Esclarecimiento


El fin de la guerra insurgente y contrainsurgente

La persistencia de la violencia

La firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrrilla de las FARC-EP en 2016 (hipervínculo hito 23)  representa el cierre de la guerra insurgente y contrainsurgente en Colombia, e incluso en América Latina. Con la desmovilización y reincorporación de la guerrilla más longeva del hemisferio, la lucha armada cerró definitivamente su ciclo en el continente

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Años críticos

La experiencia internacional

La experiencia internacional ha demostrado que es altamente probable que en los países que han tenido acuerdos de paz la violencia persista.

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El problema de las drogas

Aunque en las negociaciones de paz de La Habana se reconoció que el narcotráfico se articuló con los actores de la guerra, este nudo lejos de resolverse sigue creciendo. El Acuerdo de paz de 2016 es novedoso en su enfoque frente a este problema pues no recae toda la responsabilidad en el campesino cultivador y se buscan fórmulas de sustitución y desarrollo territorial.

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Los grupos que permanecen en armas

El riesgo de una nueva generación de combatientes

Mientras se escribe este informe, además de que el ELN se mantiene en varios reductos locales, hay que sumar la presencia de los grupos herederos del paramilitarismo y toda una constelación de grupos rearmados y disidentes de las FARC que han buscado hacerse a diferentes territorios claves para el narcotráfico o para otras economías ilegales.

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Asesinato de líderes sociales y excombatientes

La mayor preocupación que se tiene actualmente es sobre el aumento del asesinato de líderes sociales. La agenda reformista de los Acuerdos de Paz, en medio de una reactivación de la violencia, generó entre 2017 y 2020 un incremento exponencial en las muertes violentas de líderes y al año siguiente una importante reducción. Según la Defensoría del Pueblo en 2017 se presentaron 126 casos; en 2018, 178; en 2019, 134; en 2020, 182; y en 2021, 145 muertes.

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Nueva agenda política nacional

La consulta anticorrupción

A pesar de los traspiés, firmar la paz con las FARC-EP dista mucho de ser un fracaso. Se logró la desmovilización de 13.609 excombatientes, de los cuales el 94,9% están activos y cumpliendo con su proceso de reincorporación; las FARC-EP entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de seis meses; en 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24,8 por cada 100.000 habitantes; entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70 %

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El estallido social

Entre 2019 y 2021 el país vivió el estallido social más importante de su historia, activado inicialmente por la presentación de una reforma tributaria y a la educación superior y acentuado por la pandemia del COVID-19. Según el DANE, para 2020 el 42,5% de los y las ciudadanas se catalogan como pobres.  Una coyuntura que mostró, por un lado, nuevas expresiones sociales que no caben en los marcos de referencia clásicos y que sus demandan no han podido ser incorporadas a través de los canales institucionales.

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Entrega de armas Guerrilla Mochará del LLano. Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, Imagen 1911, "Entrega de armas del Llano - Guerrilla Mochará", Colección fotográfica Fondo Jorge Eliécer Gaitán.

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Delegación de paz de las FARC-EP, Diálogos de la Uribe. Crédito de la imágen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.

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Diálogos de Paz. Tlaxcala, México. Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP

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Andrés Pastrana y ‘Manuel Marulanda’ en los diálogos del Caguán. Andrés Pastrana y ‘Manuel Marulanda’ en los diálogos del Caguán

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Desactivar un nuevo ciclo de violencia

La guerra no es inherente a la sociedad colombiana. Tampoco podemos hablar de una naturaleza violenta o no violenta de los colombianos. La guerra obedece a factores políticos, económicos, sociales y culturales que no son estáticos ni configuran una condición inamovible e insuperable. 

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La marcha del silencio.

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Crédito de la imagen: Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1948, Imagen 1590, Marcha del Silencio, Colección fotográfica Fondo Jorge Eliécer Gaitán.
Participación de las mujeres en el Plebiscito de 1957

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Crédito de la imagen: Rodriguez, Manuel H., 1957. Bogotá 1957-12. Primera votación femenina. Foto 77069-2-65. Archivo Maestro Manuel H.
Manifestación de Bienvenida la Paz.

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Crédito de la imagen: Crédito de la imagen: Gómez,Gustavo 1948, FDO03771, Bienvenida a la Paz,Centenares de caleños, reunidos en la Plaza de Caycedo, saludan con pañuelos blancos la llegada de la paz al país. La manifestación ciudadana se celebró al mediodía frente a la Catedral Metropolitana. Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Marcha por la paz de la Virgen de Chiquinquirá (patrona de Colombia), Bogotá, julio de 1999

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Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2003, sin código, Marcha por la paz de la Virgen de Chiquinquirá.
Colombianos celebran la paz

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Crédito de la imagen: .
Marcha Indígena con la Bandera de la Paz

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Crédito de la imagen: Narváez,2011,FDO 03794, Marcha Indígena con la Bandera de la Paz, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Marchas a favor del acuerdo de paz (5 de octubre 2016)

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Crédito de la imagen: Autor desconocido, 2016, Marchas a favor del acuerdo de paz (5 de octubre 2016), El Tiempo.

La sociedad civil

La participación política de la ciudadanía

El rol de la sociedad civil en todas sus formas ha sido determinante para ponerle fin a la guerra y hacer la paz. Primero que todo, con el voto. El Frente Nacional, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016 fueron posibles por el voto de los ciudadanos.

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Primer mandamiento de la democracia

Colombia está a tiempo de desactivar los factores que la han empujado a varios ciclos de guerra y de atender las violencias emergentes. Con decisión, el país puede convertirse en el más pacífico de la región y del mundo en los próximos 30 años. La Comisión de la Verdad deja en manos de los colombianos y las colombianas este trabajo que condensa la escucha atenta de diversas voces implicadas en la guerra. Este es un aporte para el futuro, la paz y la democracia.

 

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El valor de la paz

Una declinación de la confrontación armada

Tras cuatro años de negociaciones, el 24 de agosto de 2016 se logró un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP, que se firmó solemnemente en Cartagena el 26 de septiembre.

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El Acuerdo Final

El Acuerdo Final, de seis puntos, apunta a resolver el histórico problema agrario, el del narcotráfico, abrir la democracia para que se vean representadas las regiones más afectadas por el conflicto armado, a resolver la impunidad aplicando un modelo de justicia restaurativa con las víctimas en el centro, a garantizar la paz territorial y el desarme y reincorporación política, económica y social de los excombatientes.

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Disminuyen las víctimas

Las negociaciones del gobierno colombiano con las FARC-EP y la firma del Acuerdo de Paz, en términos humanitarios alcanzaron una disminución del 78% de las víctimas. La mayor transformación positiva se dio con respecto a los asesinatos selectivos, las masacres, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores de edad.

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«El pueblo colombiano funda la segunda república»

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El 1 diciembre de 1957, de los 5.386.981 personas que podían votar, 4.397.090 millones lo hicieron: de estos, 4.169.294 por el sí y 200.654 por el no. Más de 1,8 millones de mujeres ejercieron por primera vez en la historia del país el derecho al voto.  Un día después el diario El Tiempo abrió su edición matutina con el titular «El pueblo colombiano funda la segunda república». La mayoría de los colombianos vieron en este pacto la puerta de entrada a una sociedad democrática y en paz.
 

Crédito de la imagen: pendiente titular El Tiempo
El país que no cupo en el Frente Nacional

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El pacto desconoce a otros actores políticos

Los colombianos estaban cansados de la guerra. De ver pueblos arder, de ver menores de edad con armas en las manos, de la crueldad de las masacres, de los muertos descuartizados en los ríos, del odio, del señalamiento, de huir por las montañas y llegar a las ciudades a inventarse una vida imposible. Ese cansancio se expresó cuando mayoritariamente votaron Sí al Frente Nacional en el plebiscito de 1957, por imperfecto que este fuera. Sin embargo, el arreglo logrado por los partidos liberal y conservador para repartirse el poder de manera paritaria desconoció que en la sociedad colombiana había otros actores políticos, especialmente de izquierda como el Partido Comunista y los líderes agrarios o los considerados «bandoleros». En algunos de estos sectores se radicalizó la percepción de que las armas eran el único camino para obtener las reformas saboteadas en momentos anteriores.

Crédito de la imagen: Biblioteca Pública de Cali Foto 0100088 Fotografía de Laureano Gómez Castro, Circa 1925.

«La burguesía aprovechó que el pueblo estaba hastiado»

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«La burguesía aprovechó que el pueblo estaba hastiado»

Jaime Guaraca, perteneciente al grupo de campesinos fundadores de las FARC-EP, dijo que: «La burguesía aprovechó que el pueblo estaba hastiado de la violencia y el terror…y que querían vivir en paz, recuperar sus fincas y parcelas y trabajar honradamente. Por eso una gran mayoría depositó la boleta por el “sí” sin haber tenido tiempo y claridad para meditar sobre las circunstancias que traería dicha reforma». (Guaraca y Botero, Así nacieron las FARC, 105)

Crédito de la imagen: Reforma - Museo Nacional

El plebiscito

Refrendación del Acuerdo de los partidos (1957)

La paz del Frente Nacional aspiraba a ser un proyecto para construir un Estado que hasta ese momento era un campo de disputa partidista. El pacto político se refrendó en las urnas a través de un plebiscito. 
 

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La tercera marcha del silencio

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Tres días después de la victoria del No, jóvenes universitarios convocaron a una movilización en apoyo del Proceso de Paz. Esta movilización, bajo el nombre de la Tercera Marcha del Silencio, se desarrolló en distintos municipios del país, entre ellos Bucaramanga, Cali, Cartagena, Barranquilla y Bogotá.

La convocatoria, pactada para el 5 de octubre, fue multitudinaria. En la Plaza de Bolívar de Bogotá se leyó la Oración por la Paz, discurso pronunciado por Jorge Eliécer Gaitán el 7 de febrero de 1948 y bajo el lema de “Acuerdo Ya” se exigían soluciones ante la crisis política. Esta movilización convocó a más de 30.000 personas en la capital del país. La ciudadanía entraba finalmente en escena y el movimiento por la paz se reactivaba para apoyar a la Mesa de Diálogo.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, Imagen 1590, Marcha del Silencio, Colección fotográfica Fondo Jorge Eliécer Gaitán.
«Mejor un acuerdo imperfecto a que no hubiese acuerdo»

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Una de las organizadoras de la Marcha del Silencio del 5 de octubre de 2016 le dijo a la Comisión de la Verdad: «Nosotros pensábamos que era mejor un acuerdo imperfecto a que no hubiese un acuerdo y nosotros de una u otra forma no concebíamos que eso no estuviera pasando. Hay una anécdota súper chévere y era que el día de esa Marcha del Silencio el presidente mandó a preguntar, o sea él venía caminando a subirse a la tarima porque él sentía que él tenía el derecho y la legitimidad de ser él quien proclamara un discurso en la Plaza de Bolívar y yo recuerdo que en ese instante que le dijimos al jefe de su esquema de seguridad y a Paula Gaviria que era la Consejera de Derechos humanos, creo que era, que no, que esto era algo muy de la gente entonces que no cohibieran ese sentimiento y que a pesar de que él fuera quien estuviese liderando en un proceso el tema de los acuerdos de paz, él había perdido y que nos dejara de una u otra forma a la ciudadanía hacer ese desfogue de entusiasmo» (Entrevista colectiva 456-CO-00994. Mujer, joven)

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 2016, Marchas a favor del acuerdo de paz (5 de octubre 2016), El Tiempo.
El Nobel de Paz

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El 7 de octubre de 2016 el país amaneció con la noticia de que Juan Manuel Santos había ganado el premio Nobel de Paz, lo que simbolizó no sólo un espaldarazo de la comunidad internacional a la paz en Colombia, sino también margen de maniobra para que Santos pudiera negociar con los contradictores del proceso. En la declaración que hizo el día en que se anunció el Nobel de Paz, el presidente afirmó que la paz era posible y que estaba cerca.

Crédito de la imagen: Photo: Mads Nissen/Politik, 2016, ID, 15207, Retrato oficial del Nobel de Juan Manuel Santos, Licencia: https://nobelprize.qbank.se/mb/?h=85b7a6b0a5b2f61073dcc709457ac527&_ga=2.155167032.16240938.1659137617-567131762.1658229945.
Negociaciones con los voceros del “No”

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La movilización ciudadana posterior a los resultados del plebiscito y el Nobel de Paz fueron el oxígeno político necesario para que Juan Manuel Santos adelantara la negociación con los voceros del “No”.  Santos optó por abrir un diálogo con diversos sectores y se consignaron algunas modificaciones puntuales que no afectaron el espíritu del mismo. Aunque el Gobierno y los representantes del “No” intentaron un acuerdo para salvar el proceso de paz, este no se logró.  Para Uribe el Acuerdo de Paz representaba impunidad con las FARC-EP y deshonor para la Fuerzas Militares. Tenía reparos de fondo en todos los puntos.

Crédito de la imagen: Nieto Remolina, Omar, 2016, sin código, Reunión del gobierno con los voceros de «No», Biblioteca Abierta del Proceso de paz Colombiano.

Gran Diálogo Nacional

La movilización ciudadana y el Nobel de la Paz

El 3 de octubre de 2016, un día después del Plebiscito, el presidente Santos y el equipo negociador del Gobierno se reunió con varios de los voceros del “No”, en el marco de lo que se denominó como el Gran Diálogo Nacional. Un espacio que el ejecutivo abrió en medio de la incertidumbre para hablar con las fuerzas del “Sí” y del “No” y que sirvió para catapultar la “renegociación” como el camino a seguir con quienes se opusieron a los Acuerdos logrados y habían ganado los comicios.

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Refrendación vía legislativa

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En el clima de perplejidad que produjo la victoria del No, mientras los jóvenes marchaban defendiendo el Acuerdo de Paz y en medio del proceso de renegociación con los voceros del No, se empezaron a barajar diferentes estrategias para refrendar el nuevo Acuerdo. En medio de la maraña del debate jurídico la opción más viable fue buscar la refrendación vía legislativa. Finalizando el mismo mes de noviembre de 2016 se refrendó el Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón en el Senado y la Cámara de Representantes. En la votación final en el Senado, la bancada opositora del Centro Democrático se retiró de la sesión pues decía no sentirse recogida con el nuevo Acuerdo que se había construido a partir de la fase de renegociación. El hecho demostró que a pesar de que se pudo salvar jurídicamente la implementación del Acuerdo de paz, políticamente continuó herido de gravedad.

Crédito de la imagen: Nieto Remolina, Omar, 2016, sin código, El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño firman el nuevo Acuerdo de Paz, Biblioteca Abierta del Proceso de paz Colombiano.
Inicia implementación

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Con la aprobación del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2016, se dio paso al proceso de implementación normativa de los Acuerdos de Paz, al tiempo se emprendió el proceso escalonado de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes de las FARC-EP.

Crédito de la imagen: Nieto Remolina, Omar, 2016, sin código, Sergio Jaramillo durante la presentación del Acuerdo Final en el Congreso, Biblioteca Abierta del Proceso de paz Colombiano.
El Fast Track

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El denominado Fast Track o vía rápida fue un recurso que otorgó condiciones especiales para poner en marcha los proyectos de ley relacionados con el Acuerdo de Paz, redujo el número de debates en el Congreso para ciertas reformas constitucionales e impidió que se modificaran sustancialmente los proyectos de ley relacionados. Esta medida, le dio celeridad y un piso jurídico a un proceso que tenía pies de barro.

Crédito de la imagen: Nieto Remolina, Omar, 2016, sin código, El Congreso refrenda el Acuerdo Final, Biblioteca Abierta del Proceso de paz Colombiano.

La refrendación en el Congreso

La firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón

El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón en Bogotá, se firmó el nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera por parte del presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño (Timochenko). A diferencia de la firma solemne ocurrida antes del plebiscito -el 24 de septiembre en Cartagena-, esta fue una ceremonia modesta que ilustró perfectamente el momento político de incertidumbre que se estaba viviendo.

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Una sociedad dividida

Herida en la legitimidad del acuerdo de paz

La herida en la legitimidad del Acuerdo de Paz que produjo perder el plebiscito por un estrecho margen implicó que el proceso de implementación se abriera paso en una sociedad partida

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Movilización de guerrilleros por el río Mecaya

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Biblioteca Pública Móvil en la vereda Las Morras, en San Vicente del Caguán (Caquetá)

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Movilización del Frente 30 hacia Buenos Aires

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Movilización de la columna móvil Teófilo Forero hacia San Vicente del Caguán

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Movilización al PTN de Pondores

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La desmovilización de las FARC-EP

Con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP se logró la desmovilización de 13.609 excombatientes, de los cuales el 94.9% están activos y cumpliendo con su proceso de reincorporación. Las FARC entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de 6 meses; en 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24.8 por cada 100.000 habitantes; entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70%; entre 2013 y 2017 se redujeron los ataques contra la infraestructura en un 81.2%; entre enero y agosto de 2011 y 2021 se redujeron los asesinatos contra la Fuerza Pública en un 74.6%.

