Reconocimiento político
El 14 de octubre de 1999, Pastrana, apoyado en la Ley de Orden Público, reconoció el carácter político de la guerrilla y estableció una zona de distensión por 90 días, comprendida entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá). También dio el aval como negociadores a tres de los jefes guerrilleros: Raúl Reyes, del secretariado y encargado de las relaciones internacionales; Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. Si bien la narrativa de que era una narcoguerrilla había hecho mella en una organización con una tradición comunista, la desmilitarización de cinco municipios era un reconocimiento tácito de su control territorial, y la conversación entre Pastrana y Marulanda daba una simetría a la relación.
La desconfianza
La desconfianza era intrínseca en Marulanda. En los años cincuenta, a pesar de acogerse a la paz de Lleras Camargo, él se había negado a entregar las armas. Durante los años ochenta la tregua había fracasado en parte por esa negativa a llegar a una dejación de armas. Casa Verde y el exterminio de la Unión Patriótica, habían sumado más argumentos. Por tanto, el cese del fuego era un punto de llegada y el desarme ni siquiera estaba contemplado. El poder de las FARC-EP en ese momento descansaba en su aparato militar y si algo buscaban en la negociación era legitimar ese poder en un escenario político. Había otro factor que le producía desconfianza a Marulanda: los paramilitares.
Crédito de la imagen: Gobierno nacional, 1999, sin código, El proceso de paz del Caguán, Biblioteca Abierta del Proceso de paz Colombiano- BAPP. https://www.bapp.com.co Fundación Compaz.
El problema del paramilitarismo
A pesar de que Pastrana se jugó todas sus cartas para que el proceso de paz con la guerrilla saliera adelante, la desconfianza seguía allí por un problema cuya solución no se veía a la vista: los paramilitares. Pastrana no podía negociar con ellos porque en el ordenamiento jurídico se consideraban un grupo criminal cuya única salida era el sometimiento a la justicia.
Para ese momento, la estrecha relación entre miembros de las Fuerzas Militares y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estaba expuesta. Estados Unidos había aprobado la Enmienda Leahy en 1996, que condicionaba cualquier ayuda de ese país al desempeño en derechos humanos. Incluso les había retirado la visa a dos generales por su reconocida alianza con los paramilitares y había una fuerte presión sobre el Gobierno colombiano y la Fiscalía para que dieran resultados en esa materia. La Fiscalía creó la Unidad de Derechos Humanos que empezó a dar algunos resultados.
Crédito de la imágen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.
Los hallazgos del llamado Parqueadero Padilla
En abril de 1998, poco antes de las elecciones, los fiscales de Medellín habían allanado el parqueadero Padilla, donde encontraron al contador de las AUC, alias Lucas, e información de al menos 30 mil transacciones realizadas en apenas cuatro años. Un exmagistrado relató así lo sucedido a la Comisión de la Verdad: «estábamos organizando toda esta investigación cuando recibimos, pues, la sorpresa que, por disposición de Bogotá, del Fiscal General, y para solucionar las dificultades que nosotros teníamos logísticas, porque Bogotá tenía muchos más recursos (...) lo adecuado era trasladar la investigación a Bogotá» (Entrevista 001-VI-00044. Exmagistrado).
Lo que siguió fue el asesinato y exilio de quienes hicieron parte de la investigación, la preclusión del caso y la muerte del expediente.
La justicia estaba siendo asesinada por los paramilitares y en otros casos comprada o cooptada por ellos. La Fuerza Pública, en la mayoría de los casos, no los perseguía. En el caso de los militares, se reiteró el antiguo patrón de excusar la actuación de altos oficiales como casos de «manzanas podridas».
Lea acá el relato histórico: No Matarás
Crédito de la imagen: US Embassy Guatemala, 2014, Iván Velásquez Gómez, jurista y abogado colombiano, licencia: dominio público, https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es.
Estados Unidos rompe con la posibilidad de participar en encuentros con las FARC
El primer golpe a la credibilidad y apoyo al proceso de negociaciones vino en marzo de 1999, cuando las FARC-EP asesinaron en Arauca a tres indigenistas norteamericanos que tenían secuestrados. Casualmente en ese momento el Departamento de Estado estadounidense había enviado a Phil Chicola a reunirse con Raúl Reyes a Costa Rica.
