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El estallido social
Entre 2019 y 2021 el país vivió el estallido social más importante de su historia, activado inicialmente por la presentación de una reforma tributaria y a la educación superior y acentuado por la pandemia del COVID-19. Según el DANE, para 2020 el 42,5% de los y las ciudadanas se catalogan como pobres. Una coyuntura que mostró, por un lado, nuevas expresiones sociales que no caben en los marcos de referencia clásicos y que sus demandan no han podido ser incorporadas a través de los canales institucionales. Al contrario, el gobierno de turno las ha tratado desde la vieja fórmula del orden público, demostrando así las inercias que han dejado 50 años de guerra en nuestras instituciones militares y civiles.
Desarmar el debate de ideas y dejar de ver al contrario como enemigo jurado ha sido uno de los legados de la guerra más difíciles de desactivar. Precisamente, el expresidente Álvaro Uribe, en su conversación con la Comisión de la Verdad se expresó sobre la necesidad de frenar la estigmatización y los señalamientos para entrar en una nueva era política de controversias sin violencias:
«Si este país quiere hablar de reconciliación tiene que hablar de señalamientos, yo mismo me tengo que cuidar para no volver a decir que fulano de tal es un guerrillero de civil o es un político terrorista, pero esos atentados contra mí, de los cuales soy sobreviviente por milagro de Dios, tantos atentados en parte por el señalamiento “Uribe es paramilitar”. Yo creo que para la reconciliación de este país se necesita superar por parte de todos, y me incluyo, los encasillamientos» (Entrevista: 119-PR-03391. Álvaro Uribe).