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Se acerca el fin

El General Fredy Padilla de León, Comandante General de las Fuerzas Armadas, dijo en 2008 que la guerra estaba cerca del «fin del fin». La ventaja estratégica de las fuerzas del Estado contra las guerrillas, en particular contra las FARC-EP, era evidente.

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Crisis diplomática

Uribe termina su mandato

Para Álvaro Uribe, Venezuela se había convertido en una retaguardia que le permitía a la guerrilla reencaucharse. Denunció la existencia de campamentos al otro lado de la frontera lo que creó una situación de extrema polarización con el entonces presidente Hugo Chávez, y de paso, con Ecuador, cuya soberanía había sido violada por Colombia y con el resto de la región agrupada en Unasur.

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Se marca una distancia

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Desde el inicio de su gobierno, Santos marcó distancia con el anterior. En su discurso de posesión, el 7 de agosto de 2010, afirmó que su propósito era pasar de la Seguridad Democrática a la Prosperidad Democrática. Durante los ocho años de Uribe, la promesa de la seguridad no redundó directamente en una mejoría de las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos. Para entonces, el déficit fiscal del país estaba por los aires y la población rural aún no experimentaba las bondades del crecimiento económico que había experimentado el país ante el aumento de la confianza inversionista. A finales del 2009 el 35,5% de la población colombiana en edad productiva ganaba menos de un salario mínimo, el 33,2% de la población en edad productiva vivía por debajo de la línea de pobreza y la tasa de desempleo rondaba el 12%. Adicionalmente, en el año 2010, según el DANE, el 50,8% de la población rural vivía en pobreza multimodal, esto es, sin garantías de acceso a servicios públicos, vivienda, educación y trabajo.

La agenda de Santos

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El Plan de Desarrollo de Santos apuntó a que el crecimiento económico fuera sostenible y redundara en fortalecer las instituciones del Estado. Se concentró en el impulso de las llamadas locomotoras minero– energéticas y proyectos de infraestructura y vivienda que deberían jalar los vagones encargados de producir más empleos y difundir el crecimiento financiero generado por las locomotoras. Era una agenda de modernización que buscaba integrar económicamente a las regiones, pero el conflicto armado se presentaba como un obstáculo para el desarrollo.

La salida política al conflicto, como posibilidad para terminar la confrontación, estaba presente desde el inicio en la narrativa del nuevo presidente. Su hermano Enrique Santos recuerda que: «En una de esas idas hablo con Juan Manuel Santos y le digo que lo apoyaría en cualquier gestión relacionada con sus inquietudes de paz. Me comenta que le gustaría contar conmigo, ya que tengo experiencia en estas lides y conozco personalmente a varios líderes históricos de las Farc y del ELN». (Santos Calderón, Así empezó todo, 19)

La puerta de la paz se abre

«Por la razón o por la fuerza»

El 21 de mayo de 2009, Juan Manuel Santos renunció al Ministerio de Defensa para proyectar su candidatura presidencial. Para ese momento, mantenía un perfil fuerte capaz de recoger el capital político de Uribe. El hombre detrás de los golpes estratégicos más importantes contra las FARC-EP era el elegido para continuar el legado del presidente Uribe.

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El restablecimiento de las relaciones diplomáticas

Una de las medidas que distanció a Santos de Uribe tiene que ver con el manejo de la política exterior del gobierno, en donde se restablecieron las relaciones diplomáticas con países de la región como Ecuador y Venezuela. Inmediatamente después de su posesión presidencial se reunió con Hugo Chávez en Santa Marta y meses después Santos se refirió al presidente venezolano como su «nuevo mejor amigo». La paz de Colombia pasaba por la colaboración de Chávez, la única persona en ese momento que tenía influencia política en las FARC-EP y sobre todo interés en que se lograra un acuerdo de paz.

La paz

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La paz separó a Santos de Uribe. Si bien ambos sabían que la negociación era necesaria, pues sin negociación, la guerra en Colombia podía durar décadas en las regiones más apartadas, donde la disputa por rentas no dejaba de producir víctimas; la diferencia fundamental radicó en el tipo de acuerdo que se debía hacer con la guerrilla de las FARC. Para Uribe la paz era fundamentalmente el desarme de las guerrillas, de manera más o menos similar a como lo hicieron las AUC. Para Santos era evidente que había que negociar una serie de reformas que incluyeran a la guerrilla como un actor dentro de la democracia colombiana. Álvaro Uribe expresó así su diferencia en una conferencia de prensa internacional, con motivo del lanzamiento de sus memorias: «Los europeos no entienden, pero nosotros no podemos aceptar lo que ocurrió en algunos países centroamericanos, donde le perdonaron todo a la guerrilla y los llevaron al Parlamento. En esos lugares la guerrilla no era narcotraficante y había una democracia imperfecta. Aquí hemos tenido una democracia respetable». (Semana, «Las tres tesis de Uribe derrotadas en la ley de víctimas», Semana)

En adelante, terminar la guerra o bien, imponiéndose sobre el enemigo en el plano militar y aniquilar su proyecto político, o bien, haciendo del fin del conflicto armado una oportunidad para la agenda pendiente en materia de modernización y democracia, será el eje maestro en el que se organizó la política colombiana durante el siguiente lustro.

Uribe y Santos se distancian

Una vez en la Presidencia, Juan Manuel Santos tomó una serie de medidas que paulatinamente lo distanciaron de Álvaro Uribe. Una tiene que ver con el manejo de la política exterior del gobierno, la otra con la paz.

 

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La posición de las FARC-EP

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Las FARC-EP se adaptaron al nuevo escenario. Como lo aseguró a la Comisión de la Verdad un excombatiente guerrillero: «mientras hasta El Caguán la estrategia era una estrategia de negociar para luchar por el poder con las armas, yo creo que la modificación que se da es que realmente la solución negociada, y no la revolución, pasa a ser la estrategia por parte de las FARC.» (Entrevista 410-PR-00661. Hombre, experto, político)

Este es un cambio trascendental ocurrido dos décadas después de que lo dieran otras guerrillas como el M19 y el EPL. Estos grupos había comprendido que, si no paraban la guerra, Colombia viviría una catástrofe, tal como ocurrió. El escenario político post Uribe también dejó en evidencia que a pesar de toda la violencia desatada por los sectores de extrema derecha, el proceso de democratización se iba sedimentando. La izquierda en todos sus matices estaba en la competencia electoral ya no de manera simbólica sino con opciones reales de llegar al poder.

Crédito de la imagen: Fuerza Aérea Colombiana, 2018, Bombardeo campamento Mono Jojoy, Fuerza Aérea Colombiana.
Las FARC-EP se inclina hacia la paz

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Para las FARC-EP la presión de la guerra y el relevo generacional que había tenido su comandancia permitieron que se inclinaran hacia la paz. Era claro que las operaciones contra los objetivos de alto valor estratégico habían minado al Secretariado. Así, por ejemplo, explica un excombatiente que, de forma paralela a las propuestas de diálogo aumentaba la presión militar que, entre otros objetivos, se enfocaba en Alfonso Cano: «él decía que la estrategia del gobierno era empezar los diálogos con el cadáver de él sobre la mesa. Y nosotros seguíamos resistiendo, pero lo que ellos querían era llevarnos de rodillas a la mesa. Alfonso decía que así muriera, tocaba seguir con los diálogos y fue lo que hizo Timo». (Entrevista 668-PR-02021. Actor armado)

Para ese momento, muchos de los mandos medios de las FARC-EP carecían de formación política, por no hablar de los que usufructuaron el poder local que tenían para beneficio propio o se convirtieron en verdaderos narcotraficantes. La negociación se hacía inminente. Como lo expresó ante la Comisión de la Verdad un integrante de dicha organización en la mesa de negociación de La Habana: «El día de la posesión de Santos, Alfonso Cano, que es el comandante y jefe de FARC pone a circular un vídeo donde hace una propuesta de paz, eso es el 7 de agosto del 2010, y bueno, ya viene todo el tema este que se conoce de las cartas y toda esa cuestión. Los que vamos al encuentro exploratorio la misión que nos dan es la siguiente, nos dicen "vayan y miren si hay condiciones de establecer una mesa de diálogo, si el gobierno de verdad está pensando seriamente en solución política del conflicto", por eso se llama exploratorio, vamos a explorar, a eso nos mandaron, y cuando terminamos nos decían "bueno, hay una agenda" para establecer una mesa sobre unas bases supremamente quebradizas, supremamente endebles. Así empezamos nosotros el proceso de diálogo: con mucha desconfianza, pero con total disposición». (Entrevista 311-PR-03101, Hombre, Actor armado, miembro del equipo negociador de las FARC)

La Operación Sodoma

Las FARC-EP se inclina hacia la paz

Poco más de un mes después de la posesión de Santos como presidente, las Fuerzas Militares y la Policía llevaron a cabo la Operación Sodoma en la que resultó abatido el comandante del Bloque Oriental, Jorge Briceño o Mono Jojoy, junto a 20 guerrilleros más.

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Pieza clave en el camino hacia la paz

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La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras era una pieza esencial en el ajedrez del proceso de paz que estaba en gestación. Así lo entendió el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo: «la paz duradera del país -siempre se ha dicho- pasa por el meridiano de la solución de los conflictos agrarios». En una larga trayectoria de décadas, las víctimas conquistaron la noción de que ellas no eran objeto de solidaridad por parte del Estado o la sociedad, como estaba establecido por mucho tiempo, sino sujetos de derecho. Ese viraje se materializó en esta Ley.

Crédito de la imagen: Presidencia de la República, 2013, En la Hacienda Santa Paula, Montería, se les devolvió las tierras a campesinos, Presidencia de la República.
Las críticas de Uribe

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Álvaro Uribe enfocó sus críticas a la Ley de Víctimas en tres puntos: la ley reconoció la existencia de un conflicto armado interno en el país; reconoció que el Estado también ha producido víctimas, y reconoció el inmenso despojo de tierras que fue realizado de manera oportunista por sectores que generalmente apoyaron las políticas de seguridad democrática. En particular la tierra era el botín de guerra de los paramilitares y sus aliados. Para Santos, la paz no se podía construir sobre la base de la legalización del despojo. Desde entonces, la restitución tierras ha sido un largo proceso con luces y sombras, que ha contado con la oposición jurídica, política y violenta de los beneficiarios de la guerra.

Crédito de la imagen: Presidencia de la República, 2013, En la Hacienda Santa Paula, Montería, se les devolvió las tierras a campesinos, Presidencia de la República.
Limitaciones a los alcances de la Ley de Víctimas

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Respecto de la reparación a sujetos colectivos como los pueblos étnicos, asociaciones de víctimas, entre otros, la Ley ha tenido serias dificultades. Según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas (CSMLV), existen 755 sujetos de reparación colectiva. De estos, para el año 2020, el 47% estaban en fase de identificación y el 51% restante se encontraba disperso. Las dificultades en la implementación de la ley hicieron que el Congreso de la República aprobara su extensión por 10 años más. Esta extensión fue sancionada por el Presidente Iván Duque en enero de 2021.

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2003, Sin código, Un grupo de mamos arhuacos recorrieron los sitios sagrados que marcan la Línea Negra.

Una ley para las víctimas

Alcances de la Ley 1448 del 2011

El 17 de febrero de 2012 cerca de 20.000 campesinos llenaron el coliseo de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Iban a encontrarse con el presidente Santos, quien presentaba en sociedad la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

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La reparación integral

Uno de los aspectos centrales de la Ley de Víctimas fue la reparación integral, que inicia con las acciones de asistencia y atención –asesoría jurídica, atención humanitaria, acompañamiento psicosocial, etc.- y continúa con la implementación de un conjunto de cinco medidas: 1) Indemnización 2) Garantías de No Repetición 3) Satisfacción 4) Restitución 5) Rehabilitación entre las que destaca la creación del Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas – PAPSIVI.

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Las víctimas como actor social

Un aspecto que suelen destacar algunas víctimas en la implementación de la Ley de Víctimas tiene que ver con sentirse reconocidas como sujetos portadores de palabra. Este reconocimiento les ha posibilitado nombrarse, nombrar al conflicto y sus realidades, tender puentes con los actores armados en la exigencia de no repetición y fortalecer los liderazgos de víctimas en el camino de la exigibilidad de garantías para sus derechos ante las instituciones. Así, la víctima deja de ser un actor social pasivo.

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Mesa de negociación en La Habana

Las víctimas en el centro

El 4 de noviembre de 2011, el Estado dio de baja a Alfonso Cano en el marco de la Operación Odiseo y, diez meses después, en septiembre de 2012, se dio el inicio oficial de la mesa de negociación en La Habana, Cuba, para luego instalarse oficialmente el 18 de octubre del mismo año en Oslo. 

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Negociación con el ELN

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En marzo de 2016, el ELN y el gobierno anunciaron el inicio de las conversaciones en Ecuador. Sin embargo, las rondas de negociación contaron con innumerables obstáculos, entre ellos la resistencia de esa guerrilla a liberar a los secuestrados en su poder y a abandonar esa práctica. Durante el gobierno de Santos no se logró un acuerdo aunque se avanzó como nunca antes en los puntos de un posible cese del fuego y en el de participación de la sociedad civil que es el almendrón de la propuesta política de este grupo insurgente. Sin embargo, Iván Duque disolvió los diálogos el 18 de enero de 2019, luego de que el ELN cometió un atentado terrorista en contra de la Escuela de Policía General Santander.

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2005, Combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacen ejercicio cerca a Tame, Arauca.

Los que quedaron por fuera

Negociaciones con el ELN y otros grupos armados

El 27 de agosto de 2012, mismo día en que el presidente Santos anunció los acercamientos con las FARC-EP, también invitó al ELN a entablar conversaciones para finalizar el conflicto. Al tiempo, a través de una entrevista hecha por la Agencia Reuters, Nicolás Rodríguez Bautista, máximo jefe del ELN, expresó su disposición al diálogo. En junio de 2014 el ELN y el gobierno revelaron que desde enero había acercamientos entre ambos para abrir una mesa de negociación.

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Acuerdo sobre las Víctimas del conflicto

Luego de que los diálogos superaran una fuerte crisis en la primera mitad del año 2015, la firma de un Acuerdo Final se veía cada vez más al alcance y esto suponía el acompañamiento de actos simbólicos que fortalecieran la narrativa de paz. El 23 de septiembre de 2015 la Mesa de Diálogo anunció un acuerdo para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, con la creación de un sistema integral para la justicia transicional.

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2008: un punto de inflexión

Cambio en el balance estratégico de la guerra

El 2008 es sin duda el año que marca el punto de inflexión del conflicto armado en Colombia. De manera curiosa, en este año se resolvió la trama de un largo conflicto. Por un lado se define la guerra del Estado contra las FARC-EP y, por el otro, se derrumbó el proceso con las AUC. La inmoralidad de la guerra tocó fondo.

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Contexto político regional

Las fronteras: estratégicas para la insurgencia

El bombardeo al campamento de Raúl Reyes en 2008, coincide con un contexto político de tensas relaciones diplomáticas entre Colombia y su vecindario. Este panorama estaba marcado, en gran medida, por la situación de orden público en las fronteras.

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Bombardeo al campamento de Raúl Reyes

Con las bombas inteligentes, entregadas y monitoreadas por Estados Unidos, el Gobierno cambió el balance estratégico de la guerra al golpear, por primera vez desde 1964, al secretariado de las FARC.  El primero de marzo de 2008 las Fuerzas Armadas bombardearon el campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano mediante la operación Fénix.

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El asesinato de Iván Ríos, otro miembro del Secretariado

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También en marzo de 2008, una semana después de la muerte de Raúl Reyes, un miembro del Secretariado, Iván Ríos, fue asesinado por un guardaespaldas y, en mayo de 2008, un comandante e ideólogo de las FARC-EP se rindió. En efecto, el asesinato de Ríos, quien también era miembro del Secretariado, reveló otra dimensión del daño que el Plan Patriota le estaba causando a las FARC-EP. El crimen lo cometió Pedro Pablo Montoya, un guerrillero del Frente 47 conocido en las filas como Rojas. Lo mató a sangre fría y luego le cortó una mano para entregarla al Gobierno como prueba y cobrar una recompensa. La fotografía de un paramédico cargando la mano de Ríos en una nevera de icopor es inolvidable porque era parte del espectáculo de la guerra que finalmente alimentó la insensibilidad. El debate sobre si se debía pagar a un asesino por su crimen era también expresión de que la guerra se estaba volviendo una carnicería humana. Esto y la celebración de la muerte iban haciendo parte del alma colectiva del país.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”. Archivo FARC-EP.
Alfonso Cano reemplaza a Marulanda

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El reemplazo de Marulanda fue Alfonso Cano, quien estaba al frente del comando occidental de las FARC-EP entre el Valle y el Cauca. Cano intentó muy pronto impulsar algunas rectificaciones en la ruta política y militar de esa guerrilla. Para entonces esta organización había vuelto a la guerra de guerrillas, utilizando campos minados, emboscadas, francotiradores y evitando moverse en grandes grupos como habían venido haciéndolo a finales de los noventa, ocasionando los duros golpes a la Fuerza Pública colombiana. También había cambiado su centro de gravedad hacia la cordillera occidental a donde iba en pos de los cultivos de coca, impulsando incluso una colonización en territorios que ya estaban siendo adjudicados a las comunidades afrodescendientes en Nariño, Valle y Cauca.  

