Narcotráfico


El fin de la guerra insurgente y contrainsurgente

La persistencia de la violencia

La firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrrilla de las FARC-EP en 2016 (hipervínculo hito 23)  representa el cierre de la guerra insurgente y contrainsurgente en Colombia, e incluso en América Latina. Con la desmovilización y reincorporación de la guerrilla más longeva del hemisferio, la lucha armada cerró definitivamente su ciclo en el continente

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Años críticos

La experiencia internacional

La experiencia internacional ha demostrado que es altamente probable que en los países que han tenido acuerdos de paz la violencia persista.

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El problema de las drogas

Aunque en las negociaciones de paz de La Habana se reconoció que el narcotráfico se articuló con los actores de la guerra, este nudo lejos de resolverse sigue creciendo. El Acuerdo de paz de 2016 es novedoso en su enfoque frente a este problema pues no recae toda la responsabilidad en el campesino cultivador y se buscan fórmulas de sustitución y desarrollo territorial.

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Los grupos que permanecen en armas

El riesgo de una nueva generación de combatientes

Mientras se escribe este informe, además de que el ELN se mantiene en varios reductos locales, hay que sumar la presencia de los grupos herederos del paramilitarismo y toda una constelación de grupos rearmados y disidentes de las FARC que han buscado hacerse a diferentes territorios claves para el narcotráfico o para otras economías ilegales.

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Asesinato de líderes sociales y excombatientes

La mayor preocupación que se tiene actualmente es sobre el aumento del asesinato de líderes sociales. La agenda reformista de los Acuerdos de Paz, en medio de una reactivación de la violencia, generó entre 2017 y 2020 un incremento exponencial en las muertes violentas de líderes y al año siguiente una importante reducción. Según la Defensoría del Pueblo en 2017 se presentaron 126 casos; en 2018, 178; en 2019, 134; en 2020, 182; y en 2021, 145 muertes.

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Nueva agenda política nacional

La consulta anticorrupción

A pesar de los traspiés, firmar la paz con las FARC-EP dista mucho de ser un fracaso. Se logró la desmovilización de 13.609 excombatientes, de los cuales el 94,9% están activos y cumpliendo con su proceso de reincorporación; las FARC-EP entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de seis meses; en 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24,8 por cada 100.000 habitantes; entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70 %

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El estallido social

Entre 2019 y 2021 el país vivió el estallido social más importante de su historia, activado inicialmente por la presentación de una reforma tributaria y a la educación superior y acentuado por la pandemia del COVID-19. Según el DANE, para 2020 el 42,5% de los y las ciudadanas se catalogan como pobres.  Una coyuntura que mostró, por un lado, nuevas expresiones sociales que no caben en los marcos de referencia clásicos y que sus demandan no han podido ser incorporadas a través de los canales institucionales.

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Entrega de armas Guerrilla Mochará del LLano. Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, Imagen 1911, "Entrega de armas del Llano - Guerrilla Mochará", Colección fotográfica Fondo Jorge Eliécer Gaitán.

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Delegación de paz de las FARC-EP, Diálogos de la Uribe. Crédito de la imágen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.

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Diálogos de Paz. Tlaxcala, México. Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP

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Andrés Pastrana y ‘Manuel Marulanda’ en los diálogos del Caguán. Andrés Pastrana y ‘Manuel Marulanda’ en los diálogos del Caguán

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Desactivar un nuevo ciclo de violencia

La guerra no es inherente a la sociedad colombiana. Tampoco podemos hablar de una naturaleza violenta o no violenta de los colombianos. La guerra obedece a factores políticos, económicos, sociales y culturales que no son estáticos ni configuran una condición inamovible e insuperable. 

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La marcha del silencio.

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Crédito de la imagen: Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1948, Imagen 1590, Marcha del Silencio, Colección fotográfica Fondo Jorge Eliécer Gaitán.
Participación de las mujeres en el Plebiscito de 1957

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Crédito de la imagen: Rodriguez, Manuel H., 1957. Bogotá 1957-12. Primera votación femenina. Foto 77069-2-65. Archivo Maestro Manuel H.
Manifestación de Bienvenida la Paz.

