyecto agroforestal con el apoyo del gobierno nacional y la cooperación internacional, en el marco de las políticas públicas ambientales de incentivos forestales (CIF).

La investigación ha identificado como padre del entramado del despojo a Álvaro Ignacio Echeverría. Según su propio testimonio, entregado ante un despacho de restitución de tierras, admitió haber llegado a la región de los Montes de María en 2002, cuando adquirió la Hacienda San Jacinto (por entonces abandonada y enmontada, según sus palabras) de manos de una firma antioqueña

“Muchos propietarios de tierra me dijeron «paisa coja la tierra que después del conflicto arreglamos…» En ese momento la tierra tenía un precio abstracto, no era un precio determinado…, ˆ[…] Eso de ARGOS no fue de un día para otro, ARGOS ya tenía un sembrado de teca en San Onofre… aquí no hubo violencia con la tierra, aquí no sucedió como en Montería, Catatumbo, aquí lo que hubo fue unos bandidos que ya los cogieron”, declaró Echeverría al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.

La red de despojadores también estaba conformada por Daniel Saldarriaga Jaramillo, Raúl Andrés Mora Pérez, Ana Patricia Serani Toro, Raúl Mora Abad, Luz Helena Pérez de Mora, Claudia María Moreno Ángel y Paula Andrea Moreno Ángel, según consta en sentencias de restitución de tierras.

Como el propio Álvaro Ignacio Echeverría ha reconocido, él fue el que fundó la empresa Tierra de Promisión e impulsó la conformación de la red de aliados estimulada e instrumentalizada por ARGOS para comprar al menos 6.600 hectáreas en los Montes de María, cuyos integrantes compraron tierras a $300 mil la hectárea para vender a precios hasta 11 veces más altos en escasos 18 meses, mientras el cultivo de teca “aniquilaba la agricultura de consumo”, como bien se dice en una sentencia de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.

Así las cosas, estos datos muestran que todo se urdía mediante una triangulación entre el alto gobierno (que garantizaba la seguridad en la zona e invitaba a la inversión de capitales), ARGOS (que destinó capitales para desarrollar un proyecto agroforestal de gran envergadura) y los terceros compradores (funcionales a la compra de tierras a bajo precio para el proyecto agroforestal).

“Las tierras se vendieron porque la gente de ahí decía: "Tienen que vender porque ya todo el mundo ha vendido las tierras que le quedó. Entonces, vendan porque ustedes se van a venir pa'acá" ¿Y quién iba a ir pa'llá con lo que sucedió? Entonces, al fin aceptamos vender las tierras. Pero se vendernos más bien jue regaladas porque mi papá decía que habían 130 hectáreas de tierra y sólo aparecieron 60 y las pagaron a 600 mil pesos”, relató a la Comisión una habitante de la región.

En síntesis, en un sentido más que figurado, los aliados estratégicos de ARGOS se movían en terreno con un patrón de comportamiento asociado a las lógicas del arte de la guerra, como bien lo ilustra este caso. Un análisis estructural de estas redes de despojo permite identificar tres componentes básicos del mecanismo, con las siguientes características:

1. La vanguardia, integrada por las dos fichas locales, el contacto en terreno y el comisionista. El primero es la punta de lanza propiamente dicha y se encargaba de la avanzada. Esto incluye labores de inteligencia y de preparación del terreno, como el reconocimiento del contexto, el mapeo de actores, la identificación de predios, la construcción de puentes con la comunidad, el relacionamiento in situ, la ambientación de la negociación (blanda de manera preferencial y dura si fuere necesario) y otras acciones requeridas para logar la decisión de venta. El segundo cumplía funciones más técnicas y de confianza: verificación de información, manejo de recursos y de la logística, reforzamiento de labores persuasivas, articulación para trámites con abogados, notarías, oficinas de registro, alcaldías, gobernaciones, etc. Teobaldo Meza y Jairo Bayuelo, en su orden, son los grandes referentes de esta categoría;
2. El escuadrón principal, conformado por los inversionistas o terceros compradores (y revendedores). Fueron más que aportantes de capital. Su puesto de mando unificado (PMU) quedaba la ciudad de Medellín y su responsabilidad consistió en diseñar estrategias, disponer la ofensiva y coordinar los ejercicios tácticos exigidos para el despliegue territorial de la operación (gestión hacia abajo), así como tender puentes con agentes económicos y políticos de alto valor estratégico, como ARGOS y el gobierno nacional (gestión hacia arriba). Los grandes referentes de esta categoría son el precursor y mayor promotor del despojo, Álvaro Ignacio Echeverría, y su socio Luis Esteban Echavarría, antiguo mentor del presidente Uribe. Y otros más jóvenes, como los compañeros de universidad y colegio del ministro Fernández (gente honorable, 1-A de Medellín, según el ministro), como el empresario Raúl Andrés Mora Pérez y su esposa, Ana Patricia Serani Toro; y
3. La retaguardia, constituida por la red de actores económicos, jurídicos y políticos articulados al modelo de gestión para el despojo. Su función era diseñar y poner en marcha medidas de protección de las operaciones en terreno para garantizar la posterior transferencia de los predios, a efectos de que Cementos ARGOS pudiera explotar las tierras así adquiridas de manera tranquila. Esto es, sin perturbaciones de sus derechos de propiedad ni sobresaltos mediáticos. Además, garantizar el ocultamiento de la ruta de adquisición de los predios, para ocultar la participación de ARGOS en este entramado.