En esa época aumentaron el número de desmovilizaciones individuales y la incomunicación dentro de la guerrilla por temor a ser interceptados. La explicación que dio un excomandante al declive del Frente 47 es el agotamiento de los guerrilleros que venían de duros años de combate, escasez de recursos, falta de espacios de formación, en términos generales, desventajas militares, operativas y estratégicas frente al Estado. Respecto a esto, un excombatiente narró a la Comisión de la Verdad la sensación de derrota, sumada a la muerte de Raúl Reyes:

«Cuando se está combatiendo con un Estado que tiene todos los recursos económicos, políticos, armamento de todo tipo no se puede ser obstinado, cuando usted quiere librar una batalla de posiciones tiene que tener armas ventajosas para sostenerse y con un AK47, una ametralladora no se sostiene a una arpía o a un avión, ni mucho menos un cerco de cinco o diez mil hombres. El Estado tiene la capacidad de relevar la gente cada tres meses o seis meses y meter fuerzas nuevas, energías nuevas. El guerrillero es el mismo las 24 horas del día y el desgaste es el mismo y no todos los cerebros están aptos para resistir cualquier guerra. Por eso las deserciones: cuando el muchacho o la muchacha hace la apreciación y se ve perdido opta por irse porque es la forma de salvarse la vida». (Entrevista: 084-PR-02378. Actor armado)

Crédito de la imagen: 45 - Colección: Historia Número registro: 7522.030 Fuerzas Militares de Colombia ( - ) Cabecilla Secretariado FARC. Guillermo León Sáenz Vargas a. Alfonso Cano 2005.

Marzo negro para las FARC-EP

Muere Manuel Marulanda

A finales de marzo de 2008, mismo mes del bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes, murió Manuel Marulanda -comandante de las FARC-EP por más de medio siglo- en algún lugar de la selva de Colombia. Por eso muchos lo han llamado el marzo negro de las FARC-EP. A pesar de que esa guerrilla había construido una dirección colectiva y un mando descentralizado a través de los Bloques, sin duda desde ese momento la organización quedó huérfana.

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La marcha del 4 de febrero

El 4 de febrero de 2008, millones de colombianos salieron a manifestarse contra el secuestro en una marcha que resultó ser de rechazo a las FARC-EP. Los sentimientos de indignación pública con el juego político que esta guerrilla estaba haciendo con los civiles y militares secuestrados tenían indignadas a millones de personas. Sin embargo, la marcha, aunque organizada por personas independientes, también contó con una fina estrategia de comunicación de masas diseñada desde el ministerio de Defensa.

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Con este rescate, en el que no hubo disparos, solo el engaño a algunos guerrilleros y probablemente una negociación con otros de ellos dispuestos a colaborar con la Fuerza Pública, se cerró el capítulo del intercambio humanitario que nunca se dio. Como su nombre lo indica, la operación Jaque fue un punto de quiebre que anunciaba el fin de la partida. No era un jaque mate, pero era un jaque a las FARC-EP. La avanzada militar que en el mismo año había conseguido llegar a las entrañas de esta organización con el abatimiento de Raúl Reyes e Iván Ríos, vislumbraba la derrota de esta guerrilla y posicionaba una idea de fin del conflicto.

Esta idea de victoria sobre el terrorismo se posicionó en la opinión pública a través del cubrimiento mediático del evento, del que hicieron parte reportajes, documentales, especiales y miniseries. Esta operación consolidaba una relación de fuerzas favorable a las Fuerzas Militares que dejaba ver a una guerrilla derrotada. Como afirmaría Íngrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad: «Así como critico al Ejército en otras cosas que me parecen que no son correctas, esto me parece y lo sigo diciendo: fue una operación perfecta». (Íngrid Betancourt, Entrevista 442-PR-02129)

Crédito de la imagen: Colección: Arte Número registro: 7239.001 Ministerio de Defensa Nacional. Colombia ( - ) Dos Volantes operación Militar Jaque. Orgullo por siempre 2009, Museo Nacional de Colombia.
Protagonismo de la Fuerza Pública

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La Operación Jaque supuso una derrota política para la insurgencia, pues desarticulaba su propuesta de acuerdo humanitario con el Estado. A su vez, esta operación, que desde su preparación fue filmada y documentada por la Fuerza Pública, permitió desarrollar una narrativa de la guerra en la que las FARC-EP ya no eran protagonistas, sino que ponía en el centro del relato a la Fuerza Pública y a las víctimas. Las FARC-EP pasaban a ser un actor secundario. De hecho, el Ejército pasó de un 77% de favorabilidad en abril de 2008 a un 90% en julio del mismo año según Gallup. A su vez, hubo un repunte en la percepción ciudadana de que era posible derrotar militarmente a las FARC-EP, pasando de un 76% en junio de 2008 a un 89% en julio del mismo año.

Crédito de la imagen: Ejército Nacional de Colombia, 2018, Así se llevó a cabo la Operación Jaque, Ejército Nacional de Colombia Fotograma: 02:42.

La Operación Jaque

La operación Jaque ocurrió el 4 de julio de 2008 cuando el Ejército, usando una estratagema, logró el rescate de tres contratistas de Estados Unidos, de Ingrid Betancourt y de otros 11 militares tomados como rehenes. Cada uno de ellos sumaba en promedio diez años de cautiverio. 

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6.402 civiles asesinados en estado de indefensión

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¿Qué explica que un Ejército que está ganando la guerra decida falsear sus resultados? ¿Qué explica que unas Fuerzas Armadas con todos los recursos bélicos, económicos, políticos y de respaldo del país incurran en crímenes atroces como ejecuciones extrajudiciales? La respuesta habrá que buscarla en lo corporativo, en lo ideológico, en lo doctrinario, en lo cultural, pero sin duda, también en lo ético y moral.

Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2021, Madres de Soacha. Develaciones, Archivo CEV.
Falsos positivos

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ras los golpes iniciales sufridos por las FARC-EP y la ofensiva permanente en su retaguardia estratégica, la insurgencia se replegó y adoptó nuevamente una estrategia de guerra de guerrillas que generó un estancamiento en los planes militares del Estado colombiano. Los militares debían presentar bajas, pero estas cada vez eran más escasas de obtener por medio del combate ante una guerrilla que se replegaba estratégicamente. La salida fue fabricar la victoria por medio del asesinato de civiles y su legalización como bajas en combate. Hasta el momento la JEP ha logrado documentar 6.402 civiles asesinados en estado de indefensión.

Al asesinato de estos civiles fuera de cualquier acción relacionada con la guerra se le denominó falsos positivos. Los resultados militares se convirtieron en la columna estructural para legitimar la política de defensa y seguridad ante la sociedad. No obstante, estos no se derivaron siempre en acciones legítimas. En su momento, la idea de presentar grandes cantidades de bajas sin importar las consecuencias contribuyó a generar una idea de éxito en la confrontación contra las FARC-EP y las llamadas Bandas Criminales, herederas de las AUC.

Vea acá la ‘Hacer visible lo invisible’ - Madres de falsos positivos (MAFAPO). Conozca su participación en la obra de teatro ‘Develaciones: un canto a los cuatro vientos’.

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Los falsos positivos

6.402 civiles asesinados en estado de indefensión

Mientras la balanza de la guerra empezaba a inclinarse en favor del Estado, estalló uno de los escándalos más graves sobre violación a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares en su historia.

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El body count o la doctrina Vietnam

¿Cómo medir el avance militar y el éxito en una guerra?

El dilema sobre cómo medir el éxito militar en una guerra fue paradigmático durante la Guerra de Vietnam. Luego de librar conflictos entre estados tras la segunda guerra mundial, en Vietnam las tropas estadounidenses debían enfrentar a un ejército irregular. La guerra contrainsurgente implicaba cambios en la estrategia militar y en la forma en que se medía el progreso en la guerra.

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La muerte: único resultado válido

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Los testimonios de integrantes del Ejército de diferentes niveles jerárquicos son consistentes al señalar la reiteración por parte de los superiores de reportar como únicos resultados válidos las muertes de los integrantes de grupos armados ilegales. Esto redundó en falsos positivos que pudieran responder a los resultados esperados, como lo indicó un militar ante la Comisión de la Verdad: «A partir del 2005, 2006 empiezan a pedir resultados operacionales, inclusive yo diría que desde el 2002 y yo sí soy del pensamiento en que en que, desde el gobierno central sí hubo una presión para que los militares diéramos resultados, o si no, nos íbamos de baja, como a mí me lo dijeron varias veces; [el dilema era] dar resultados operacionales a como dé lugar o me voy, y hasta aquí termina mi carrera militar. Yo no me quería ir porque amaba mi carrera, y la otra era “si yo no hago, entonces tengo que decir, por qué no lo estoy haciendo, y tengo que denunciar estos hechos, a un poco de gente… que, que me van a quedar como enemigos”; y entonces, ahí estaba como el dilema ese, y entonces, tomamos la vía de hacer de seguir haciendo esos… esas ejecuciones extrajudiciales». (Entrevista 057-PR-00909. Actor armado, militar, compareciente)

Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2022, Hasta que honremos la vida, Archivo CEV.
La directiva permanente número 29 de 2005

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En Colombia desde los años ochenta existían decretos y directivas dirigidas a otorgar prebendas económicas por la entrega de información a las autoridades de personas consideradas parte de grupos armados ilegales. Asimismo, la Fuerza Pública se regía por directivas que enmarcaban los criterios para recibir, por ejemplo, la condecoración de servicios distinguidos de orden público, en las cuales se establecía un número mínimo de muertes en combate como parte de los requisitos para obtenerla.

Sin embargo, la directiva permanente número 29 de 2005 del Ministerio de Defensa Nacional estipulaba una tabla de recompensas al interior de las Fuerzas Militares que giraban en torno al abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Así, se establecía que la captura o abatimiento de un «máximo cabecilla», por ejemplo, era recompensada con 13.106 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Además de esto, se estableció toda una serie de recompensas económicas por información que conduzca a la ubicación de material de guerra, intendencia o comunicaciones de estas organizaciones armadas.

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El Decreto 1400 de 2006

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El Decreto 1400 de 2006, que crea la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (Boina), define a las operaciones de importancia nacional como aquellas que conducen a la captura de máximos cabecillas o de cabecillas de estructuras mayores. A pesar de esto, la norma fue sujeta a interpretaciones en las que se entendía que la bonificación estipulada en el decreto también podía ser entregada por el abatimiento de estos cabecillas.

Por ejemplo, La Fuerza Aérea publicó en su página web: “Como un incentivo para la Fuerza Pública, el Gobierno pondrá en marcha a partir de hoy la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (Boina), que entregará 12 salarios básicos mensuales al soldado, policía y agente del DAS que participe en la captura o muerte en combate de un jefe guerrillero”. (Informe 748-CI-00573. Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, «Informe Final de la Misión Internacional de Observación», 10.)

En la circular No. 62162-CE-JEDPE-CO-122, presumiblemente expedida entre el año 2003 y 2004, también se establecía que para otorgar la Condecoración de Servicios Distinguidos en Orden Público por Gestión de Comando al personal de Oficiales era necesario cumplir con resultados concretos en torno a bajas y capturas. En el caso de las divisiones se debía cumplir con un mínimo de 300 bajas y 1000 capturas y en el caso de las brigadas se debía cumplir con 150 bajas y 500 capturas. (Ejército Nacional, Circular 62162/CE-JEDPE-CO-122)

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La cuantificación del daño

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Además de los incentivos expuestos, la presentación de resultados operacionales también estaba enmarcada en una cuantificación del daño. En una presentación del Ministerio de Defensa sobre los logros de la Política de Consolidación y Seguridad Democrática entre los años 2002 y 2008 se exponen los resultados operacionales de la Fuerza Pública bajo tres criterios: capturas, bajas e incautaciones. (Ministerio de Defensa Nacional, Logros de la política de consolidación de la seguridad democrática - PCSD)

En este mismo documento se indica que, entre agosto de 2002 y marzo de 2008, se habrían realizado 29.335 capturas contra miembros de grupos subversivos y 15.459 contra miembros de autodefensas ilegales y bandas criminales. En este mismo período, según el informe, se habrían abatido 11.154 miembros de grupos subversivos y 2.323 miembros de autodefensas ilegales y bandas criminales. De acuerdo con esto, entre 2002 y 2008 la Fuerza Pública habría abatido a por lo menos 13.477 miembros de organizaciones armadas al margen de la ley y habría realizado 44.794 capturas. De acuerdo con estas cifras, exorbitantes para la escala del conflicto colombiano, se habría mantenido un promedio aproximado anual de 2000 bajas sólo a grupos guerrilleros.

Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2022, Hasta que honremos la vida, Archivo CE.
Deshumanización

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Esta degradación fue expresada también por un militar entrevistado por la Comisión de la Verdad en un relato que deja entrever cómo los discursos de heroísmo de las acciones militares, de la eliminación y la deshumanización del otro como enemigo y una dolorosa clasificación de personas prescindibles bajo justificaciones clasistas y estigmatizantes, fueron un factor transversal a los casos de falsos positivos. «Esa era una época en la que estábamos endiosados, teníamos el poder y lo obnubila tanto, le nubla a uno tanto su visión y uno está tan obnubilado, tan me crecí, soy un teniente del Ejército Nacional y estoy dando bajas y recibo condecoraciones y todo el mundo me aprecia, que se pierde el respeto por la vida y se pierde el valor por la vida de las demás personas. Se llega a pensar, por ejemplo, que la vida de esas personas no vale y nadie las va a llorar y nadie se va a preocupar por ellos. Esto es un cuento de terror gigantesco. Es un libro que coges y lo exprimes y va a salir sangre. No nos importaba nada. No nos importaba nada la vida de las demás personas». (Entrevista: 185-PR-03211. Actor armado, militar Brigada 17, compareciente)

Esta narrativa también se hacía presente en los cursos impartidos a los uniformados. Algunos testimonios señalan que en la Escuela Militar se enseñaba a rematar guerrilleros en estado de indefensión y se inculcaba el valor que tenían las bajas en las operaciones militares. «Nos llegaron a explicar que si uno le disparaba de muy cerca a una persona, los residuos de pólvora podrían determinar que fue sevicia o que fue ejecutado de una forma no convencional. Entonces capitanes explicaban "usted póngale un costal o póngale un trapo a la trompetilla del fusil, para que cuando el disparo salga, no le quede el tatuaje al guerrillero y así parezca que fue un disparo desde lejos». (Entrevista: 185-PR-03211. Actor armado, militar, compareciente)

Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2022, Hasta que honremos la vida, Archivo CEV.
Incentivos relacionados con ascensos

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Adicionalmente, se identificaron los incentivos relacionados con el ascenso en el rango militar.

«Era una competencia absurda, porque yo soy el comandante de un batallón y usted es el comandante de otro, entonces usted mañana dio 40 bajas, entonces el general que está allá dice: "mire, este man lleva 40 y usted lleva 38", entonces al día siguiente yo llevaba 42 y usted llevaba las 40, entonces ahí iban pasando los días, creando esa mala competencia y matando hijos de otro». (Entrevista 084-PR-00332. Hombre, exmilitar)

Alrededor de las bajas se fomentó una suerte de ambiente competitivo entre los uniformados y entre las brigadas y batallones. Esto se hacía a través de rankings y programas radiales. Así, el número de bajas aportadas por un soldado o una brigada no sólo era sinónimo de bonificaciones, sino también de prestigio. La honorabilidad militar y el prestigio al interior de la institución eran determinados por los resultados operacionales. Las bajas enaltecían a los militares y fortalecían valores como el heroísmo, el sacrificio y la hombría, usualmente manejados en un contexto de guerra. Las cifras de bajas al enemigo se constituían, entonces, en un símbolo de status para los uniformados.

«La presión se empezó a poner cada vez más dura, hasta un nivel que nos contaban los días que llevábamos sin combatir, en el centro de operaciones táctico, existía un tablero en el cual se llevaban las estadísticas de las compañías donde se sumaban los muertos y se contabilizaban los días que llevábamos sin combates y sin muertos». (Procuraduría General de la Nación, «Diligencia de queja suscrita por el señor Edgar Iván Flórez Maestre», 15 de diciembre de 2009. (En Informe 119-CI-00323, Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) et al., «Ni descuidos ni manzanas podridas», 2020, 10).

Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2022, Hasta que honremos la vida, Archivo CEV.

La presión y los incentivos

La constante demanda de resultados a la Fuerza Pública implicó elevar la guerra a niveles frenéticos. Esto está ampliamente descrito por los testimonios de militares que fueron entrevistados por la Comisión de la Verdad. En estos se enfatiza que el objetivo era conseguir resultados a como diera lugar. Además de las presiones para la generación de bajas, existieron otra serie de perversos estímulos que llevaron al recrudecimiento de las ejecuciones extrajudiciales.

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La postura del gobierno

Los años 2006 y 2007 fueron el punto más alto de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública y para 2008 estos hechos ya habían acaparado la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. Pese a esta situación, la postura gubernamental seguía siendo negacionista, sugiriendo que se trataba de una estrategia de desprestigio hacia las fuerzas militares.

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Ejercito de Colombia. Matallana

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Escuelas del ejército en el distrito de Aguablanca

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Crédito de la imagen: González, Carlos A, 1985, FDO 011872, Ejército en las escuelas del Distrito de Aguablanca, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Ejército realizando obras en el sector de Aguablanca (poste 1997)

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Crédito de la imagen: Blandón, Orlando, 2000, FDO 011874, Ejército realizando obras en el sector de Aguablanca (poste 1997), Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Marcha de agradecimiento al general Canales. (2000)

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Crédito de la imagen: González, Jaime y Diario de Occidente, 2000, FDO 02057, Marcha de agradecimiento al general Canales, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

Consideración final

La Comisión de la Verdad reconoce que la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza Pública de Colombia ha trabajado honestamente por un país mejor.

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Sacrificar la democracia para ganar la guerra

Reelección y segundo periodo de Álvaro Uribe

En junio de 2006 el país eligió a Álvaro Uribe como presidente por segunda vez. El año anterior, en la cumbre de su popularidad, el Congreso había tramitado una reforma constitucional que permitía la reelección.

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Espejo de Afganistán

Para el segundo periodo de Álvaro Uribe, la guerra colombiana se había convertido en un espejo de la guerra asimétrica que se libraba por parte de Estados Unidos en Afganistán.

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Juan Manuel Santos consideraba que se debía buscar una derrota estratégica de las FARC-EP que consistía en debilitar a los guerrilleros psicológica y militarmente para llevarlos a la mesa de negociación. Para eso, se requería mantener la presión militar y empezar a actuar en dos frentes: inteligencia y legitimidad de las Fuerzas Armadas.  La primera estaba garantizada y con ajustes que se hicieron de la mano de asesores de Israel y de Gran Bretaña se logró una infiltración extrema de los círculos de confianza de varios de los dirigentes de las FARC-EP.

La legitimidad, por el contrario, no estaba garantizada porque mientras el Ejército asestaba golpes mortales al secretariado de la guerrilla, miembros de esa misma institución estaban ejecutando a civiles inermes para inflar los resultados de la guerra, aplicando ya no la doctrina de Afganistán, con operaciones de poca huella, sino la de Vietnam, del body count.

Crédito de la imagen: Chavarro, Carlos, 2007, RFV 000863, Juan Manuel Santos, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Las bombas inteligentes y las operaciones Sol Naciente y Mariscal

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Como en Afganistán, se iniciaron una serie de operaciones especiales, bajo la lógica de perseguir sus objetivos de seguridad «dejando la huella más ligera posible». Estados Unidos aportó la utilización de inteligencia en tiempo real y las bombas inteligentes.  Estas bombas fueron un punto de quiebre para el Plan Patriota y en general para la guerra del Estado contra las FARC-EP, dado que «son capaces de matar a un individuo en la selva de triple follaje si se puede determinar su ubicación exacta y se programan las coordenadas geográficas en el pequeño cerebro informático de la bomba». (Priest, «Covert action in Colombia», Washington Post)  

En septiembre de 2007 se usaron por primera vez estas bombas en la operación Sol Naciente contra un campamento ubicado a orillas del río Guaviare, en la que murió Tomás Medina, conocido como el Negro Acacio, líder del Frente 16, junto a otros catorce guerrilleros. Un mes después ocurriría lo mismo con Gustavo Rueda Díaz, o Martín Caballero, jefe del Frente 37 quien murió en un bombardeo en Montes de María en el marco de la operación Mariscal.

Estados Unidos tiene la última palabra

Las bombas inteligentes, más la inteligencia que estaban recopilando en terreno las agencias del gobierno, basadas en la infiltración y las deserciones, le dieron la ventaja definitiva al Estado. Sin embargo, no podía usarlas a discreción. La CIA tuvo la última palabra para la activación del kit de rastreo de los explosivos. Como señala Dana Priest, «para asegurarse de que los colombianos no harían un mal uso de las bombas, los funcionarios estadounidenses idearon una solución novedosa: la CIA mantendría el control sobre la clave de encriptación insertada en la bomba, que descifra las comunicaciones con los satélites GPS para que puedan ser leídas por los ordenadores de la bomba. La bomba no podría alcanzar su objetivo sin la clave».  (Priest, «Covert action in Colombia»,
Washington Post)

La utilización de bombas inteligentes estuvo acompañada de una constante capacitación por parte de los norteamericanos en cuanto a la utilización de inteligencia humana. Además de entrenamientos en clave de obtener información con interrogatorios, también se comenzó a utilizar el pago por información y la infiltración de desertores dentro de los campamentos de las FARC, para que ubicaran emisores de señales que generan coordenadas GPS para las bombas inteligentes. Respecto a estos entrenamientos y apoyo internacional en materia de inteligencia también fue determinante el papel del Reino Unido, con la Policía y enfocado en la lucha antinarcóticos.

Crédito de la imagen: Eric Draper, 2008, George Bush y Alvaro Uribe Velez, licencia: dominio público, https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:George_Bush_and_Alvaro_Uribe_Velez.jpg , https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.

Continuación de la política de seguridad

Segundo mandato de Álvaro Uribe

En el 2006, el presidente Uribe nombró como ministro de Defensa a Juan Manuel Santos y logró ampliar la financiación del Plan Colombia por tres años más con 728 millones de dólares en 2006 y 739 millones en 2007. Con esta ayuda, la segunda administración Uribe mantuvo las políticas de seguridad y la modernización del aparato militar

 

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Otros elementos

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El entonces senador Gustavo Petro realizó un debate en el Congreso en el que publicó grabaciones de inteligencia que demostraban la colusión del influyente senador Álvaro García Romero con las AUC en Sucre, en el contexto de una masacre paramilitar.

De otro lado, la investigadora social Claudia López —posteriormente senadora y alcaldesa de Bogotá— exhibió un cruce de datos sobre un comportamiento atípico en las elecciones de 2002 para Congreso y en las de 2003 para alcaldías y gobernaciones, en las que hubo candidatos únicos en zonas de control paramilitar y una concentración extraña de la votación. Todo en regiones donde habían ocurrido las más terribles masacres y estaban bajo el control de las AUC.

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2003, Sin código, Salvatore Mancuso.
El computador que reveló relaciones de los paramilitares con políticos

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En marzo de 2006 fue capturado Edgar Fierro, conocido como Don Antonio, desmovilizado del Bloque Norte de las AUC, quien seguía en actividades ilegales. La Fiscalía le decomisó un computador en el que estaban los nombres de decenas de políticos, empresarios, militares, especialmente de la región Caribe, relacionados con pagos, apoyos electorales y contratos. El contenido se conoció parcialmente a través de la Revista Semana en septiembre de ese año y se convirtió en un escándalo político nacional.

Esta era la tercera vez que la justicia colombiana tenía frente a sí el entramado del paramilitarismo. La primera vez había sido en los años ochenta cuando se descubrió la alianza que le dio vida al Muerte a Secuestradores (MAS) y a las Autodefensas del Magdalena Medio. Para entonces, los paramilitares ya tenían una guerra contra los jueces e investigadores y la sombra de la impunidad se impuso. La segunda oportunidad fue cuando la Fiscalía de Antioquia encontró en el Parqueadero Padilla toda la contabilidad de las ACCU con los nombres de todos los financiadores y cómplices de la máquina paramilitar. De nuevo, la suma del asesinato contra los investigadores y la negligencia de la cúpula de la Fiscalía, la investigación murió en cajas de cartón.  Esta era la tercera vez, con la diferencia que los paramilitares, estaban desarmados en su mayoría y afrontaban la justicia transicional.

En poco tiempo la Corte logró identificar la trama del vínculo entre políticos y paramilitares en todo el país. Se estableció, por ejemplo, que se hicieron pactos como el de Ralito, liderado por Salvatore Mancuso y Jorge 40. También los hubo regionales, como en el caso del Movimiento Político Regional por una Urabá Grande y en Paz, liderado por Fredy Rendón Herrera alias El Alemán, en el cual participaron fuerzas políticas del Urabá chocoano y de varios municipios de Córdoba.

Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo y Diario Occidente, 1980, FDO 02323, Marcha de jueces de Cali, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
La maquinaria paramilitar

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Los grupos paramilitares lograron tejer una red tupida que les permitió desarrollar formas complejas de cooperación, con las que lograron consolidar la presencia de las AUC en varias regiones del país, ganar poder y visibilidad política, y apropiarse de importantes recursos públicos locales y regionales. En las elecciones de 2001, fueron 47 los políticos involucrados en investigaciones penales por parapolítica, entre funcionarios públicos, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores.

Para las elecciones de 2002, Jorge 40 como comandante del Bloque Norte de las AUC, direccionó los acuerdos y pactos políticos entre distintos partidos tradicionales y emergentes, ordenó la unificación de listados y candidatos avalados para ser elegidos en las votaciones, dividió la región Caribe en zonas electorales en donde definió por quiénes se debía votar, y ejecutó una estrategia de manipulación del sistema electoral para asegurar las votaciones requeridas para que sus candidatos fueran elegidos. Esto de la mano de graves violaciones de derechos humanos, amenazas y asesinatos selectivos contra políticos y líderes opositores, o ajenos al entramado.

La parapolítica fue generalizada por los partidos de distintas tendencias que, en todas las regiones del país, se aliaron al proyecto paramilitar. A través de este tipo de alianzas electorales, el paramilitarismo obtuvo la capacidad de incidir en instancias determinantes, como el Congreso, con el objetivo de propender por decisiones institucionales que respondieran a sus necesidades.

La maquinaria de la parapolítica funcionó con tal eficacia en las regiones, que Ernesto Báez, excomandante del Bloque Central de las Autodefensas, declaró que «era imposible que algún dirigente político ganara en regiones llenas de paramilitares, sin la ayuda de los mismos». Adicionalmente, explicó, el sistema de prebendas era muy organizado; así, por ejemplo, una representante a la Cámara recibía un sueldo de veinte millones de pesos mensuales de parte del Bloque Centauros de Arroyave y, como contraprestación defendía los intereses de los bloques y «estaba completamente al servicio de las AUC; defendía sus intereses, no por convicción política de derecha, sino más bien, como un empleado más de las autodefensas, a ella se le pagaba para que hiciera eso». («Sentencia anticipada de Rocío Arias. Delito concierto para delinquir. Radicado: 2008-00010. Declaración de Andrés de Jesús Vélez Franco.»)

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 2001, Pacto de Ralito, licencia: dominio público, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pactoderalito.jpg, https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.
«Reemplazamos al Estado»

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Cobra relevancia la declaración de Jorge 40, según la cual las AUC reemplazaba al Estado: «como organización política y militar, reemplazamos al Estado en sus funciones, tanto en la ejecutiva como en la legislativa y judicial, pues nuestra lucha política nos llevó a eso ya que nos tocó restablecer las funciones que el Estado debía cumplir y nunca lo hizo». (Indagatoria de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, ante la Fiscalía General de la Nación. Citada en: Corte Suprema de Justicia, Resolución de situación Jurídica, 15 de febrero de 2007).

Además de los pactos políticos, la conformación de listas únicas y el aval dado por los grupos paramilitares a las candidaturas, la parapolítica empleó mecanismos de fraude electoral, como la suplantación de sufragistas y testigos electorales, para manipular los resultados de las elecciones. Así ocurrió con el Bloque Norte de las AUC en el Magdalena, Cesar y La Guajira, en las votaciones para el Congreso en el 2002, cuando además contaron con la ayuda del entonces jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2003, Sin código, Salvatore Mancuso.

La parapolítica se destapa

El magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, habló en la Comisión de la Verdad sobre el origen del proceso de la parapolítica, cuya secuela lleva casi 20 años en Colombia.

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Acuerdos entre paramilitares y élites

Amedrentamiento a competidores políticos

Otra forma de parapolítica se ejerció a través de acuerdos entre los paramilitares y élites políticas regionales tradicionales que ya contaban con trayectoria electoral. El paramilitarismo consolidó el poder de dichas élites a través de la «eliminación» violenta de opositores, asegurando el respaldo electoral de las poblaciones a través de actos intimidatorios.

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Las investigaciones

«Instituciones al servicio de los paramilitares»

Entre 2006 y 2010 la Corte Suprema de Justicia investigó el entramado de la parapolítica. Con base en la revisión de sentencias expedidas por esta y juzgados locales, así como de noticias judiciales, una investigación realizada para la Comisión de la Verdad estableció 87 casos de políticos condenados por aliarse con grupos paramilitares para llegar al Congreso de la República y a gobernaciones departamentales.

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El cartel de la Toga

La crisis de la parapolítica transcurría por los canales institucionales y resultaba parte de la verdad que necesitaba el país. La prensa denunciaba, el Congreso funcionaba y el poder judicial investigaba y juzgaba las conductas a pesar de los ataques que recibía. No obstante, la justicia fue infiltrada a través de la compra de fallos. Hacia 2010 se constituyó lo que después se conoció como el Cartel de la Toga.

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Participación en crímenes

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En particular, desde el DAS entregaron listas a los paramilitares para que asesinaran a líderes sociales, como ocurrió con el profesor y filiado a la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), Alfredo Correa de Andreis, quien fue asesinado junto a su escolta el 14 de septiembre del 2004 en Barranquilla por el Bloque Norte de las AUC. A través de este caso salió a la luz la elaboración de lo que se conoció como «las listas negras del DAS» o «la lista negra de Noguera», que contenían por lo menos veinte nombres, en su mayor parte de sindicalistas, algunos dirigentes de izquierda y algunos profesores.

Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, «otros directores del DAS, que ejercieron su cargo entre 2005 y 2008, y más de 40 funcionarios de la institución, así como otros altos funcionarios del gobierno anterior, han sido vinculados a procesos judiciales por abusos y actividades ilegales». (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2011», párr. 24.)

Respecto a los hostigamientos por parte del DAS, es importante mencionar que las víctimas de violaciones de derechos humanos se encontraron, frecuentemente, ante un sistema de justicia infiltrado, cuyos funcionarios les advertían: «mejor no diga nada», «le recomiendo que no vuelva por acá», «mejor no se meta con esa gente», «déjeme le doy un consejo, por su bien y el de su familia», lo que en muchas ocasiones las persuadió de denunciar.

Efectivamente, miembros activos de las AUC, entre ellos sus comandantes como Jorge 40, interactuaron de manera directa con funcionarios públicos al interior del DAS, que tenían acceso a información confidencial, llegando hasta instancias del entonces director de la entidad, Jorge Noguera, lo que impactó directamente sobre la confianza de la ciudadanía en el Estado. Como relata un entrevistado, antiguo miembro de la entidad, a la Comisión de la Verdad: «Alguna vez en una reunión de directores que hubo en la costa, en Santa Marta, nos reunieron a directores de seccionales y jefes de inteligencia y [Noguera] llegó y dijo, textualmente: "de aquí en adelante no se persigue más las autodefensas ni el paramilitarismo. La única misión que tenemos es las FARC. No quiero informes de paramilitares para nada...". (…) Trajeron a una gente que había salido ya del DAS porque se habían comprobado sus vínculos con paramilitares, y esa cantidad de personas que habían salido y pum... los volvieron a meter durante esa gestión y dije: esto no va por buen camino». (Entrevista 639-PR-02030. Exfuncionario del DAS)

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, BPP-F-045-0663, La fuerza de la paz, Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
Las «chuzadas» del DAS

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Con las interceptaciones conocidas como las «chuzadas» del DAS, a través del Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3), el Departamento hacía seguimiento a las actividades de defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales, congresistas, líderes de oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia e, incluso, funcionarios internacionales, como sucedió con el espionaje contra la visita de la CIDH a Valledupar en 2005.