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Crédito de la imagen: Crédito de la imagen: Gómez,Gustavo 1948, FDO03771, Bienvenida a la Paz,Centenares de caleños, reunidos en la Plaza de Caycedo, saludan con pañuelos blancos la llegada de la paz al país. La manifestación ciudadana se celebró al mediodía frente a la Catedral Metropolitana. Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Marcha por la paz de la Virgen de Chiquinquirá (patrona de Colombia), Bogotá, julio de 1999

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Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2003, sin código, Marcha por la paz de la Virgen de Chiquinquirá.
Colombianos celebran la paz

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Crédito de la imagen: .
Marcha Indígena con la Bandera de la Paz

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Crédito de la imagen: Narváez,2011,FDO 03794, Marcha Indígena con la Bandera de la Paz, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Marchas a favor del acuerdo de paz (5 de octubre 2016)

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Crédito de la imagen: Autor desconocido, 2016, Marchas a favor del acuerdo de paz (5 de octubre 2016), El Tiempo.

La sociedad civil

La participación política de la ciudadanía

El rol de la sociedad civil en todas sus formas ha sido determinante para ponerle fin a la guerra y hacer la paz. Primero que todo, con el voto. El Frente Nacional, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016 fueron posibles por el voto de los ciudadanos.

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Primer mandamiento de la democracia

Colombia está a tiempo de desactivar los factores que la han empujado a varios ciclos de guerra y de atender las violencias emergentes. Con decisión, el país puede convertirse en el más pacífico de la región y del mundo en los próximos 30 años. La Comisión de la Verdad deja en manos de los colombianos y las colombianas este trabajo que condensa la escucha atenta de diversas voces implicadas en la guerra. Este es un aporte para el futuro, la paz y la democracia.

 

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La guerra en firme

El paro cívico nacional de 1977, que paralizó a Bogotá y a otras ciudades del país, creó la ficción de que la insurrección popular, y por ende el triunfo de la revolución estaba cerca. Esto hizo que tanto el Gobierno como las guerrillas tomaran decisiones radicales

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En Nicaragua, Anastasio Somoza es derrocado por una guerrilla

En julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua.

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Sexta Conferencia de las FARC

En enero de 1978, cuatro meses después del paro cívico de 1977, las FARC realizaron su Sexta Conferencia, donde adoptaron un plan estratégico para la toma del poder. La tesis subyacente a esta decisión era que con el paro de septiembre el pueblo demostraba que estaba listo para la insurrección: faltaba la vanguardia armada.

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Las medidas del Estatuto

Las medidas adoptadas por el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) se pueden resumir en: restricción de las libertades fundamentales como derecho de reunión, de libre expresión, autorización de despidos masivos en casos de paros y huelgas, entre otras; control de la producción y difusión de la información; se legitimó la jurisdicción militar sobre civiles en hechos relacionados con afectaciones al orden público. Aunque esto no era nuevo, bajo el concepto de turbación del orden público, los jueces militares estuvieron en condición de someter a Consejos Verbales de Guerra a quienes consideraran una amenaza.

Crédito de la imagen: Jaramillo, Cristobal,1980, FDO018617,Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
«Dictadura disfrazada de democracia»

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«Dictadura disfrazada de democracia»

En la práctica, el Estatuto convirtió en potencial enemigo interno a los disidentes políticos, intelectuales críticos, líderes sociales, sindicales, campesinos e integrantes de los nuevos movimientos urbanos. Los organismos de inteligencia persiguieron y relacionaron con la insurgencia a quienes eran críticos del sistema.

Cuando se expidió el Estatuto de Seguridad, 13 de los 19 países de América Latina estaban bajo dictaduras militares. Colombia, en teoría, se mantenía en democracia. Sin embargo, las prácticas y restricciones del Estatuto fueron idénticas e incluso en algunos casos peores que las de esas dictaduras.

El 30 de octubre de 1978 la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional dicho Estatuto con una votación dividida (19 a favor, 5  en contra, 6 salvamentos de voto). Dos de los cinco magistrados llamaron el Estatuto una «dictadura disfrazada de democracia».

Crédito de la imagen: Jaramillo, Cristobal, Diario Occidente, 1980, FDO000044, Familiares de procesados del M-19 en la sala de Consejo de Guerra, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.

El Estatuto de Seguridad

«Dictadura disfrazada de democracia»

El 13 de septiembre de 1978, un mes después de haberse posesionado, el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) expidió el Decreto 1923 a través del cual se adoptó el Estatuto de Seguridad que su antecesor, Alfonso López Michelsen, se había negado a adoptar en medio del paro cívico de 1977.