Desde ese momento, el Gobierno estadounidense no volvió a buscar encuentros con las FARC-EP. El Gobierno colombiano solicitó la entrega de los responsables para ser juzgados, pero las FARC-EP dijeron que estos serían sancionados bajo las normas de la organización. El responsable era Noé Suárez Rojas, alias Grannobles, el hermano de Jorge Briceño o el Mono Jojoy, la persona con más poder en esa guerrilla después de Marulanda.
Rodrigo Granda, del equipo internacional de las FARC-EP, recordó este hecho ante la Comisión de la Verdad: «los camaradas nuestros consideraron que estos tres indigenistas eran agentes de la CIA y los mataron (...) y nosotros nos quedamos con este lastre de haber asesinado gente buena e inocente» (Entrevista 084-PR-02988. Dirigente de las FARC-EP).
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2000, Sin código, Campamento de las FARC, Selvas del Caquetá.
Se supera la crisis
La crisis se superó el 9 de mayo de 1999 cuando se presentó públicamente una «Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia», firmada en el caserío de La Machaca, en la cual se establecían 12 puntos guía para las conversaciones. Las FARC-EP tenían un programa de 10 puntos que enarbolaban desde 1993 y que eran una agenda de transformaciones sociales y políticas que incluía la realización de una nueva constituyente. La agenda conjunta era más escueta pero no menos compleja, incluía temas sociales y económicos; Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y relaciones internacionales; y temas relacionados con la democracia y la estructura del Estado.
Crédito de la imagen: Gobierno nacional, 1999, sin código, El proceso de paz del Caguán, Biblioteca Abierta del Proceso de paz Colombiano- BAPP. https://www.bapp.com.co Fundación Compaz.
Los militares en desacuerdo
Seguir adelante implicó prorrogar la zona de distensión, pero esto no cayó bien en varios sectores. Los ánimos entre los militares estaban caldeados por las denuncias sobre abusos en la zona de distensión. Ya eran 320 los militares y policías en poder de las FARC-EP y no se había dicho nada sobre su liberación. Sus madres y familiares se movilizaron para que el Gobierno pusiera esto sobre la agenda en El Caguán, sin éxito.
Los militares sentían que la actitud del Gobierno era laxa adentro y afuera del Caguán y la violencia no daba tregua, las tomas y combates eran de magnitudes de una guerra a muerte. Poco después de anunciada la agenda conjunta y la metodología, el ministro de Defensa Rodrigo Lloreda Caicedo renunció el 26 de mayo de 1999. Al menos 50 oficiales de alto rango, entre ellos 18 generales, le siguieron.
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2001, Sin código, Guerrilleros observan la ceremonia en la que las Farc liberaron 242 prisioneros de guerra del ejército.
La guerrilla incrementa las tomas guerrilleras y el secuestro, las AUC las masacres
El año de 1999 fue en el que se registraron más incursiones guerrilleras (por lo menos 122) en centros poblados y cabeceras municipales. Al mismo tiempo se presentó un ascenso exponencial de combatientes de las FARC-EP muertos en combate con la Fuerza Pública. A eso se sumaron secuestros y asesinatos selectivos, los cuales tuvieron sus índices más altos entre 1998 y 2003. El crimen del secuestro pasó de ser un método de financiación a convertirse en un arma política para presionar un intercambio humanitario entre prisioneros del Estado y de la insurgencia. El ELN cometió también secuestros masivos.
Crédito de la imagen: González, Jaime y Diario de Occidente, 2000, FDO 02057, Marcha de agradecimiento al general Canales, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrer. «El geneal Jaime Ernesto Canales Albán, a quien el presidente Andrés Pastrana Arango aceptó su retiro, fue ovacionado por miles de personas que marcharon en Cali para agrdecer la labor de la Tercera Brigada en la liberación de los ciudadanos secuestrados por el ELN en la vía al mar.»
Reclutamiento de menores de edad
A pesar de que el 3 de febrero del año 2000 las dos delegaciones iniciaron un viaje a Europa por cuatro semanas con el fin de enriquecer las discusiones sobre el modelo económico, mejorar las relaciones entre los equipos negociadores e incrementar la exposición de las FARC-EP a la comunidad internacional, la respuesta de esa guerrilla al llegar fue expedir una serie de leyes con base en las cuales comenzaron a secuestrar, amenazar y constreñir a funcionarios públicos y de elección popular, a generalizar la extorsión y sobre todo a reclutar menores de edad para sustentar su estructura militar. Aunque su decisión sobre reclutar a mayores de 15 años se ajustaba al DIH, no respondía a la demanda que la sociedad y en particular el Mandato por la Paz les había hecho: dejar a los niños por fuera de la guerra.