Sobre la conformación del G3, explicó a la Comisión de la Verdad un antiguo director de Investigaciones del DAS: «era un grupo especializado de inteligencia para hacer seguimiento a lo que ellos consideraban que eran personas que podían ser perjudiciales para los intereses del presidente de la república. Algo nuevo. Entonces empezaron a hacer archivos de Gustavo Petro, Piedad Córdoba, de todos ellos empezaron a hacer archivos y hacer seguimientos». (Entrevista 639-PR-02030. Exfuncionario del DAS)

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión a Jorge Noguera Cotes, director del DAS entre 2002 y 2005, por el homicidio del profesor Correa d’Andreis y por asociación con organizaciones paramilitares, pues según la Corte usó «toda una estructura legal que se encontraba bajo su mando, esto es, el DAS, para ponerla a disposición de un aparato militar ilegal, con una cadena de mando jerarquizada como lo era el Bloque Norte de las Autodefensas (…)». («Sentencia Proceso n.o 36107. Aprobado acta número 331», 331., Acta n.º 331)

Aunque el DAS ya había pasado por la crisis sobre la infiltración de los paramilitares durante la era de Jorge Noguera, las «chuzadas» o interceptaciones generaron mayor indignación, entre otras razones, por su foco en la Corte Suprema y en los magistrados que investigaban la parapolítica. Ante el escenario, la primera reacción del Gobierno fue minimizar la gravedad de las denuncias e intentar presentarlo como acciones aisladas de «manzanas podridas» o por «exdetectives de esa entidad que querían hacerle daño al DAS». Finalmente, cuando se divulgaron algunos audios de las interceptaciones ilegales contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien lideraba la investigación de la parapolítica, el presidente Uribe anunció la liquidación del DAS.

Crédito de la imagen: 5 - Colección: Historia Número registro: 7572.017 Partido político Polo Democrático ( - ) ChuzaDAS 2010, Museo Nacional de Colombia.

El DAS: participación en crímenes y «chuzadas»

Para 2006, justo en los albores de la reelección del presidente Uribe, dos hechos demostraron que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que era el organismo de inteligencia y contrainteligencia adscrito directamente al Presidencia, actuaba de manos con los paramilitares.

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Apuesta por la salida militar

Álvaro Uribe llegó a la Presidencia en el 2002 con 54% de los votos en primera vuelta y mantuvo un alto índice de favorabilidad -entre el 63% y 85%- durante sus ocho años de mandato. Desde los primeros días, delineó lo que iba a ser su estrategia militar, su estilo para gobernar, su agenda política y su tipo de propaganda oficial.

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Consecuencias del ataque a las Torres Gemelas

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El terrorismo es un método usado por diferentes grupos y redes, con fuerte arraigo social, que hace difícil establecer el carácter del combatiente. La invasión de Estados Unidos a Afganistán conllevó a graves abusos en materia de derechos humanos, como torturas y asesinatos fuera de combate. También se trató de una guerra librada en el discurso, la narrativa y los imaginarios. Pueblos, religiones y grupos étnicos en Oriente Medio fueron etiquetados como terroristas y la doctrina que se implementó por parte de los gobiernos de países occidentales, en cabeza de Estados Unidos, es la que se conoció como la del mal menor: para prevenir los ataques terroristas se valía usar métodos ilegales e inmorales, dado que la ganancia era superior al daño.

Una de las características de estas guerras lideradas por Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros países, fue su privatización. El uso de contratistas civiles para operar en diferentes niveles logísticos de sus incursiones incrementó el uso de mercenarios. Así mismo la noción de que no había fronteras, porque las redes terroristas eran transnacionales, se convirtió en una amenaza latente para gobiernos que no comulgaron con las políticas de Estados Unidos o de Occidente.  Etiquetar como terrorista a un grupo o gobierno le otorgaba a los Estados Unidos una licencia de actuación de manera preventiva en pro de su seguridad nacional.

La invasión a Afganistán y los sucesivos ataques a Irak y Libia no hicieron más que fragmentar los países, los grupos rebeldes y/o en el poder, y radicalizar las posiciones de los invadidos. Dos décadas después, tal como había ocurrido en Vietnam, los americanos abandonaron Afganistán, un país que habían tutelado como ejército de ocupación, mientras los talibanes que habían protegido a Bin Laden regresaban al poder.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 2011, La torre norte (1 WTC) del World Trade Center tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, licencia: Dominio público, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World-Trade-Center_9-11.jpg, https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.
El caso colombiano

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El caso colombiano

A diferencia de Afganistán, Colombia es vista por muchos en el Pentágono como una historia de éxito. La longeva guerra insurgente colombiana fue asimilada al terrorismo internacional y este giro discursivo contribuyó a legitimar las políticas y planes militares del Estado colombiano. En América Latina comenzó a triunfar una corriente de izquierda que buscaba conformar un poder regional que le hiciera contrapeso a Estados Unidos. En ese contexto se profundizó la internacionalización del conflicto armado interno de Colombia. El gobierno abrazó el discurso antiterrorista y, a través del Plan Patriota (plan de guerra del primer gobierno de Uribe), empujó a los grupos armados hacia las fronteras, especialmente las de Venezuela y Ecuador. La de Panamá estaba bajo dominio paramilitar.

Traslado del problema a México

Las redes del narcotráfico en México asumieron las rutas que otrora dominaron mafias colombianas. El Plan Colombia, que buscaba frenar la exportación de cocaína hacia Estados Unidos, tuvo como efecto una mayor participación de mafias de Centroamérica, el Caribe y México en Colombia. Los grandes carteles colombianos se fragmentaron y los herederos eran casi siempre pistoleros que se habían hecho capos, con jefaturas inestables y pugnas internas que daban inestabilidad a estas estructuras, como en el caso del norte del Valle y las redes criminales que emergieron después de 2006.

Crédito de la imagen: Crédito de la imagen: ALE!, 2011, La torre norte (1 WTC) del World Trade Center tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, licencia: De Presidencia de la Nación Argentina, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=432153, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.

La guerra contra el terrorismo

El ataque a las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001 dos aviones comerciales repletos de pasajeros fueron estrellados contra las torres del World Trade Center en Manhattan, Nueva York. Simultáneamente otro caía sobre el pentágono y un cuarto cayó al suelo antes de llegar a su objetivo en Washington. 2.996 personas civiles murieron. Estos ataques suicidas, cometidos por Al Qaeda, cristalizaron la guerra que se venía incubando desde hacía por lo menos dos décadas entre Estados Unidos y algunos países árabes.

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Refundar el Estado

El primer año de gobierno de Álvaro Uribe

Un día después de su posesión, Álvaro Uribe viajó a Valledupar, Cesar, donde puso los primeros cimientos de su gobierno de seguridad democrática: una red de informantes y la primera unidad militar para el Plan Meteoro, con el que sacó a los soldados de los cuarteles para proteger las carreteras.

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La bomba de El Nogal

Las FARC-EP son catalogadas como terroristas

El 7 de febrero de 2003, a las 8:15 p.m, las FARC-EP pusieron un carro bomba en el club El Nogal, en la zona norte de Bogotá. Era un acto de violencia indiscriminada. A esa hora el club estaba rebosante de personas que iban a hacer deporte, a cenar o a beber unas copas. Los 200 kilos de explosivos mataron a 33 personas, todas civiles, y 198 quedaron heridas, entre empleados y socios.

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Primeros intentos fallidos de rescate

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Desde los diálogos de El Caguán las familias de los rehenes imploraron que se hiciera un intercambio humanitario, pero la intransigencia de las partes lo imposibilitó. En las conversaciones sostenidas por la Comisión de la Verdad con exintegrantes de las FARC-EP queda claro que se trató de una estrategia para demostrar que tenían control de territorio.

La apuesta del gobierno eran los rescates a sangre y fuego, el primero de ellos fue un desastre: el 5 de mayo de 2003 tropas combinadas de la IV Brigada del Ejército, la Fuerza de Despliegue Rápido y las Fuerzas Especiales, intentaron asaltar un campamento del Frente 34 de las FARC-EP donde estaban secuestrados el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, su asesor de paz el exministro de Defensa Gilberto Echeverry Mejía y once soldados, algunos de los cuales llevaban cinco años en cautiverio.

Sin los recursos ni el plan idóneo por parte del Ejército, este intento de rescate alertó a los guerrilleros, quienes asesinaron a sangre fría a los rehenes y huyeron. Tres militares que eran rehenes sobrevivieron. Las vidas y la libertad de los secuestrados considerados «canjeables» estaban en medio de la intransigencia del Gobierno y la guerrilla. Ninguna de las partes tuvo compasión o puso por encima la vida humana.

Tanto la familia Echeverry como Yolanda Pinto, viuda de Gaviria, le contaron a la Comisión de la Verdad los ingentes esfuerzos realizados dentro y fuera del país para lograr el intercambio humanitario. En las cartas a su esposa, Gaviria escribió sobre la aprehensión que le causaba la intransigencia gubernamental. El martes 15 de abril de 2003 le escribió: «Después de mediodía hemos escuchado las palabras del presidente Álvaro Uribe. Me parece que es una forma agresiva, arrogante y equivocada de contestar a la posición de las FARC-EP. Creo que da a entender que el presidente no está realmente dispuesto a hacer ningún esfuerzo por el intercambio humanitario». Más adelante, el jueves 24 de abril, en una nueva misiva Gaviria dijo: «(...) sus declaraciones dejan entrever la actitud propia de un gobierno que cree que puede derrotar militarmente a su contraparte.  (Gaviria Correa, Guillermo. Diario de un gobernador secuestrado. Revista Número ediciones, 2005. Página 238 y 254)

Diez días después, el 5 de mayo, se produjo el sangriento desenlace. En 2021 las FARC-EP, en el marco de la Comisión de la Verdad, reconocieron su responsabilidad sobre estos homicidios y, sobre todo, que habían asesinado a hombres de paz. En privado, Pastor Alape, excomandante de esta guerrilla, le explicó a la familia Echeverry: «El secuestro era una práctica que implicaba generar unas condiciones de sacarle ventaja al otro, y el rescate como tal era una operación militar donde se medían fuerzas, y en esa lógica hablando, si se llevaban al secuestrado vivo, la otra fuerza se consideraba que había perdido. Si lo rescataban muerto, había fracasado la operación militar. Esa era la lógica, por eso es lo duro e inhumano de todo eso, pero esa era la lógica». (Encuentro privado entre familia de Gilberto Echeverri y miembros de las FARC-EP, propiciado por la Comisión de la Verdad el 25 de junio de 2021.)
 
La noche del fallido rescate el presidente Uribe dio una alocución televisada en la que admitió que los militares habían usado altavoces para pedirles a los guerrilleros que se rindieran, lo que demuestra la improvisación con la que se hizo el frustrado rescate. A renglón seguido dijo: «Mis condolencias sinceras a las familias de quienes han muerto. Nuestra Fuerza Pública planeó esta operación con toda responsabilidad y con toda prudencia (…) asumo, como siempre lo he hecho, la responsabilidad». (Uribe Vélez, No hay causa perdida, 37)

Así, con el sacrificio de dos luchadores por la paz y de unos soldados indefensos, se planteó el escenario político de la guerra en los años siguientes: el intercambio humanitario no estaba en los planes del Gobierno y se había convertido en la única ventana política de la guerrilla. Uribe mantuvo la orden de hacer rescates militares y las FARC-EP la de asesinarlos antes que perderlos.

Este episodio hizo que diversos sectores de la sociedad civil y familiares de los rehenes se movilizaran dentro y fuera del país para clamar por el intercambio humanitario, el cual se convirtió en un imperativo moral. Un papel particular lo cumplió Francia, dado que la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, que había sido secuestrada en febrero de 2002, es ciudadana de ese país. En los primeros dos años no hubo logros. El pulso siguió cobrando víctimas y se convirtió en un suplicio para los familiares de los «canjeables».

En 2007 varios episodios empezaron a romper el punto muerto en el que estaba la posibilidad de un intercambio. Por un lado, el Gobierno realizó una operación contra las FARC-EP en Montes de María, en Bolívar, contra un campamento donde se encontraba secuestrado el exministro Fernando Araujo, quien logró escaparse. Según relata Álvaro Uribe en sus memorias, el testimonio de Araujo fue determinante para entender que los bombardeos no funcionaban porque los explosivos no tenían precisión. Pocas semanas después, en abril de 2007, se fugó el subteniente de la Policía, John Frank Pinchao, quien pudo entregar información al Gobierno sobre la ubicación de los campamentos donde estaban los rehenes y el estado de los mismos.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 2000, sin código, Secuestro de soldados, Archivo El Tiempo.
La extradición de Simón Trinidad de las FARC-EP: un «canjeable»

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El escenario se complicó cuando el guerrillero Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, fue capturado en Quito, Ecuador, el 2 de enero de 2004. Palmera había estado en los diálogos de El Caguán y era relativamente célebre por su historia: era uno de los sobrevivientes de Causa Común, movimiento que se unió a la Unión Patriótica en la década de los ochenta y que fue exterminado por los paramilitares. En aquellos años Palmera era gerente de un banco en Valledupar, su ciudad natal. Ante la inminencia del riesgo que corría decidió irse a la guerrilla en lugar de buscar el exilio, como hicieron otros de su movimiento. Casi toda su vida en armas la pasó en el Caribe, donde alcanzó a hacer parte del Estado Mayor de ese bloque.

Una vez capturado, Estados Unidos le expidió una orden de extradición por narcotráfico. Una verdadera anomalía dado que Palmera había sido capturado por delitos en Colombia y no era requerido por ese país. Las FARC-EP lo incorporaron de inmediato a la lista de canjeables.  El 31 de diciembre de 2004 fue enviado a una cárcel en Estados Unidos. Allí el juicio por narcotráfico se desmoronó y la fiscalía de ese país desistió de los cargos. Sin embargo, a Trinidad se le abrieron nuevos procesos: por el secuestro de los tres ciudadanos (contratistas) norteamericanos y por conspiración, delito que no existe en Colombia y que básicamente se basa en su pertenencia a las FARC-EP.  En 2008 fue condenado a 60 años de cárcel en severo aislamiento. Con su extradición, el Estado colombiano rompió un principio fundamental de su política interior y externa: no extraditar a personas por delitos que hacen parte del conflicto armado interno. Este fue el primero, pero no el único caso que muestra un abuso de la figura de la extradición y su probable instrumentalización política.  

De acuerdo con cables desclasificados del servicio diplomático estadounidense a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad, se puede establecer que la mayor preocupación de Estados Unidos respecto a la extradición de Trinidad era la suerte que pudieran correr los tres estadounidenses que permanecían secuestrados por las FARC-EP. Sin embargo, al constatar que no habría represalias contra ellos y que la posibilidad de que se diera un acuerdo humanitario era aún incipiente, procedieron con el pedido de extradición.

Crédito de la imagen: Colección: Historia Número registro: 7522.052 Fuerzas Militares de Colombia ( - ) Extraditado. Juvenal Ovidio Palmera Pineda a. Simón Trinidad 2005 Impreso (Tinta / Papel), 8,5 cm x 5,5 cm, Museo Nacional de Colombia.
Los 12 diputados del Valle

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El 23 de junio de 2007 las FARC-EP asesinaron a once de los doce diputados del Valle que tenían en su poder desde abril de 2002. Esta masacre fue justificada por esa guerrilla como un «error» fruto de una confusión sobre un posible ataque al campamento donde estaban secuestrados. Sin embargo, ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad ha quedado claro que fue un crimen cometido bajo la normativa de fusilar a los rehenes antes que permitir su rescate.  Las FARC-EP pidieron perdón en un acto de reconocimiento ante familiares de las víctimas en diciembre de 2016: «Contarlo hoy, no reparará las perdidas ni borrará el dolor causado a tantas familias. Ninguna de las víctimas merecerían lo sucedido ni razón alguna puede justificarlo», dijo Pablo Catatumbo.