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Tortura y vejámenes sexuales

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Torturas y vejámenes sexuales


Las personas detenidas fueron juzgadas por la Justicia Penal Militar en Consejos Verbales de Guerra. Además de la Escuela de Caballería, la Comisión de la Verdad tuvo noticia de torturas cometidas en el Hospital Militar de Bogotá, la Brigada de Institutos Militares, las cuevas del Sacromonte en la Escuela de Comunicaciones de Facatativá y en la Escuela de Infantería del Ejército Nacional. También de vejámenes sexuales contra hombres y mujeres. Aunque no hay datos forenses que permitan hacer una afirmación contundente, testimonios de sobrevivientes y de funcionarios judiciales permiten inferir que las mujeres víctimas de desaparición forzada suelen ser también objeto de brutales violencias sexuales antes y después de ser asesinadas.

Crédito de la imagen: Ospina, Viki, 1973 (2018),Que cesen las torturas. De la serie "Movimientos sociales", AP6444, Banco de la República. .

Asalto del M-19 al Cantón Norte profundiza la represión

Tortura y vejámenes sexuales

El primero de enero de 1979 un hecho profundizó la represión. Un comando del M-19 asaltó el depósito de armas más grande e importante del Ejército, en el Cantón Norte de Bogotá. Sustrajeron más de 5.000 armas y se atribuyeron la operación.

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Se sientan las bases del movimiento de derechos humanos

Debido a las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, respaldadas por obispos, arzobispos, rectores universitarios, excancilleres y periodistas, la Cámara de Representantes designó una comisión para investigar la tortura.

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Negacionismo estatal

En 1979, desde París, el presidente Julio Cesar Turbay Ayala enunció una frase que pasaría a la historia como un hito del negacionismo estatal sobre las violaciones de los derechos humanos: «En Colombia el único preso político soy yo».

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La toma de la Embajada, entre otros actos del M-19

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La toma de la Embajada, entre otros actos del M-19

El M-19 exigía la liberación de cerca de 300 detenidos y 50 millones de dólares. El presidente Turbay Ayala asumió la rienda de la negociación, para preservar la vida de los rehenes. Al final los miembros del M-19 obtuvieron tres millones de dólares y un avión en el que viajaron rehenes y secuestradores hasta Cuba. Allí los primeros obtuvieron la libertad y los segundos volvieron rápidamente a Colombia para seguir en armas.

La guerra apenas comenzaba: el 15 de diciembre de 1980 el M-19 secuestró un avión comercial con 130 pasajeros que aterrizó en La Habana. En octubre de 1981 secuestraron un avión en Medellín, lo cargaron de armas en La Guajira y aterrizó en el río Orteguaza en Caquetá. Ese mismo año, en noviembre, la Armada hundió el barco Karina con 400 toneladas de armas. En enero de 1982 nuevamente secuestraron un avión de pasajeros para denunciar los crímenes contra miembros de esa guerrilla que estaban realizando los carteles del narcotráfico como retaliación por el secuestro de Marta Nieves Ochoa.

Crédito de la imagen: Diario de Occidente, 1982, FDO000052, Avión de Carlos Ardila Lulle el cual fue prestado para que los secuestradores del M-19 huyeran, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
El fin del Estatuto de Seguridad

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El fin del Estatuto de Seguridad

En documentos entregados a la Comisión de la Verdad, el exmagistrado del Consejo de Estado Manuel Urueta Ayola, quien fue secretario general de la Presidencia de Julio César Turbay Ayala, argumentó que el Estatuto de Seguridad se dio en un contexto de tensiones políticas y económicas heredadas por Turbay, así como también lo fueron los mecanismos excepcionales para manejar la seguridad contemplados en la Constitución de 1886.

El 23 de marzo de 1981 se promulgó la Ley 37 que otorgaba amnistía a los rebeldes. Esta fue rechazada por las guerrillas dado que se restringía a los delitos de rebelión, sedición y asonada y no a otros como secuestro, homicidios o extorsión. En diciembre de 1981, el presidente convocó a la primera comisión de paz, encabezada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, que recomendó ampliar la amnistía a los delitos excluidos. Como el Gobierno no aceptó la propuesta, la comisión se desintegró. En febrero de 1982, Turbay les ofreció a las guerrillas la suspensión de la acción penal si entregaban las armas, algo que tampoco fue aceptado.

