Con la presidencia de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), la reforma agraria no solo se frenó, sino que el Gobierno preparaba una contrarreforma. O por lo menos así lo percibieron miles de campesinos que el 21 de febrero de 1971 sorprendieron al país con la toma simultánea de 316 fincas en trece departamentos, en la que participaron 16.000 familias.
A finales de 1971 hubo una segunda ola de «tomas de tierra» en 120 fincas de siete departamentos, la mayor parte de ellas en el Caribe. El Gobierno decretó el estado de sitio y periódicos como El Tiempo hablaban de «invasión orquestada de predios», «plan subversivo» y «brotes de anarquía». Para entonces la ANUC contaba con 28 asociaciones departamentales y 634 municipales y mantenía un carácter «anfibio»: era una iniciativa del Estado al mismo tiempo que un movimiento social.
El 9 de enero de 1972, la titulación de tierras recibió la estocada final. En Chicoral, Tolima, en un cónclave en el que participaron congresistas del Partido Liberal y Conservador, todos ellos con fuertes intereses en la tierra especialmente en el Cauca, los llanos orientales y el Caribe, pactaron una reforma a la Ley 135 de 1961 que alteró por completo su esencia: eliminó la expropiación del latifundio improductivo y priorizó la explotación empresarial por encima del desarrollo campesino.