Al finalizar los noventa, la situación en Colombia empezaba a ser conocida como una de las peores del mundo en cuanto a violaciones de derechos humanos. Para 2002, era el segundo país con la mayor crisis humanitaria después de Sudán. Por eso, el Estado permitió la entrada de burocracias internacionales, creó instancias nacionales y escuchó a organizaciones no gubernamentales; adoptó estándares de Derecho Internacional Humanitario y buscó recomponer sus relaciones con Estados Unidos, permitiendo que se impusiera la agenda antidrogas mediante el Plan Colombia.
El Gobierno expidió el Acto Legislativo 02 de 2001 que autorizó al Estado colombiano a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), que había sido creada por el Estatuto de Roma. Luego este fue aprobado por el Congreso de la República y la Corte Constitucional lo declaró exequible. Esto implicó que, a partir del 2002, si Colombia no hacía justicia, la haría la CPI y que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no podían ser amnistiados. Colombia, sin embargo, firmó una salvaguarda hasta 2009 sobre estos últimos, con la esperanza seguramente de cerrar el conflicto armado antes de ese año.
Desde que Colombia fue uno de los primeros estados firmantes del Estatuto de Roma en 1998, se había manifestado el interés del Estado por internacionalizar el conflicto como medio para presionar a los actores armados para su pronta desmovilización. Adoptar la nueva conciencia humanitaria puso a la justicia y a las víctimas en el centro de cualquier salida política al conflicto armado interno.
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