Por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 9 de junio de 1982 fue restablecido el orden público y se levantó el Estado de Sitio. Para entonces ya había sido elegido como presidente Belisario Betancur.

Al final del gobierno de Turbay los militares consideraron que se había asestado un amplio triunfo porque en las cárceles estaban gran parte de las dirigencias de las organizaciones guerrilleras. Aunque los métodos con los que lo hicieron y su propia legitimidad estaba ampliamente cuestionada.

Sin embargo, el 14 de julio de 1982, apenas tres semanas para que Turbay dejara el poder, el M-19 lanzó un ataque contra la Casa de Nariño: «Señor presidente: Le despertamos de nuevo con nuestros morteros, para recordarle que su Gobierno es para nosotros y para todo el pueblo colombiano el de la intransigencia y el desastre de la tolerancia». El M-19 acusó a Turbay de complicidad con los funcionarios corruptos y las «bárbaras acciones» del Ejército. El comunicado terminaba reafirmando la «voluntad de paz» del grupo guerrillero, así como su voluntad «para que se abran en el país los horizontes de justicia y bienestar». (El País, «La guerrilla colombiana ataca con morteros el palacio presidencial», El País)

Crédito de la imagen: Jaramillo, Cristobal, 1980, FDO000005,Audiencia Consejo de Guerra sindicados intento de secuestro 1980, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.

Reacción del M-19

Y el fin del estatuto de seguridad

La reacción del M-19 ante las detenciones y los consejos verbales de guerra fue la toma de la Embajada de República Dominicana, entre el 27 de febrero y el 27 de abril de 1980, en la que mantuvieron como rehenes a 15 diplomáticos.

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Hostigamiento a campesinos, exilio y guerrilla

Aunque hubo notables intelectuales perseguidos en la cacería que se desató con el Estatuto de Seguridad, la peor parte la llevaron los campesinos y pobladores de territorios estigmatizados con el apelativo de «zona roja», donde los militares tenían la potestad de controlar la vida cotidiana de las personas.

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Narcotráfico: tercer actor

Para finales de la década de los setenta, las guerrillas estaban comprando armas para la insurrección y la Fuerza Pública perseguía a activistas y militantes para evitar una revolución como la que acababa de triunfar en Nicaragua. Mientras tanto, un nuevo poder emergía de las sombras de la ilegalidad: el narcotráfico.

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Colombia: proveedor No. 1 de coca a Estados Unidos

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Ni el narcotráfico ni las drogas eran nuevas en Colombia. Hay registros de tráfico de sustancias psicoactivas desde los años veinte y para los años cincuenta Medellín era «un centro internacional de narcotráfico donde al igual que en Cuba existían laboratorios para el procesamiento de morfina, heroína y cocaína». (Sáenz Rovner, «La prehistoria del narcotráfico en Colombia».).

Para 1965 el 100% de la cocaína que se consumía en Estados Unidos era proveída por colombianos, quienes la procesaban y  comercializaban. Para 1976 se estimaba que las exportaciones de cocaína y marihuana eran la tercera parte de las exportaciones de café y constituían la mitad de todas las exportaciones colombianas.

Entre 1976 y 1986, las inversiones de dineros del narcotráfico en el sector privado se duplicaron. Esos dineros se habrían lavado profusamente en el sistema financiero en la década de los setenta, a través de la llamada ventanilla siniestra (el Banco de la República compró dólares sin restricciones por lo que se facilitó el lavado de activos). Esos dineros legalizados por el propio sistema ingresaron a la economía para compra de tierras, ganado, en el sector inmobiliario,  en la industria química y el transporte. La actividad de los narcotraficantes se asentó en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Carlos Lleras - VIVA VOZ - Visita presidencial a los EEUU de Carlos Lleras Restrepo. 20 jun 2016 Visita al presidente Richard Nixon y otras personalidades del gobiernos estadounidense por parte del presidente Carlos Lleras Restrepo. Fundación Carlos Lleras Restrepo.
El auge de la marihuana

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Del consumo de la marihuana se sabe que fue profuso durante la construcción del Canal de Panamá  y en proporciones significativas durante La Violencia (1948 a 1958). Pero se hizo popular en casi todo el mundo en las décadas de los sesenta y setenta. En Colombia su auge inició en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde allí era exportada por rutas antiguas de contrabando de la Guajira y Magdalena, aunque también por vía aérea y en bultos de café, en medio la gran bonanza del grano de mitad de los setenta. La marihuana tuvo un auge corto. El gobierno de Julio César Turbay acogió la propuesta de Estados Unidos y fumigó con paraquat  buena parte de estos cultivos en el Caribe.