En el acto de reconocimiento realizado por la Comisión de la Verdad, Laura Charry, hija del exdiputado Carlos Alberto Charry, relató cómo el secuestro de su padre afectó la vida de su familia y la manera en que ella asumió el duelo tras su asesinato: «Ante la opción de aprender a vivir sin mi papá, opté por conmemorar para no olvidar. Una acción que desde el año 2017 he venido apropiando como un camino hacia el perdón, pero sobre todo hacia la reconciliación de mí país. La memoria significa la reconstrucción de hechos pasados para mantenerlos vigentes en el presente. Los cuadros de los retratos en el recinto de las sesiones de la Asamblea Departamental, el mensaje en la fachada in memoriam 11 diputados y el acuerdo municipal que otorga una calle como calle de los 11 diputados y la galería somos más que 11 resumen el camino recorrido y animan a continuarlo. Pues se trata de no olvidarlos, se trata de transformar todo aquello que ha golpeado el corazón». («Encuentro por la Verdad «Vivos, libres y en paz», 26 de junio de 2021)

Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2021, Encuentro por la Verdad 'Vivos, libres y en paz', Archivo CEV.
La participación de Hugo Chávez

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La impiedad de los fusilamientos motivó que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ofreciera para mediar en la posibilidad de un intercambio. Sin embargo, en pocas semanas su papel hizo crisis dada la profunda desconfianza que mantenía con el presidente Álvaro Uribe. No obstante, para 2007, las FARC-EP decidieron que cualquier entrega se haría exclusivamente a través de la senadora liberal Piedad Córdoba y de Chávez. El intercambio nunca se logró y las liberaciones se produjeron de manera tardía como actos unilaterales de las FARC-EP y, en otros casos, por rescates o fugas. Precisamente, la exsenadora liberal contó a la Comisión de la Verdad  cómo se desarrollaban estas operaciones y las dificultades que debían sortear:

«Esas liberaciones se hicieron en contra del Gobierno. No se les olvide que hubo un momento que nos amenazaron, que empezaron a bombardear estando nosotros en el aire, la inmensa extrañeza de los miembros de la delegación de los brasileños que no entendían cómo, si estábamos haciendo una labor tan importante, teníamos tantas dificultades, tantos obstáculos. Pero creo que lo más lamentable de todo esto es que en lugar de que cada mediación, cada liberación se convirtiera en un hecho de defensa de la vida, de paz, de búsqueda del diálogo político, se convertía en una manera de acabar con quienes estábamos en ello, de estigmatizarnos, de hacernos ver como que fuéramos socios de la retención o del secuestro cuando era todo lo contrario». (Palabras de Piedad Córdoba en «Reflexiones sobre gestión humanitaria y verdad en la experiencia del secuestro
y la toma rehenes», 18 de septiembre de 2020)
 
El peor peso lo asumieron las familias, «sobre ellas recayó una carga demasiado pesada y difícil de llevar y el gobierno de la época simplemente dijo: nosotros no lo secuestramos, vayan pídanselo a las FARC», narró a la Comisión de la Verdad Alan Jara, exgobernador del Meta que estuvo secuestrado durante ocho años. Jara recordó lo vivido como una encrucijada cruel:

«Viene el cambio de presidente en agosto de 2002 y, desde luego, uno espera que el gobierno se proponga la búsqueda de una salida humanitaria a nuestro secuestro, pero la posición radical e intransigente de Uribe, sumada a la de las FARC, fue otro duro golpe a nuestra moral. Así lo sentenció el mono Jojoy cuando nos dijo “pienso que en este gobierno (Uribe) no va a haber posibilidad de un acuerdo humanitario (…)”. Se siente rabia e indignación por el desprecio hacia la vida humana. En ese período lo humanitario nunca se consideró. Incluso ciertos sectores del país hasta debatían si había conflicto armado en Colombia (…) A falta de noticias alentadoras sobre un posible intercambio humanitario se suma un episodio lamentable y trágico, cuando mueren asesinados en cautiverio, en un intento de rescate, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry y ocho militares. Lo que nos habían advertido sobre los riesgos de un rescate armado se confirmaba: preferían asesinarnos a “dejárselos quitar”». («Auto 19 de 2021», 19)

El terreno de juego quedó claro entonces. Ni Uribe ni las FARC-EP iban a ceder. El presidente buscaba la derrota militar de esta guerrilla, mientras los insurgentes, más radicalizados después de rotos los diálogos del Caguán, iban a sostener la guerra por mucho tiempo más.

Crédito de la imagen: Prensa Presidencial de Venezuela, 1998, Foto de Hugo Chávez durante la campaña presidencial de 1998, licencia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hugo_Ch%C3%A1vez_en_1998.png#/media/File:Hugo_Ch%C3%A1vez_en_1998.png, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

Rescates a sangre y fuego

El secuestro y la imposibilidad del intercambio humanitario

Para finales del 2002, las FARC-EP tenían en su poder a 34 oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía y a 22 dirigentes políticos entre congresistas, gobernadores y alcaldes.

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Intento de negociación con el ELN

Al iniciar el gobierno Uribe, el ELN se había convertido en un actor de segundo plano en la guerra, había perdido control en varias zonas y tuvo que replegarse a zonas de frontera. No obstante, realizó actos de guerra para demostrar que seguía vigente, como el secuestro de 8 extranjeros en la Sierra Nevada de Santa Marta en septiembre de 2003.

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Transformación militar sin precedentes

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El Plan Colombia, aunado a los esfuerzos de la administración Uribe en lo doméstico, le dieron un empujón al inicio de una transformación militar sin precedentes. Entre 2002 y 2008 la Fuerza Pública pasó de 307.703 integrantes a 429.109, la Policía volvió a todos los municipios de donde había salido, se agregaron 14 Brigadas Móviles, siete batallones de alta montaña, brigadas de comunicaciones y de selva, trece agrupaciones de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, una división de aviación, batallones aéreos, se fortaleció la infantería de Marina en los ríos más importantes.

Se organizó la Fuerza de Tarea Omega (hipervínculo interno a D11), el Comando Conjunto del Caribe y el Comando de Operaciones Conjuntas. Esta reorganización junto a las innovaciones tácticas significaron un aumento en la capacidad de respuesta y despliegue, una mejor comunicación en las operaciones militares y en la intensificación de las acciones en territorios clave, como la costa caribe o el suroccidente. Así se fortaleció la respuesta área, se aumentó el reclutamiento y las campañas del Ejército, mediante transformaciones de doctrina y mejoramiento tecnológico.
 
Si bien estaban los recursos, también existía una estrategia con base en la recuperación del control del territorio y la población, lo que implicaba el máximo debilitamiento de las guerrillas y romper sus bases sociales o el vínculo con éstas, al tiempo que un esfuerzo de legitimación del Estado.

Crédito de la imagen: Duque imagen ( - ) Historia, 7036.jpg, Afiche publicitario de la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia, 2002. Museo Nacional de Colombia.
El Plan Meteoro

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Con el Plan Meteoro, el Ejército bajó de las montañas a proteger las carreteras, a escoltar los camiones o viajeros en caravanas, lo que disminuyó casi de inmediato los retenes, secuestros y quema de mercancías, al tiempo que obligó a las guerrillas a subirse para las montañas.

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2002, colombia 1034, Policías antinarcóticos fumigan un campo de amapolas.
Los soldados campesinos

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Otro programa fue «soldados de mi pueblo o soldados campesinos», que consistió en facilitar que los hombres que debían prestar servicio militar lo hicieran en su misma zona de origen. Este lo creó directamente el presidente Uribe basado en la premisa de que mientras la guerrilla permanecía en el territorio y teje redes de familiaridad con la población, el Ejército nunca se quedaba. En 2003 ya había 59.460 soldados campesinos y para 2006 la cifra llegaba a 75.144.  

El General Carlos Alberto Ospina valoró este como uno de los grandes puntales de la seguridad democrática: «Eso fue un arma psicológica terrible, porque ver a los muchachitos del pueblo uniformados impide que los guerrilleros vayan: “Ese muchachito me conoce”, entonces no van. Los soldados campesinos fueron un arma tremenda que acá no se ha valorado lo suficiente. El desorden de muchos años comenzó a contrarrestarse con los soldados campesinos». (Nova, Memorias Militares, 186)

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2001, colombia 1040, Tropas de las FARC en la Macarena.

La promesa de seguridad

Recuperación del control del territorio

Para 2002 y en solo cuatro años, las FARC habían crecido un 150%, el ELN un 94%, las autodefensas un 273% y el reclutamiento de menores estaba en su punto más alto. Las FARC-EP tenía frentes rodeando Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, entre otras. La promesa de devolverle la seguridad al país le sirvió a Álvaro Uribe para constituir un amplio consenso en torno a la guerra.

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Operación Orión

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En octubre de 2002 comenzó la operación Orión sobre la Comuna 13 de Medellín, zona controlada por varias milicias guerrilleras. Habitantes de la comuna 13 contaron a la Comisión de la Verdad cómo, durante la década de los noventa, las milicias (entre ellas los Comandos Armados del Pueblo y milicias adscritas al ELN y las FARC-EP) eran quienes controlaban este territorio.

Sin embargo, esta operación Orión pasó a la historia de la ciudad porque hubo un uso desproporcionado de la fuerza, que además no respetó el derecho de distinción entre civiles y combatientes. Se usaron helicópteros que, según testimonios y evidencia, dispararon indiscriminadamente. Una religiosa, acompañante de procesos de víctimas, lo recordó así:  «Las operaciones fuertes se empiezan a dar en el 2002. Y ahí es cuando se llama, viene toda una gran operación militar que se llama la tal famosa “operación Orión” que eso sí dividió yo creo que la ciudad, dividió la comuna en dos porque es que yo no había visto un helicóptero parado disparándole a una ciudad. ¿Cómo es que paran un helicóptero ¡Dios mío! ¡donde hay tantísima gente! Una población que tiene más de 150.000 habitantes, eran más, se para un helicóptero con ráfagas de fusil a disparar a donde fuera y como fuera ¿Quién dijo que una bala buscaba un guerrillero?». (Entrevista 080-HV-00008. Religiosa, acompañante de procesos de víctimas)

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2002, Sin código, ‘Operación Orión’ en la Comuna 13 de Medellín.
Operación conjunta

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El mayor cuestionamiento, sin embargo, es que según testimonios de exparamilitares y ahora de militares comparecientes en la JEP, Orión fue una operación coordinada entre las tropas de la IV Brigada del Ejército, Unidades de la Policía y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandado por Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna. Un exmilitar que participó de este operativo confirmó a la Comisión de la Verdad que se trató de una operación conjunta. (Entrevista: 084-PR-00429-39748. Hombre, Compareciente, Exmilitar)

La operación logró sacar a las milicias de ese territorio, pero de inmediato fue copado por los paramilitares del Bloque Metro y luego del Bloque Cacique Nutibara, con los consiguientes casos de desaparecidos y cadáveres lanzados a un lugar llamado la escombrera.

Algo similar ocurrió en el Oriente Antioqueño, donde se desarrolló la operación Marcial, también por tropas de la IV Brigada, en los primeros meses de 2003. El objetivo de la Fuerza Pública era recuperar la movilidad de la autopista Medellín-Bogotá que estaba tomada por las guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Sin embargo, justo en esta región se denunciaron varios casos de ejecuciones extrajudiciales, que fueron conocidas y denunciadas de manera temprana por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Además, se denunció que algunas patrullas militares actuaron conjuntamente con las AUC, en particular con el Bloque Metro. Un oficial del Ejército que comparece ante la justicia por ejecuciones extrajudiciales explicó a la Comisión de la Verdad cómo se actuó en el oriente de Antioquia: «¿Cómo retomamos nosotros el Oriente Antioqueño? pues nos apoyamos en los paramilitares porque ellos tenían el conocimiento de los milicianos y ellos nos apoyaban participando en operaciones con nosotros. Es decir, ellos entraban adelante y como la guerrilla se escondía, nos mostraban quiénes eran los milicianos. Nosotros los sacábamos y había gente que era asesinada». (Entrevista 084-PR-00332. Oficial del Ejército)

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2003, sin código, Bloque Metro Autodefensas.
La idea del «pueblo guerrillero» en Zonas de rehabilitación y consolidación

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En noviembre de 2002, al amparo de la conmoción interior, el presidente decretó las Zonas de Rehabilitación y Consolidación en Arauca y Montes de María, que eran el principio y el final del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Arauca ha tenido históricamente un control social, político y armado por parte del ELN y, en el caso de Montes de María, la región estaba bajo dominio casi absoluto del Bloque Montes de María de las Autodefensas, sin embargo, la parte montañosa era dominada por las FARC-EP.

En las Zonas de Rehabilitación y Consolidación se fortaleció la idea del «pueblo guerrillero» en la que se asociaba a los civiles con las guerrillas. Las detenciones, los allanamientos y los retenes giraban en torno a atacar a la población civil en tanto potencial colaboradora de la insurgencia. La Comisión de la Verdad ha recibido testimonios de personas que fueron detenidas sólo en virtud de su lugar de procedencia. En los retenes se fiscalizaba a las personas y la cantidad de alimentos que podían transportar.

«Nos estigmatizaban con que éramos guerrilleros porque estábamos trabajando en zona guerrilleras en las que teníamos que acatar órdenes de las FARC. No era porque nosotros quisiéramos, sino que nos tocaba. Y esa estigmatización llegó, y llegó la estigmatización a los líderes sociales. Empezó la persecución tenaz a nosotros los líderes. Ahí fue cuando ya empezamos a volvernos defensores de DDHH porque nos tocó, porque había la necesidad». (Informe 748-CI-00796, Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), «Que nos llamen
inocentes», 2019, 91.)

Al respecto, un transportador de Montes de María y víctima de una detención arbitraria señaló: «Mi detención me la gané por estar viajando a El Salado. Los “malinformantes” dijeron que yo era el que le llevaba las provisiones a la guerrilla. Porque a mí me denunció un informante del Ejército, gente a la que le pagaban por hablar e inventaba cosas para ganarse la plata. Sí era cierto que yo llevaba compras para allá, pero las llevaba para las tiendas, la gente no era guerrillera. Además, siempre tenía la precaución de que, antes de arrancar con una compra, llegaba al puesto de Policía y les informaba que iba a subir, para que ellos supieran. Siempre tuve esa precaución. Incluso les presentaba al dueño de la compra; les decía: —Vea, yo voy a llevar la compra, el carro es mío pero la compra es del señor—. Nada de eso valió». (Informe 748-CI-00796, Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), «Que nos llamen inocentes», 2019, 98)

Estas detenciones son uno de los hechos que más produjeron estigmatización a las poblaciones y territorios durante el conflicto armado interno. Ante la Comisión de la Verdad, víctimas de estas regiones han pedido que sea reconocido su buen nombre dado que muchos de ellos y ellas aparecieron en la prensa como guerrilleros o milicianos y, sin embargo, pocas horas o meses después fueron exonerados de esos cargos.

Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2022, Sin código, Manos en rejas, Archivo CEV.

Buscar y destruir al enemigo

La Operación Orión y la noción del «pueblo guerrillero»

En el gobierno Uribe se iniciaron las primeras operaciones militares en la lógica de «buscar y destruir» al enemigo. Los primeros meses demostraron que, aunque en teoría el centro de gravedad de la política de seguridad democrática era la legitimidad del Estado, esta no sería fácil de cultivar con acciones que estigmatizaron, trataron a la población civil como parte del enemigo y/o estuvieron coordinadas con estructuras criminales.

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La estrategia de la insurgencia

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Las milicias

Para el caso de las FARC-EP existían dos tipos de milicias: las bolivarianas, conformadas por personas entrenadas en armas y que tenían la misma disciplina de los guerrilleros, aunque vivieran como civiles; y las milicias populares, conformadas por simples colaboradores que apoyaban a la guerrilla de manera permanente u ocasional con tareas logísticas y de información. Los milicianos cometieron múltiples crímenes y abusos que tenían asediada a la población: Un excomandante de las FARC-EP de Antioquia relató las dificultades que representaba para la guerrilla los abusos que cometieron los milicianos:
«En los territorios esas milicias iban haciendo lo que ellos les parecía que estaba bien hecho, que a la final resultaban siendo fracasos, matando, desapareciendo gente sin que nadie diera cuenta de qué estaba pasando, entonces la guerrilla estaba armando unas personas sin claridad política de lo que estaban haciendo o iban a hacer, y no estaba tampoco informada de qué hacían, cuando se daban de cuenta ya había una cantidad de muertos, había una cantidad de dificultades, y eso también iba generando desprestigio en la misma organización». (Entrevista: 084-PR-02378. Actor armado)

Muchos milicianos fueron asesinados por las propias guerrillas cuando cometieron abusos. Un excombatiente dijo a la Comisión de la Verdad que, ante « algún tipo de abuso que implicase cualquier mínima falta grave, esas personas fueron ajusticiadas o se les hizo Consejo de Guerra». (Entrevista: 127-PR-03098. Hombre, excombatiente)

Testimonios de excombatientes de las FARC-EP escuchados por la Comisión de la Verdad identifican en la estrategia miliciana a partir del 2000 un punto de inflexión y un punto de quiebre: por un lado, el afán de acrecentar rápidamente los frentes hizo que, finalmente, se privilegiara el reclutamiento y la capacidad de accionar militar a la formación política. Por otro lado, la mayor confrontación del Ejército ocasionó en muchos casos el repliegue de la dirigencia y la pérdida de direccionamiento de los frentes. Para la inteligencia de las Fuerzas Militares, la estructura miliciana fue un flanco fácil de infiltración.