En el año 2015, ARGOS creó una entidad sin ánimo de lucro, la FUNDACIÓN CRECER EN PAZ, con el objeto de “implementar una iniciativa de desarrollo territorial y construcción de paz”] La fundación controla las 6.600 hectáreas adquiridas por la empresa en El Carmen, San Jacinto y Ovejas, cuyo precio estimó en $25 mil millones, más un capital adicional de $18.000 millones para proyectos productivos. Después de despojar, como lo han señalado hasta ahora 16 fallos judiciales, ARGOS (una empresa que cotiza en la Bolsa de Colombia y con grandes inversiones en los Estado Unidos), trazó una nueva estrategia de camuflaje del despojo, ahora en el campo de la responsabilidad social empresarial.

La situación hasta ahora presentada derivó en múltiples procesos judiciales de restitución de tierras. Respecto de predios localizados en el Carmen de Bolívar, entre 2011 y 2019 la Unidad de Restitución de Tierras (URT) recibió un total de 2.433 solicitudes administrativas de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), elevadas por 2.114 personas. Esto convirtió al Carmen en uno de los municipios del país con mayor número de solicitudes. En su cabecera municipal, además, funciona una sede de la URT y tres juzgados civiles especializados en restitución de tierras.

En lo que respecta a las sentencias sobre predios adquiridos por las empresas FIDUCOR y/o ALIANZA FIDUCIARIA para constituir el patrimonio autónomo en favor de ARGOS, esto ha resultado, hasta ahora, en un total de 16 sentencias en contra de los intereses de la cementera.

La estrategia de defensa ante los estrados judiciales de FIDUCOR y/o ALIANZA FIDUCIARIA y/o ARGOS se basó en los siguientes argumentos: primero, negaron un vínculo previo con los compradores, es decir, con aquellos inversionistas que conformaban la red de aliados estratégicos de ARGOS. También manifestaron que desconocían sobre las motivaciones de los campesinos para vender sus parcelas y recalcaron que adelantaron las averiguaciones administrativas necesarias para verificar que los predios no tuvieran medidas individuales o colectivas de protección.

Las compañías también alegaron que al momento de las compras se había derogado la ley 160 de 1994 y que la decisión de invertir en los Montes de María estaba alineada a la política mundial de protección del medio ambiente, acogidas por las leyes y el gobierno de Colombia. Además, señalaron que, tras la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) y la aprobación del Protocolo de Kioto (1997), ARGOS acogió esta normatividad con responsabilidad social, por lo que sus proyectos agroforestales están enmarcados en la ley 139 de 1994, que creó el Certificado de Incentivos Forestales (CIF).

También argumentaron que la política pública de consolidación territorial, adoptada en el plan de desarrollo 2002-2010, que “movilizó las instituciones públicas y privadas para recuperar la seguridad, lograr la participación ciudadana, el buen gobierno local y la integración de estas regiones al resto del país”, creó el CCAI de los Montes de María para impulsar el desarrollo económico y social de la región de la mano del sector privado y de las agencias de cooperación internacional.

Finalmente, adujeron que el gobierno Santos, con el apoyo de la FAO, había promovido las plantaciones forestales y que los precios que constan en los contratos de compra de tierras son reales y superiores a los comerciales, por lo que, según las compañías, en el curso de estos negocios actuaron con buena fe.

No obstante, las Salas Civiles Especializadas de Restitución de Tierras de los tribunales de Cartagena, Cúcuta, Bogotá, Cali y Antioquia desestimaron en todos los casos estos argumentos, razón por la cual se ordenó la restitución y se negó el reconocimiento de la buena fe exenta de culpa a favor de FIDUCOR y/o ALIANZA FIDUCIARIA y/o ARGOS.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Antioquia, “las actuaciones de Álvaro Ignacio Echeverría, Jairo Bayuelo, Daniel Saldarriaga Jaramillo y la sociedad Fiducor S.A. engendran una auténtica contrarreforma agraria, que atenta contra la Constitución Nacional y los preceptos anotados por el modo inequitativo de acumular tierras y concentrar la propiedad, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de los campesinos víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra para imponer proyectos productivos como teca, palma de aceite o ganadería extensiva en un claro detrimento de la producción agrícola ejercida por el campesinado”.

Estos planteamientos del tribunal son de un peso indiscutible. La compra masiva de tierras al campesinado no sólo supuso una modalidad de despojo, sino el extravagante enriquecimiento ilícito de Goliat en desmedro de David, con el auspicio del gobierno de la época, como se ha dicho de manera reiterada. Además de reflejar los entramados que le son funcionales, muestra las diferentes transformaciones del mundo rural montemariano por cuenta del conflicto armado: de la paz a la guerra; del poblamiento al vaciamiento; del territorio minifundista, de agricultura familiar y economía campesina al latifundio capitalista de la teca, la palma africana y la ganadería extensiva; del arraigo rural al desarraigo urbano.