Pero estos no se acabaron, sino que se trasladaron con semillas mejoradas y resistentes a Guaviare, Meta, Cauca y Vichada, entre otros. Estos eran los mismos lugares a los que había llegado una masa inmensa de campesinos sin tierras, que fueron a abrir la frontera agrícola luego de fracasada por segunda vez la reforma agraria. Un campesino relató así su experiencia a la Comisión de la Verdad: «La entrada de la coca y la marihuana se debió al desastre económico del campesinado colono al que impulsaron a sembrar maíz, le hicieron perder la cosecha y lo dejaron en la miseria. Los cultivos de marihuana provinieron de los narcotraficantes de la Guajira y se estableció en el municipio de Vistahermosa, Meta, esa fue la capital de la marihuana en los Llanos. Para 1976, más o menos, la marihuana se desplegó hacia Puerto Concordia, Mapiripán y el Guayabero, y recuerdo que el mayor exponente de este cultivo fue Rodríguez Gacha».  (Entrevista: 433-CO-00284. Hombre, campesino, colectiva)  

Una explicación es que ante la falta de una reforma agraria verdadera, los colonos llegaron a territorios donde el Estado tampoco les ofreció soluciones para construir una economía campesina. En cambio, los narcotraficantes trajeron una mejor oferta. La ventaja comparativa de sembrar marihuana o coca en medio de la selva era que los carteles la compraban allí directamente.

Crédito de la imagen: Serna, Humberto FDO016140,Avioneta en pista clandestina, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
La coca

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La hoja de coca es de uso ancestral de los pueblos indígenas en Colombia y en otros países de América Latina. Desde los años veinte su consumo comenzó a ser restringido y en 1936 se prohibió por primera vez su tráfico y se penalizó su venta, aunque no el consumo. Según la ley de aquella época, cuando alguien cometiera un delito bajo el influjo de las drogas debería ser internado en un manicomio. Posteriormente se estableció el monopolio del Gobierno sobre el comercio de productos que generaran «hábitos perniciosos». (Recuento tomado de: Salazar Jaramillo, La cola del lagarto, 53-59)

Los cultivos de coca comenzaron en los años setenta en el sur del país, con semillas que venían de Perú y Bolivia. Durante estos años en las selvas colombianas había laboratorios para elaborar cocaína, pero la pasta era traída de estos dos países. Los narcotraficantes promovieron la siembra de coca y que los propios campesinos la convirtieran en base con insumos comunes como gasolina, éter, acetona, cemento y cal, todos ellos de acceso en el mundo rural. En pocos años ya la coca era el cultivo estrella.

Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo, FDO015729, Avión de Avianca Colombia en el Aeropuerto Bonilla Aragón. Perros en busca de coca, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Colombia acoge la declaración de Guerra contra las Drogas por parte de Estados Unidos

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Para cuando el presidente Richard Nixon declaró el consumo de drogas como enemigo público, su gobierno estaba perdiendo la guerra de Vietnam y los congresistas de su país, en visita al país asiático, habían constatado que por lo menos el 15% de los soldados eran adictos a la heroína. Tres años después, Nixon creó la DEA (del inglés Drug Enforcement Agency) y un año más tarde, en 1975, abandonó Vietnam. La guerra contra las drogas estuvo unida en adelante a la doctrina contrainsurgente que emergió de la derrota de Vietnam: la guerra de baja intensidad.

Las drogas abrieron un nuevo frente para la injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad.  En 1973 el presidente colombiano Misael Pastrana Borrero penalizó el consumo de las drogas y creó el Consejo Nacional de Estupefacientes. Desde mediados de los años setenta oficiales del Gobierno estadounidense empezaron a interactuar con los presidentes de Colombia sobre el tema antidrogas.