El reclutamiento

A medida que se acentuaba la ventaja militar del Ejército, las FARC-EP aceleró el reclutamiento de personas, incluso niños y niñas. A diferencia de décadas anteriores, donde sus canteras de reclutamiento estaban en los movimientos sociales y políticos, y había un proceso previo de formación política: «Se desbordó, se creció mucho, pero también se violaron las normas de reclutamiento. Eso generó serias dificultades en las FARC, en vidas, en desgaste, en desprestigio, robos, amenazas, muertes, eso nos generó la infiltración en un crecimiento así sin control y más en regiones donde están influenciadas por policía, ejército y paramilitares, con mayores veras». (Entrevista: 127-PR-03098. Hombre, excombatiente)

Crédito de la imagen: 131 - Colección: Historia Número registro: 7520.001 Ministerio de Defensa Nacional. Colombia ( - ) Volante del Programa de Desmovilización. El Gobierno lo recompensa. Usted obtendrá beneficios, Museo Nacional de Colombia.
La estrategia del Gobierno

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Con diferentes programas de política de seguridad democrática, el Gobierno logró romper el vínculo de los civiles con las guerrillas. La percepción de que estas se habían tomado el país y que tenían estas redes clandestinas facilitó la creación de un sistema de hipervigilancia con redes de informantes y cooperantes, pago de recompensas, infiltrados y estímulos a la deserción. Esto se facilitó por los abusos que los milicianos estaban cometiendo contra las comunidades.

Para octubre de 2002, el Ejército contaba con 12.476 cooperantes, mientras la meta en el Plan Nacional de Desarrollo se trazó en un millón y, según el presidente Uribe, en 2010 alcanzó a llegar a los 4 millones. Su trabajo consistía en alertar «a las tropas o a las autoridades sobre posibles actos en contra de la ciudadanía o de las propias autoridades» por lo que «recibían un pago mínimo, un chorrito constante». Chorrito constante hacía referencia a la «frase con que el presidente Uribe describía cómo debía conducirse el programa, pagando poco dinero a los cooperantes, pero de manera constante». (Ospina, Los años en que Colombia recuperó la esperanza», 352)

Crédito de la imagen: Colección: Historia Número registro: 7520.011 Ministerio de Defensa Nacional. Colombia ( - )Volante del Programa de Desmovilización. El Ejército está a la ofensiva y su objetivo es ganar la guerra! / Entregue las armas a la Patria 2004, Museo Nacional de Colombia.
Recompensas

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El tema de los pagos o beneficios económicos, se tramitaba a partir de un fondo de gastos reservados que manejaba la Fuerza Pública con plena discrecionalidad. El pago de recompensas se realizó en un show de televisión conocido como «lunes de recompensa», en el que los miembros de la Fuerza Pública entregaban fajos de dinero a personas encapuchadas que habían entregado información. Estos encapuchados se hicieron frecuentes en las operaciones policiales, militares y, sobre todo, judiciales. Señalaban anónimamente a personas y su identidad fue protegida durante los juicios.

Hubo casos en los que estas redes fueron usadas por miembros de la Fuerza Pública para robar dinero de los gastos reservados. Un coronel del Ejército que comparece ante la JEP por el caso de ejecuciones extrajudiciales explicó que: «Las informaciones pagadas a informantes eran ficticias, ellos sólo eran utilizados para cobrar el dinero, se les daba cualquier cosa, y nos quedábamos el resto del dinero, esto era para legalizar el rubro asignado por la Brigada». (Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos. «Ejecuciones Extrajudiciales 2002 - 2010., 2013, 55.)

Crédito de la imagen: Colección: Historia Número registro: 7520.021 Ministerio de Defensa Nacional. Colombia ( - ) Volante del Programa de Desmovilización. El presidente Uribe les da su palabra / Plan de vuelo para retomar su vida 2004, Museo Nacional de Colombia.
Exparamilitares en redes de cooperantes

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Una vez dejadas las armas, exparamilitares de las AUC se incorporaron a estas redes, lo cual no los alejaba de la guerra y por el contrario les incentivó a seguir en ella, dado que muy pronto se crearon en los mismos territorios donde ellos actuaron las Bandas Criminales o Bacrim. Estos grupos emergentes mantuvieron por vía de este sistema de información e inteligencia, vínculos con la Fuerza Pública, como lo ha demostrado la investigación sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Comisión de la Verdad.

Una comunicación enviada desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia al Departamento de Estado el 13 de febrero de 2007 revela que los líderes paramilitares Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Fredy Rendón alias El Alemán y Rodrigo Tovar alias Jorge 40, les informaron a oficiales de la MAPP/OEA que había un acuerdo con el gobierno colombiano en ese sentido. La misma comunicación menciona que: «(...) un Oficial de Inteligencia de la XVII Brigada le confirmó a la Embajada que antiguos miembros del Bloque Elmer Cárdenas de Fredy Rendón Henao, alias El Alemán, con la aprobación de autoridades civiles del Gobierno de Colombia, habían sido incorporados oficialmente a la Red de cooperantes del Ejército». (Wikileaks. Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos. «Ejecuciones Extrajudiciales 2002 - 2010., 2013, 53.)

Lea acá el relato histórico: No Matarás

Incentivos económicos y judiciales

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A la presión militar del Gobierno se sumó un programa de incentivos económicos y judiciales para quienes abandonaran las filas. Éstos tuvieron que pasar primero por interrogatorios y en particular los desmovilizados individuales, fueron impelidos a delatar a otras personas, entregar caletas y/o participar en operaciones militares. Meses después podrían iniciar el proceso de reincorporación que en los primeros años de Uribe estuvo muy accidentado dado que los desertores corrían riesgos de ser asesinados y el programa estaba instrumentalizado para ganar una ventaja militar en la guerra. Fue en su segundo gobierno que bajo la dirección de Frank Pearl se establecieron rutas educativas, laborales y psicosociales adecuadas para evitar que estas personas se mantuvieran en las armas o la dinámica de la guerra.

Con el tiempo, desertaron mandos medios de gran relevancia como Karina, primera mujer en hacer parte del Estado Mayor de las FARC-EP. En entrevista con la Comisión de la Verdad, ella relató cómo decidió desertar tras la dura arremetida del Ejército en la zona del oriente antioqueño donde operaba el Frente 47 que ella comandaba. A eso se sumó el asesinato de Iván Ríos, quien era su comandante, y el conocimiento de que su hija estaba siendo seguida por organismos de inteligencia y, especialmente, la sensación de que, por haber sido declarado objetivo militar se hubiera convertido en «la papa caliente» para el Secretariado, quienes, según ella, la fueron abandonado a su suerte. (Entrevista: 058-PR-02107. Mujer, excombatiente)

Crédito de la imagen: Colección: Historia Número registro: 7520.014 Ministerio de Defensa Nacional. Colombia ( - ) Volante del Programa de Desmovilización. ¡Ayer entregaron sus armas, hoy disfrutan de la vida! Acójase al Programa de Desmovilización del Gobierno del Presidente Uribe, Museo Nacional de Colombia.
Miedo a la infiltración en las FARC-EP

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Con estos incentivos económicos y judiciales, la inteligencia del Estado infiltró a las FARC-EP en todos los frentes, lo que le permitió realizar ataques aéreos de gran precisión en el fondo de la selva. Una excombatiente del Frente Oriental lo recordó así ante la Comisión de la Verdad: «Nos bombardearon tanto que empezaron a sospechar de los civiles, hasta nos descosieron la ropa a ver si teníamos chips, nos botaron los radios, estábamos paranoicos porque nos bombardeaban a diario, entonces había mucha sospecha de los civiles, empezamos a matar civiles que nos habían ayudado toda la vida, que estaban de nuestro lado. Eso asustó mucho a la gente, en mis últimos meses yo percibí el miedo de la gente con nosotros. Y de pronto también ese era el objetivo de nuestro enemigo, siempre ha existido la teoría de quitarle el agua al pez y la fortaleza de las guerrillas es la población civil, son sus masas y si acaban con eso la guerrilla se acaba. Nos estaban acabando era así». (Entrevista: 091-HV-0001. Mujer, actor armado, Frente Oriental de las FARC).

Crédito de la imagen: Colección: Historia Número registro: 7520.025 Ministerio de Defensa Nacional. Colombia ( - ) Volante del Programa de Desmovilización. Usted también está envejeciendo, piense:... / Plan de vuelo para retomar su vida 2004, Museo Nacional de Colombia.

Ganarse a la población

El Gobierno rompe vínculos entre civiles y guerrillas

La población civil no solo llevó la peor parte de la guerra, sino que fue involucrada en ella a través de diferentes estrategias y políticas tanto por parte de la insurgencia, como del Estado. Este es un factor determinante para que se produjeran enfrentamientos, rupturas, odios, destrucción comunitaria y que al final de la guerra sea tan difícil restaurar la confianza en los territorios afectados por ella.

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De programa antidrogas a contrainsurgente

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La lucha contra las drogas y la guerra insurgente-contrainsurgente se hicieron indivisibles porque los mismos actores que estaban enfrentados por razones ideológicas y políticas, se disputaban las rentas de la cocaína.

Esa frontera invisible se derrumbó completamente en 2003, cuando el Plan Colombia dejó de ser un programa exclusivamente antidrogas para convertirse en un plan de apoyo al gobierno en la guerra interna contra organizaciones denominadas como “narcoterroristas”.  Varios elementos contribuyeron a ese giro que dio el Plan Colombia en el 2003: 1) la llegada a la Presidencia de Estados Unidos en 2001 de George Bush, quien abanderaba la lucha contra el terrorismo y la guerra en Afganistán a partir del ataque de Al-Qaeda a las torres gemelas en Nueva York. 2) El secuestro de tres contratistas norteamericanos por parte de las FARC-EP en febrero de 2003 aumentó la injerencia norteamericana. 3) La ineficiencia de la política antidrogas colombiana hasta el año 2000, enfocada especialmente en la erradicación de la coca a través de la fumigación. 4) Empresas norteamericanas en Colombia se estaban viendo seriamente afectadas por cuenta de la guerra en el país, en particular, las empresas asociadas a la exploración, explotación y transporte del petróleo.

Crédito de la imagen: Eric Draper, 2008, George Bush y Alvaro Uribe Velez, licencia: dominio público, https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:George_Bush_and_Alvaro_Uribe_Velez.jpg, https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.
Dudas sobre el éxito de la aspersión aérea

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En términos de lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia había sido diseñado para disminuir en un 50% las hectáreas de cultivos de coca entre el 2000 y 2006, y lograr una reducción en las exportaciones de cocaína a Estados Unidos. Sin embargo, al final de dicho periodo, Colombia siguió siendo líder regional en producción y exportación de cocaína, y se generaron serias dudas sobre la relación entre costos (financieros, humanitarios y políticos) y beneficios del Plan Colombia en el largo plazo.  

En los primeros años de la seguridad democrática, la productividad de los cultivos de coca había sido afectada por la aspersión aérea de glifosato, disminuyendo el potencial en kilos de cocaína respecto a la cantidad de hectáreas cultivadas, que a nivel nacional habían caído de 163 mil en el año 2000 a 70 mil en 2004. A largo plazo, sin embargo, la tendencia a la resiembra, el traslado de cultivos a municipios cercanos o la persistencia de la oferta colombiana en Estados Unidos sembraba dudas sobre si la política antinarcóticos lograba ganar ciertas batallas pero no la guerra. Las aspersiones áreas, aunque funcionaban en ciertos contextos para la erradicación inmediata de los cultivos, minaban las relaciones de la población civil con la fuerza pública y sus efectos en términos de legitimidad y consolidación de su presencia en el territorio.

Los problemas de la aspersión aérea
Desde el año 2002 la política antinarcóticos centrada en la erradicación por aspersión área de glifosato con escasa asistencia científica para la definición de las zonas y los impactos, implicó que las comunidades colonas cocaleras recurrieran a buscar protección en las estructuras de las FARC-EP, lo que desembocó en serias dificultades del Ejército nacional para relacionarse con la comunidad. Para los altos mandos militares eran llamados “narcocultivadores”.

Un coronel compartió con la Comisión de la Verdad su experiencia en esa difícil relación: «Viven allá que por el terreno ser tan montañoso, los pueblos le quedan muy lejanos a ellos y ellos prácticamente en ocasiones duran 1, 2, 3 días yendo hasta la parte donde compran su arroz, el resto para comer y no tienen más de donde, entonces uno los cultivos pequeños pues en general le dirían a uno "bueno, hay que destruir ese cultivo"¿sí?, entonces ¿qué hace uno? ¿arrancar todas las matas de coca? pero pues uno no lo hace porque es la fuente de ingreso de ellos, ¿si me entiende? A lo que voy es que ¿cómo conciliaba usted eso? Ya le tocaba a uno como se dice de "conformidad": porque si la destruye le busca a uno problemas; si no la destruye también tiene problemas. Entonces se acababa los semilleros pero quedaba el resto y ¡volvían a sembrar más». (Entrevista 153-PR-00365. Hombre, Fuerza Pública)

Un estudio de Fedesarrollo publicado en 2005 cita un estudio de la Casa Blanca que cuestionaba la efectividad del Plan Colombia en materia de lucha contra los narcóticos pues el precio de un gramo de cocaína en la calles de Estados Unidos que en 2000 costaba US$161 en 2003 se conseguía por US$107, lo cual era indicativo de una mayor oferta y ratificaba la tesis de que si el énfasis del Plan Colombia hubiese estado desde el principio (año 2000) en el control militar del territorio y no en los procesos de erradicación de hoja de coca, se habrían logrado mejores resultados.

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2002, colombia 1030, Policía antinarcóticos fumiga un campo de amapola.

El Plan Colombia da un giro

Con frecuencia y con razón, en Colombia se suelen confundir el Plan Colombia y el Plan Patriota. El primero fue diseñado durante el gobierno de Andrés Pastrana, en Washington, como un paquete de ayuda para la lucha contra las drogas. El segundo fue el plan de guerra del primer gobierno de Uribe. Sin embargo, en la práctica, drogas y guerra insurgente-contrainsurgente se hicieron indivisibles. 

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Primera Fase del Plan Patriota

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egún lo ha explicado el General Carlos Ospina en diversos espacios con la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Armadas debían pasar de una estrategia de «buscar y destruir» al enemigo a una centrada en la protección de la población que implicaba quedarse en los territorios que eran controlados por las insurgencias.

La primera fase, de «aislamiento y despliegue», buscó ganar tiempo mientras se adquiría el nuevo armamento, se entrenaban e incorporaban los nuevos efectivos de las Fuerzas. Se crearon las Fuerzas Especiales Urbanas, los Batallones de Alta Montaña, las Brigadas Móviles, las Fuerzas de Despliegue Rápido y los soldados campesinos. Para enfrentar el déficit de legitimidad se dio impulsó al Plan Meteoro, que buscó recuperar las carreteras más importantes del país para hacer frente a la sensación de aislamiento y encierro que se percibía en las ciudades por cuenta de los secuestros masivos. El control de las carreteras y poblaciones también buscó impedir el traslado de guerrilleros a zonas no afectadas.

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2001, Sin código, Los padres de un soldado liberado abrazan a su hijo.
Segunda y tercera fase del Plan Patriota

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La segunda fase, de «debilitamiento», se centró en desalojar a las FARC de Cundinamarca y cortar cualquier cordón con la capital, a través de las operaciones Libertad I y II, para luego adentrarse en el corazón de las FARC-EP, atacando su retaguardia y permaneciendo en las zonas donde estaban ubicados el Bloque Sur y el Bloque Oriental en los Departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo y Huila.

La tercera, se desarrolló durante el segundo período del presidente Uribe y buscó —de forma poco exitosa— consolidar la presencia estatal en los territorios desde el punto de vista social.

Objetivo final
El objetivo final, según el General en retiro Jorge Enrique Mora, quien jugó un papel central en los diálogos de La Habana, era doblegar la voluntad de lucha de la guerrilla: «Aquí hay una concepción que nos han ido tergiversando la izquierda nacional y extranjera, y es que el ejército de Colombia practicaba la doctrina de guerra total: había que matar a todos los guerrilleros para ganar la fuerza. Y resulta que no. Nunca los militares pensamos que había que matar a todos los guerrilleros para ganar la guerra». (Nova, Memorias Militares, 148-49)

Hubo cambios logísticos y operacionales que fueron definitivos para cumplir el propósito del Gobierno: por un lado, se reforzó la movilidad de las unidades militares y de Policía, sumado a la llegada de recursos aéreos como los aviones de combate y sobre todo, las bombas de alta precisión. Un segundo elemento fue un giro en el manejo de la inteligencia técnica y humana a partir de una fuerte infiltración y penetración en las guerrillas. A esto se sumó una agresiva estrategia de propaganda apalancada en 22 emisoras de radio en todo el país, que hicieron campañas al estilo Vietnam llamando a los combatientes a dejar las armas.