Crédito de la imagen: Fotograma tomado del corto documental Reclutamiento ilícito: cambiar las armas por educación, 2021, Comisión de la Verdad.
Guerra sucia
Afuera de la zona de distensión, la guerra sucia y el terror se incrementaban en un juego de espejos que buscaba estremecer a las clases medias y élites del país. A los asesinatos de Mario Calderón y Elsa Alvarado el 19 de mayo de 1997 y el de Eduardo Umaña el 18 de abril de 1998, se sumó el de Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999. Un año atrás, el periodista había sido mediador en la liberación de personas secuestradas de manera masiva en Cundinamarca. Gran parte de estos crímenes los cometió la banda La Terraza bajo órdenes de las AUC. En enero de 1999, las FARC habían asesinado al General Fernando Landazábal y en septiembre de ese mismo año a Jesús Antonio Bejarano (uno de los intelectuales que más había reflexionado sobre los procesos de paz en Colombia) en el propio campus de la Universidad Nacional.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Jorge Briceño, Archivo FARC-EP.
¡No más!
El 6 de junio de 1999 en Cali se produjo una gran movilización bajo la consigna de «¡No más!», tras el secuestro por parte del ELN de 194 personas que asistían a una eucaristía en la iglesia La María del barrio Ciudad Jardín. Para entonces ya una gran parte de la sociedad colombiana estaba hastiada de la violencia. El 24 de octubre se realizó una Gran Marcha Nacional que demandaba tres cuestiones concretas: «sacar a los civiles del conflicto, alto al fuego y negociación ya». Así mismo, se mantenía el lema «¡No Más!» como rechazo a la violencia.
Crédito de la imagen: Diario Occidente, 1999, FDO 0010063, Oscar Julián Arboleda Aguinaga liberado por el Eln. Cali, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
La crisis se profundiza
El 3 de julio del 2000, 18 meses después de iniciados los diálogos, el Gobierno y las FARC-EP intercambiaron sobres cerrados con sus propuestas para un cese al fuego bilateral y desescalar el conflicto se convirtió en un punto de discusión. Pero se avanzó muy poco a pesar del clamor nacional para que cesara la violencia.
La crisis se profundizó por dos hechos ocurridos en septiembre de 2000: primero, el secuestro de un avión comercial de la aerolínea Aires y su aterrizaje forzoso en la zona de despeje. Y segundo, el anuncio de un paro armado en Putumayo, debido al despliegue de la ofensiva antinarcóticos del Plan Colombia. Las FARC-EP demandaron la inmediata terminación del componente militar del Plan, que no se detuvo en su implementación.
En octubre del 2000 se publicaron las imágenes de los secuestrados de las FARC-EP recluidos en espacios cercados con alambre de púas. Estas imágenes asemejaban el cautiverio de los secuestrados en los campos de concentración nazis y generaron un gran impacto en la opinión pública.
Castaño había decidido actuar igual que la guerrilla y secuestró a un grupo de siete congresistas. En noviembre del 2000, las FARC-EP suspendieron el diálogo con el Gobierno como señal de protesta porque el ministro del Interior, Humberto de la Calle, se había reunido con Castaño para buscar la liberación de los secuestrados. Las FARC-EP tenían razón en algo: con las AUC no había un proceso de paz en marcha, pero se les trataba como si lo hubiera. Para entonces se había realizado un congreso ganadero en el que Álvaro Uribe Vélez dijo que de llegar a ser presidente acabaría con la zona del Caguán.
Crédito de la imagen: Fotograma tomado del video del Ejército Nacional de Colombia, 2019, Operación Sodoma «9 años de un golpe al corazón del mal».
El Acuerdo de San Francisco de la Sombra
Dado que el Gobierno se comprometió a combatir a los paramilitares, la Fiscalía sacó del cajón los procesos muertos del parqueadero Padilla y a finales de mayo de 2001 allanó la sede de Funpazcor (fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC) y la de los ganaderos de Córdoba, y más adelante la casa de Salvatore Mancuso. Eso le devolvió algo de confianza a las FARC-EP y el 29 de junio de 2001 se dio un canje con la liberación de 305 militares y policías a cambio de 16 presos de esa guerrilla. Estas liberaciones dieron paso el 5 de octubre al Acuerdo de San Francisco de la Sombra, que pretendía consolidar el proceso de paz y estudiar la posibilidad de un cese al fuego que nunca llegó a concretarse.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.