Si bien desde Estados Unidos se señalaron múltiples desconfianzas sobre la corrupción de las diferentes entidades públicas, en especial en la Aduana y la Aeronáutica Civil, también se buscó introducir su agenda antidrogas. En ese contexto, luego de que la Casa Blanca filtró documentos en los que se señalaba a varios políticos de tener nexos con el narcotráfico,  el presidente Julio César Turbay Ayala firmó el Tratado de Extradición con Estados Unidos en 1979  e inició las fumigaciones a los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Carlos Lleras - VIVA VOZ - Visita presidencial a los EEUU de Carlos Lleras Restrepo. 20 jun 2016 Visita al presidente Richard Nixon y otras personalidades del gobiernos estadounidense por parte del presidente Carlos Lleras Restrepo. Fundación Carlos Lleras Restrepo. (https://www.youtube.com/watch?v=G66aveYIrB4&t=41s).

Un nuevo enemigo público

En 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declara a las drogas como el «enemigo público» número uno. Mientras tanto en Colombia proliferan los complejos cocaleros y el país, desde la década anterior, es el proveedor número uno de cocaína a Estados Unidos.

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Los complejos cocaleros y la «contrarreforma agraria»

El Cartel de Medellín era dueño de casi todos los laboratorios en el sur del país, ocultos en la frondosa manigua. Sacar la cocaína de las selvas implicaba una gran operación logística. Se hacía por aire, en aviones a la vista de las autoridades, y por carreteras, que eran y son aún hoy las vías principales para sacar la cocaína hasta los puertos.

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Entre la espada y la pared

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Una vez establecida la economía cocalera en sur, los campesinos empezaron a sentirse doblemente perseguidos por subsistir de estos cultivos. Un campesino describió a la Comisión de la Verdad lo que él determinó como «doble penalidad», la cual consistió en la persecución del Estado y de las FARC-EP: «Empezó el cultivo de marihuana y coca las FARC se opusieron a que el campesinado sembrara eso. Esa persecución y prohibición se dio más o menos hasta 1979. Hacia el 80, 81 ellos dejaron de molestar al cultivador, dejaron de pelear contra la economía de la región ya que ellos subsisten también de lo que el campesino subsiste. Además vieron que ellos podían sacar también réditos económicos importantes de la coca». (Entrevista 433-CO-00284. Campesinos, Meta y Guaviare)

Años después, las FARC-EP comenzaron a comprar la pasta base al campesino y venderlo directamente a los narcotraficantes. Esto se debió a la intención de evitar problemas entre los campesinos y los compradores de la base de coca y a los réditos económicos que obtenían de esa transacción para financiar la guerra.

Crédito de la imagen: Emanuel, Héctor, Cosecha de coca. Putumayo, Colombia 2003.
La comunidad busca protección en las FARC-EP

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Diversos testimonios dan cuenta que los esmeralderos, que eran dueños de los cultivos, usaron la violencia contra los campesinos y esto hizo que las comunidades buscaran protección en la guerrilla. Según las FARC-EP, esto favoreció la consolidación del grupo guerrillero en el sur del país, ya que este hizo contrapeso al accionar violento sobre las comunidades por parte de los narcotraficantes y sus ejércitos privados, para garantizar mejores condiciones laborales y de vida al campesinado trabajador de la coca.  Esta guerrilla asumió el papel de un pseudo Estado y empezó a regular la vida de una población que, sin poder recurrir a las autoridades legales, aceptó las reglas impuestas. Era cuestión de sobrevivencia. La consolidación territorial estuvo lejos de ser pacífica y tuvo altos niveles de coacción violenta.

Las guerrillas tocaron los intereses de los narcotraficantes y a partir de entonces un sector de estos se sumó a la guerra contrainsurgente. Había un enemigo común. Por un lado, las FARC-EP les cobraban por la presencia de laboratorios, les impusieron reglas de juego en la compra de la base de coca y en el relacionamiento con los campesinos. Por otro lado, otras guerrillas como el EPL, el ELN y las propias FARC-EP los estaban extorsionando y secuestrando en el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, donde los narcotraficantes se habían convertido en terratenientes y ganaderos. A eso se sumó que el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, socios de Pablo Escobar.

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, Esta familia de cuatro tiene una finca de coca. Ellos con la ayuda de toda la familia y con algunos vecinos siembran, cosechan y elaboran la pasta cruda de coca de la que se hace la cocaína. Putumayo, Colombia, 2003.