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2001, Sin código, Guerrilleros observan la ceremonia en la que las Farc liberaron 242 prisioneros de guerra del ejército.
Operaciones Libertad I y II

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Con la operación Libertad I, dirigida por el general Reinaldo Castellanos y que concentró 15 mil hombres en Boyacá, Tolima, Meta y Cundinamarca, los frentes de la guerrilla fueron retrocediendo con pérdidas significativas en hombres y mandos, y la operación Libertad II terminó por consolidar la salida de las FARC de Cundinamarca, norte del Tolima y el occidente de Boyacá en 2005. En las operaciones Libertad I y II las Fuerzas Militares usaron la tecnología de visión nocturna, la movilidad helitransportada recién adquirida, las nuevas técnicas de inteligencia tanto humanas como técnicas, desplegaron las nuevas brigadas de combate y especiales, iniciaron la formación de las redes de cooperantes y no ahorraron en el despliegue táctico para evitar cualquier tipo de amenaza o bloqueo sobre Bogotá.

En la Operación Libertad la figura de los soldados campesinos alcanzó una escala de masas. Estos soldados se asentaron en las cabeceras municipales, podían apoyar a la policía en caso de algún ataque y cortaron, además, a las FARC-EP las posibilidades de abastecimiento. Truncaron la posibilidad de volver a realizar tomas a poblaciones, transitaron las trochas y fueron apoyados por un pelotón de soldados profesionales y la policía.

La construcción de los batallones de alta montaña sirvió para cortar los corredores de movilidad que hasta el momento controlaban las guerrillas. Entre 2003 y 2006 al menos siete batallones de este tipo fueron construidos en puntos estratégicos en todo Colombia, uno de ellos en el páramo de Sumapaz. Este fue crucial para cortar la entrada de las FARC-EP a la capital del país.
 
Los réditos militares que dejaron estas operaciones fueron incuestionables y representaron el inicio de un nuevo momento de la guerra contra las FARC-EP: las estructuras de en la región desaparecieron casi por completo, varios de los comandantes que patrullaban estas zonas fueron capturados o muertos en combate. No obstante, las operaciones militarmente exitosas para la recuperación de Cundinamarca y de las goteras del centro administrativo y político del país no estuvo exenta de denuncias sobre la colaboración de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares, en especial, en esta primera etapa, con las Autodefensas Bloque Cundinamarca (El apoyo del Bloque Cundinamarca, grupo paramilitar liderado por Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘el Águila’, al Ejército fue confirmado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá). («Sentencia contra Luis Eduardo Cifuentes Galeano y otros miembros de las Autodefensas Bloque Cundinamarca, de 1 de septiembre de 2014»; Entrevista 193-VI-00010. Mujer, víctima.; Entrevista 193-VI-00009. Hombre, Víctima)

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2001, Sin código, Un soldado colombiano liberado grita de alegría al abandonar el territorio controlado por las FARC.
Fuerza Tarea Omega tras la retaguardia de las FARC-EP

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Tras desalojar a las FARC-EP de Cundinamarca con las operaciones Libertad, el segundo paso del Plan Patriota fue llegar a la retaguardia de las FARC-EP entre los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá y permanecer en el territorio buscando la captura o muerte de los miembros de su Secretariado y Estado Mayor. En la región operaban los bloques Oriental y Sur de la guerrilla, los más calificados militarmente y centrales en la estrategia de finanzas de la guerrilla. Para enfrentar estas estructuras los estrategas del Ejército organizaron la Fuerza Tarea Omega, la cual coordinó las fuerzas terrestres, anfibias y aéreas de las Fuerzas Militares con las de la Policía, con asesoría de los técnicos estadounidenses del Plan Colombia, dado que paralelamente se daban operaciones contra el narcotráfico.

Estas operaciones lograron desactivar alrededor de 30 estructuras armadas y reducir el 70% de los combatientes de los Bloques Sur y Oriental. Con esto tomaron posición de los territorios que durante décadas fue la retaguardia histórica de las FARC. Posteriormente se implementó el plan Consolidación, que pretendía que las Fuerzas Militares se acercaran a la población civil, para «la recuperación social del territorio». En el marco del plan se instalaron al interior de los pueblos promoviendo una presencia estatal coordinada por la fuerza pública.

Según el Ministerio de Defensa, el 87% de los guerrilleros abatidos durante estos años, pertenecía a las FARC y el 60% de quienes atendieron a los programas de desmovilización que promovió el gobierno nacional, también eran de las FARC. Las rutas de suministro y abastecimiento de medicinas, alimentos, munición, equipo, información y comunicación de las FARC-EP en sus zonas seguras se vieron interrumpidas abruptamente con las incursiones de las fuerzas especiales de la Fuerza de Tarea Omega.

Tamaño esfuerzo militar también le estaba pasando factura a las tropas. Solo en la Fuerza de Tarea Omega, en 2004 hubo casi trescientos heridos en combate y más de 50 soldados muertos. Según el Ministerio de Defensa en marzo de 2008, entre 2002 y 2006 se registraron 6.348 heridos y 3.185 bajas en el Ejército.

Crédito de la imagen: Agudelo, Henry, sin fecha, sin código, Imagen de las víctimas militares.
El repliegue de las FARC-EP

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Los exguerrilleros de FARC-EP coinciden en señalar el cambio de estrategia militar, en el marco del Plan Patriota, como un punto de inflexión. Una excombatiente describió este momento en su testimonio ante la Comisión de la Verdad: «Es que en el año 2001-2002 se montaron los batallones de alta montaña, entonces ellos no se movían de allí, pero ya después se volvieron muy operativos. Antes uno sabía cuando salían de Chaparral o llegaban a Rioblanco —al pueblo— y había tiempo de guardarse. En esa ocasión ya no era así: cuando venía de abajo ya estaban los de arriba bien metidos. Hacían como una especie de operación rastrillo. Esa era la dinámica realmente. Hubo un momento en que nos tocaba andar detrás de las patrullas o pegadas a ellas. Luego todo estaba lleno de patrullas; o sea, operaban rompiendo monte, no cogían trocha porque también se les cazaba, ¿no?, había emboscadas, había minado y todo eso. De ahí, mandaban la aviación y a continuación el desembarco de tropas y los ametrallamientos constantes». (Entrevista 854-PR-02966. Mujer, excombatiente)

Entre 2002 y 2006 hubo una tendencia a la inercia, ya que las FARC-EP actuaron a la defensiva y protegieron sus fuerzas y en especial a su dirección. No obstante, el repliegue fue decisivo. Según reza en cables desclasificados del Departamento de Estado: «Aunque las Fuerzas Militares nunca capturaron o mataron a ningún alto mando de las FARC en 2004, las operaciones logísticas y de tráfico de drogas de la guerrilla se vieron restringidas, lo que obligó a los insurgentes a abandonar zonas que habían permanecido sin oposición durante años y a encontrar nuevas rutas para reponer su material de guerra. Las FARC se vieron incapacitadas para utilizar bases y rutas logísticas que habían sido seguras durante años. Igualmente, los campamentos donde los líderes habían encontrado santuario fueron destruidos». (U.S Embassy, cable. “Plan Patriota Phase 2b: Status Report”)

Tras la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas, las FARC-EP se replegaron a departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Arauca, casi siempre a territorios donde habitan y son autoridad los pueblos étnicos, tanto indígenas como afrodescendientes, lo que generó graves infracciones al derecho internacional humanitario por parte de la guerrilla hacia esas comunidades.
 
Luego del repliegue, las acciones militares de esta guerrilla se caracterizaron por un bajo despliegue de personal que permitiera generar el máximo de daño al menor costo posible. A su vez, las columnas móviles emplearon los hostigamientos como una táctica de defensa que mantenía a la Fuerza Pública ocupada y lejos de zonas en las que aún contaban con control territorial.

La IX Conferencia de las FARC-EP
En su repliegue, las FARC convocaron a su Novena Conferencia que, celebrada virtualmente en 2007, reconoció el cambio en la correlación de fuerzas que se consolidaba en el mandato de Álvaro Uribe y marcó algunas líneas para la recomposición política y militar de las FARC-EP.

La reestructuración militar se dio a través de la creación de nuevos Frentes con el objetivo de llevar la estructura militar al punto en el que se encontraba antes del Plan Patriota. Esto suponía un estricto programa de reclutamiento por cada Frente, quienes debían rendir balances al respecto cada seis meses, y una fuerte inyección de dinero que permitiera rearmar los Frentes y modernizar el material de intendencia de la tropa.

Sumado a la reestructuración militar, la IX Conferencia definió el regreso a la guerra de guerrillas. Esto implicaba el sostenimiento de una acción armada de carácter móvil y conformada por grupos pequeños. Para esto, jugaban un papel importante el uso de francotiradores y de armas no convencionales como las minas antipersonales.

En el plano político, las FARC-EP también reconocieron su debilidad y en 2007 ese grupo decidió fortalecer el trabajo político a través del Partido Comunista Clandestino, conocido como PC3 y del Movimiento Bolivariano. Adicionalmente, se tomó la determinación de reorganizar el trabajo internacional con objetivos propagandísticos y para la consecución de financiamiento, dotación y apoyo logístico.   

Pese a que estos planes no significaron un avance importante en términos militares para la insurgencia, su horizonte estratégico siguió siendo la toma del poder. Tal como lo señala un exmiembro del Secretariado, el reacomodamiento de las FARC-EP les permitió resistir al Plan Patriota y superar la sorpresa táctica que este acarreaba: «En los finales del Gobierno de él (Uribe) ya ellos seguramente también estaban como en alerta de lo que les estaba pasando con los falsos positivos, enterados que ya nosotros habíamos cambiado la táctica y que habíamos vuelto a la guerra de guerrillas y que habíamos superado la sorpresa táctica que nos habían dado con los bombardeos de precisión, con la fuga de información, con la cuestión de los compañeros que capturaban ¿sí? Y entonces ya nosotros comenzamos en esa vaina como a equilibrar las cartas». (Entrevista 084-PR-02988. Hombre, exdirigente FARC-EP)

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2000, Sin código, Campamento de las FARC, Selvas del Caquetá.

El Plan Patriota

El repliegue de las FARC-EP

Texto corto: El Plan Patriota fue un plan militar que se orientó a desarticular las comunicaciones, la movilidad y las finanzas de las FARC-EP a través de la creación de más batallones de alta montaña, la articulación y coordinación del conjunto de fuerzas armadas, además de una estrategia para dar golpes contundentes a mandos medios y altos. Esto terminó desequilibrando la confrontación en favor del Estado y facilitó la salida negociada del conflicto.

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Detenciones arbitrarias

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En el Huila, la segunda fase del Plan Patriota desencadenó capturas masivas contra decenas de campesinos en municipios señalados de ser bastiones y corredores estratégicos de las FARC-EP. Al igual que en Cundinamarca, el objetivo era desestructurar los Frentes que hacían presencia en el departamento.  Estas medidas afectaron notoriamente a la población civil y también restringieron la posibilidad de la guerrilla de adquirir comida, medicamentos y otros elementos

Según la investigación realizada por las Comisión de la Verdad, las detenciones arbitrarias responden a ese patrón. En el Huila, a partir del año 2004 se estima en que 28 de los 37 municipios del departamento hubo capturas masivas, buscando debilitar las estructuras del Bloque Sur y la Columna Móvil Teófilo Forero. A partir del despliegue de la Operación Aurora (2004) se realizaron operativos conjuntos entre Fuerzas Militares, Policía y organismos judiciales en corredores estratégicos de las FARC que derivaron en la detención de decenas de civiles, principalmente campesinos, señalados de pertenecer a las milicias.  

Finalmente, el asesinato de civiles presentados posteriormente como guerrilleros fue una escena común en el marco de este despliegue militar. El volumen dedicado a las Violaciones a los DDHH y al DIH de la Comisión de la Verdad ilustró que, por ejemplo, en el caso de Cundinamarca, el período de mayor intensidad de las ejecuciones extrajudiciales coincide con los tiempo de la Operación Libertad.

Crédito de la imagen: .
Aumenta el reclutamiento de menores y las minas antipersona

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Ante los niveles de deserción y bajas, aumentó el reclutamiento por parte de las FARC-EP de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, entre 2001 a 2004.

El uso de minas antipersona fue el único tipo de ataque indiscriminado que tuvo un aumento creciente a partir del año 2003, lo que coincide con la alta concentración de casos en este período, con respecto a los anteriores. Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 89% de los casos de víctimas de minas registradas en la base del CNMH ocurrieron entre el 2002 y 2016. El mayor número de casos se registra en 2006, con 960 víctimas. Once zonas tuvieron alta concentración de eventos, la mayoría en Antioquia, Nariño, Meta, Norte de Santander y Caquetá con alrededor de 6.676 víctimas. Un dirigente del Bloque Sur de las FARC en Putumayo reconoció el uso de minas antipersona alrededor de los oleoductos: «Las acciones de guerra no diferenciaban del militar al civil, porque muchas veces muchos campesinos, por ejemplo, cayeron en minas antipersonales, o en las mismas tomas de los cascos urbanos morían civiles que vivían cerca de la Fuerza Pública o puesto de Policía, o de los civiles que asesinaban también la Fuerza Pública por decir algo, o sea, no había respeto ya por la vida del civil, o sea, el conflicto se fue degradando, degradando». (Entrevista: 060-PR-02382. Hombre, Compareciente, FARC)

Crédito de la imagen: Colección: Historia Número registro: 5753 Desconocido ( - ) Aviso de advertencia sobre presencia de minas antipersona 2005, Museo Nacional de Colombia./strong>
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Mientras en el sur del país las FARC se fueron desplazando hacia las selvas y las zonas de frontera más inhóspitas, en el occidente la ofensiva del Ejército y la respuesta de las FARC-EP dejó a la población civil de los cascos urbanos en medio del fuego. Un líder religioso, que acompañó a las comunidades de la zona Centro Oriental, en entrevista con la Comisión de la Verdad, describió cómo vivieron los ataques aéreos y los combates. En su relato se ve la profunda sensación de indefensión en que se encontraban.

«Entonces eso...solamente escuchábamos las balaceras, era feo ese, por decir algo, en agosto del 2004 hubo un mes que todos los días eran balaceras, eran plomo, plomo todos los días, llegaba el fantasma de bombardear…. la vivencia es esa, la guerra, la guerra, pero en medio de la guerra también un pueblo atemorizado, un pueblo intimidado, unas instituciones a las cuales ellas no, carecían de confianza, por ejemplo, la Fiscalía, ni la Policía, nadie. Entonces la población como nosotros, ¿a quién le denunciábamos?, a nadie, eso lo sabíamos, entonces no es indiferencia, claro que no, pero sí es la realidad.», más allá de indiferencia es la realidad de decir, ¿a quién se le denuncia?, si uno ve que todo eso es un programa, pues programa en el sentido que todos estaban unidos en contra de la guerrilla, y se perseguía toda aquella persona que tuviera alguna incidencia con la guerrilla, por decir algo, en ese año del 2003, ahí en Lejanías comenzó y en todos lados comenzó el Ejército a prohibirle a la gente que pasara remesas, a la gente del campo». (Entrevista 261-HV-00019. Líder religioso)

La población no solo no pudo circular por el territorio, sino que se le impidió acceder a alimentos y las puso en situación de confinamiento. Esa fue una de las principales causas de desplazamiento forzado hasta llegar en muchos casos al vaciamiento del territorio. Un funcionario público que trabajó en el municipio de San Bernardo, en el Sumapaz, le contó a la Comisión de la Verdad, en relación al desplazamiento, el impacto del Plan Patriota en el municipio: «Eso fue fuerte, porque mi pueblo estaba inundado de Ejército, una cosa de locos, la gente no podía salir, mi pueblo perdió alrededor de la tercera parte de su población, si no es más, si usted mira los censos, y ve el movimiento poblacional hijo de la guerra, Fusa [Fusagasugá] tendría en el año 2001 unos 60.000 habitantes, y mi pueblo ya rondaba casi los 20.000. En el último censo mi pueblo pasó a 12.000, y Fusa pasó a tener 120.000, y lo mismo le ocurrió a todos esos municipios. En el Plan Patriota la gente se fue para Fusa y para Bogotá. Es la guerra la que saca a la gente, el miedo a la confrontación». (Entrevista 051-PR-03208. Testigo, político)

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector. 2002. Sin código. Civiles en medio de fuego cruzado de las FARC-EP y fuerzas del ejército, tras rompimiento de 3 años de diálogos. Puerto Rico, Caquetá.

Persecución a población

Hostigamiento y persecución hacia la población civil

En desarrollo de operaciones militares en el marco del Plan Patriota y de la política de Seguridad Democrática se dio un patrón de hostigamiento y persecución hacia la población civil considerada base social de las FARC-EP, bajo una estrategia que buscaba romper el tejido social y la psiquis de los individuos.

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Popularidad - Legitimidad

Años después de estar en marcha, el Plan Patriota había alterado drásticamente la correlación de fuerzas, pero las fuerzas militares no habían logrado golpear la dirección de las FARC-EP, lo que llevó a Álvaro Uribe a decir coloquialmente que «la culebra sigue viva» y que su tarea no estaba terminada y se requería una reelección

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