El corredor enlaza parte de los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, conectando la cordillera occidental con la Serranía del Baudó, donde nacen los ríos San Juan y Baudó. La región está conformada por los municipios de Buenaventura, Calima Darién y el norte del Valle del Cauca, Pueblo Rico y Mistrató, en Risaralda, y las subregiones del San Juan y el Baudó, en el Chocó.
En el corredor se encuentran los territorios colectivos de 51 consejos comunitarios y 90 resguardos de los pueblos indígenas Wounaan, Embera Dobidá, Chamí, Katío y Eyabida, y Eperara Siapidara. Por este corredor circulaban miembros de todas las Kumpañy y organizaciones, a saber: Cúcuta, Envigado, Girón, Pasto, Sabanalarga, Sahagún, Sampués, San Pelayo, Tolima, y las organizaciones Prorrom y Unión Romaní de Bogotá.
En la década de los ochenta e inicios de los noventa, en el sur del Chocó hicieron presencia grupos de narcotraficantes como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, para controlar la comercialización de la cocaína.
Entre 1980 y 2000, la presencia de las FARC-EP fue esporádica y discreta, por medio del cobro de extorsiones a enclaves mineros. En los años noventa, el ELN incursionó en el río San Juan, con el Frente Benkos Biohó. En 1996, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) llegaron a los ríos San Juan y Baudó, primero, por solicitud de mineros, comerciantes y transportadores, para la creación de un grupo paramilitar en el centro y sur del Chocó, luego para controlar el narcotráfico.
Entre finales de los noventa e inicios de los 2000, las FARC-EP enfrentaron la arremetida de las AUC en Buenaventura y sus límites con la Costa Pacífica chocoana, lo que aumentó la violencia, desplazamientos y confinamientos.
Tras la desmovilización de las AUC en 2005, los grupos residuales de las autodefensas no abandonaron los territorios y se aliaron con narcotraficantes para consolidar su dominio y así potencializar la comercialización de la pasta de coca. Desde 2005, los municipios del corredor pasaron de ser una zona de acopio para la comercialización de la cocaína, a ser lugares de siembra de cultivo de hoja de coca.
Entre 2016 y 2019, tras el Acuerdo de Paz con las FARC, el Frente de Guerra Occidental del ELN pasó a dominar las rentas de la minería de oro, la extracción maderera y la economía del narcotráfico. Las disputas por el control del corredor entre el ELN, las AGC, las disidencias del antiguo Frente 30 de las FARC-EP y el Ejército Nacional, han configurado una grave crisis humanitaria para los pueblos étnicos de la región.