El narcoparamilitarismo se abre espacio
Por una razón que nadie comprendió en ese momento, Carlos Castaño renunció a la jefatura principal de las AUC. Las autodefensas vivían una disputa intestina alrededor del narcotráfico que ponía en cuestión la narrativa que había instalado Castaño: la de un hombre que se defendía de la guerrilla. Las AUC estaban actuando básicamente para los intereses de los narcotraficantes, especialmente los del Norte del Valle que tenían vasos comunicantes a fondo con sectores de la Policía. Muchos de estos narcos confluyeron a las AUC y, aunque en un principio Castaño quiso tener el control, para este momento ya no lo tenía. Los narcoparamilitares estaban abriendo espacio en la región del Naya y se habían creado el Bloque Centauros y el Bloque Central Bolívar de las AUC. Todo esto respondía a una mayor alianza con el narcotráfico.
Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2003. Colombia 0158. Bloque Metro de las Autodefensas.
Santa Fe de Ralito
Al tiempo que Carlos Castaño renunciaba a la jefatura de las AUC, en julio de 2001 se estaba haciendo una reunión de Santa Fe de Ralito que no era la única ni la primera, pero sí la más emblemática. El encuentro fue convocado por un político conservador cercano a Pastrana. Muchos políticos de la costa aseguran que asistieron creyendo que era una reunión autorizada por el presidente, que estaba buscando caminos para la paz con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC. Allí estuvieron Mancuso y algunos de los políticos de su entraña. Lograron un acuerdo firmado por todos, en el que se hablaba de refundar la patria. Se trataba de un acuerdo electoral para elegir congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, otros funcionarios públicos, incluidos fiscales para garantizar la impunidad. El proyecto implicaba matar a quienes se les opusieran y hacer una repartición óptima de los votos.
Luego de la suscripción del pacto, algunos de los políticos firmantes lograron acceder a cargos de elección pública o recibieron el aval para sus campañas; por su parte, los paramilitares lograron controlar políticamente las zonas en las que delinquían, expandiendo su poder económico y militar y convirtiéndose en coadministradores de los recursos públicos en la Costa Caribe.
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2003, Sin código, Salvatore Mancuso comandante de las AUC. Tierralta, Córdoba.
Cambia el discurso
La noche del 21 de febrero de 2002, Pastrana hizo una alocución televisada de 22 minutos en la que informó que daba por terminado el proceso de paz con las FARC-EP. Para efectos narrativos la violencia, el terrorismo, el fracaso de los diálogos, la falta de voluntad política, entre otros, no eran responsabilidad únicamente de una organización sino de nombres y rostros concretos que eran reconocidos en la opinión pública: Manuel Marulanda, Raúl Reyes y el Mono Jojoy.
Crédito de la imagen: Fotograma tomado de Presidencia de la República, 2002, Sin código, Pastrana decretando el fin del Caguán, Archivo Presidencia de la República
Álvaro Uribe lidera intención de voto
Existe una correlación entre la creciente impopularidad del proceso de paz y el crecimiento de Uribe en las encuestas, quien fue la primera persona en ganar la Presidencia de Colombia en la primera vuelta electoral con un 54% de la votación. De acuerdo con la segunda Gran Encuesta de Napoleón Franco, un 48% lo apoyaba por sus posturas en materia de paz y seguridad.
Tras el rompimiento de la mesa de negociaciones en El Caguán, en época preelectoral, el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, pasaba de tener un 23.4% de intención de voto para la Presidencia en septiembre de 2001, a un 39% en enero de 2002 y un 59.5% de intención de voto en febrero de 2002.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, BPP-F-032-0383, Turbo-Campaña política, Archivo Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
Fin de un periodo
La terminación de los diálogos del Caguán, además del reconocimiento de las FARC-EP como una organización terrorista por parte de 33 Estados -entre ellos Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea- marcaron el fin del tercer periodo del conflicto armado y el inicio de una nueva etapa que coincidía con la elección de Álvaro Uribe Vélez como nuevo presidente de Colombia, quien gobernaría durante el período 2002-2010.
Lea acá el relato histórico: No Matarás
Crédito de la imagen: Chavarro, Carlos, 1994, FDO 023184, Andrés Pastrana Arango, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