Las FARC-EP y el narcotráfico

En los años setenta, las FARC-EP perseguían a los campesinos que sembraban marihuana y coca, pero a finales de la década pasaron a ser intermediarios entre estos y los narcotraficantes, comprándoles la pasta base a unos para vendérsela a los otros. Esto los acercó a los narcotraficantes, pero también produjo muchos problemas.

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Dineros del narcotráfico en las campañas de López Michelsen y Betancur

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Los rumores (o certezas, según Estados Unidos) de financiación de campañas políticas desde la década de los setenta eran comunes. Según el expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) en conversación pública con la Comisión de la Verdad la financiación de las campañas se incrementó a partir de 1974. Este vínculo entre políticos, en particular del Partido Liberal, y la mafia, fue uno de los motivos para que Luis Carlos Galán, joven político promovido por el expresidente Lleras Restrepo, se marginara de esa colectividad y creara el Nuevo Liberalismo.

Para 1982 la entrada de «dineros calientes» a las campañas presidenciales parecía más que obvia. Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad señalan que a la campaña de Alfonso López Michelsen también entraron estos dineros, y la biografía del mismo, escrita por Stephen J. Randal, señala que la campaña liberal no fue la única que recibió dineros del narcotráfico, sino que también lo hizo la de Belisario Betancur.
 
En el documental Los archivos privados de Pablo Escobar, Jaime Gaviria, primo de Pablo, dice: «La mafia en un principio estaba con López. Pero él se fue dando cuenta que ellos eran torcidos [...]. A Alfonso lo citaron un día a una reunión en Nápoles y el hombre no asistió. Ese mismo día resolvieron quitarle el apoyo a su candidatura. Belisario Betancur ganó la Presidencia de la República porque la mafia le volteó la costa Atlántica y La Guajira, le pagaban 10.000 pesos por voto a todo el que votara por Belisario». (Citado por Randall, Alfonso López Michelsen, 474. )

Lea acá el relato histórico: No Matarás

Crédito de la imagen: Autor desconocido, FDO023341, 1983, Defensa del país.Al reverso de la fotografía se anexa recorte: El excandidato Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Luis Carlos Galán rechaza públicamente a Escobar

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A finales de 1981, cuando Luis Carlos Galán estaba armando las listas para el Congreso del Nuevo Liberalismo, recibió el apoyo de un grupo en Antioquia, Renovación Liberal, en el cual figuraba como suplente Pablo Escobar Gaviria. Escobar era considerado un Robin Hood paisa que regalaba dinero y obras en los barrios donde los gobiernos no lo hacían, pero en Medellín era vox populi que su inmensa fortuna provenía del narcotráfico.

En tribuna pública, Galán dijo que no podía aceptar el apoyo político ni financiero de alguien cuya riqueza era de dudosa procedencia. Sin embargo, Escobar Gaviria fue acogido por el movimiento del político Alberto Santofimio Botero, con beneplácito de los dirigentes nacionales del Partido Liberal. Al respecto, Santofimio le dijo a la Comisión de la Verdad. «Nadie, absolutamente nadie lo cuestionó en ese momento. Había rumores de que era una persona con mucho dinero, que no se sabía de dónde procedía, pero jamás hubo pruebas y él se amparaba en la presunción de inocencia. No había nada en Procuraduría, no había nada en los juzgados, no había ningún rastro» (Entrevista 142-PR-03174. Alberto Santofimio Botero, político)

Crédito de la imagen: Diario Occidente, 1984 FDO023320, Campaña de Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.

Política y narcotráfico

Luis Carlos Galán denuncia públicamente la relación entre política y narcotráfico

Los narcotraficantes buscaron muy pronto protección política y judicial, por lo que compraron campañas políticas y operadores de la justicia, así como militares. Usaron sus ejércitos privados para defender sus intereses a sangre y fuego.

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Convergencia de intereses

Entre los narcotraficantes y los políticos había una convergencia de intereses que llevó a una temprana tolerancia de los partidos con las mafias. En un país cuya abstención ascendía a 52%, comprar el voto se volvió una práctica recurrente.

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Sobre las recomendaciones

Este video da a conocer algunos aspectos generales de las recomendaciones que la Comisión de la Verdad planteó en su informe final.