Esta guerra está viva

Las motivaciones o lógicas –que constituyen los objetivos de los grupos armados y apuntan a los beneficiarios de la guerra– emergieron al identificar momentos, dinámicas y estrategias empleadas en el conflicto armado por parte de los grupos armados ilegales y de la fuerza pública, y se presentan a partir de casos y testimonios relacionados con diferentes violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.

Sostener una guerra implica administrar el personal, distribuirlo, entrenarlo. Es necesario contar con los recursos para comprar armas, abastecerse de alimentos y uniformes, costear el transporte y alojamiento de las tropas y la logística de las operaciones militares, así como para consolidar sistemas de administración y disciplina internos. La duración e intensidad del conflicto armado implicó que los diferentes grupos armados buscaran formas para financiar su actividad y expandir sus capacidades bélicas, logísticas o de inteligencia, y fortalecer sus discursos internos (contraestatales o paraestatales), sostener la cohesión interna y el ánimo de la guerra.

"La guerra necesitaba miles y miles de millones de pesos. Eso no se peleaba, como dijo una vez en una entrevista Ramón Isaza, con venta de empanadas [...]. Eso es un cuento chimbo, por Dios. La realidad del conflicto es otra, la guerra se gana con plata y el que no esté dispuesto a ganarla [que] no se meta a la guerra"

En ese contexto, y sobre todo cuando se incrementaron los programas, planes y ofensivas militares y las respuestas a estas, se presentaron graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. En ese orden de ideas, en este apartado que se encuentra en el tomo completo, se describirán las modalidades de violencia más relevantes que se convirtieron en métodos para garantizar el sostenimiento material de los grupos armados; las que buscaron incrementar la capacidad bélica contra los adversarios, pero que muchas de ellas se dirigieron contra la población civil; y aquellas prácticas implementadas al interior de los grupos armados para resguardar la integridad y disciplina interna.

Las guerrillas buscaron que aquellos que consideraban «el enemigo» cubrieran los costos económicos, pero con el paso del tiempo ampliaron sus acciones bélicas a un amplio espectro de la población civil. Cometieron principalmente secuestros con fines económicos; extorsiones, conocidas como «vacunas» o «impuestos de guerra», que debían asumir los sectores económicos más pudientes; asaltos a entidades bancarias y empresas transportadoras de valores, y robo de ganado. Las víctimas, en sus testimonios, asociaron a las guerrillas con otras infracciones como amenazas de muerte, trabajo forzoso y violencias sexuales contra las mujeres como métodos de presión para garantizar el pago de las exigencias, así como homicidios y desplazamiento forzado.

Los paramilitares se enfocaron en el narcotráfico, los recursos provenientes de las rentas públicas, el robo de combustibles y de ganado, el despojo de tierras, el pillaje y, en menor medida, el secuestro (aunque, paradójicamente, habían declarado entre sus objetivos luchar contra esa forma de criminalidad). También recibieron contribuciones voluntarias de quienes los promovieron, y contaron con facilidades para instalarse y entrenar a sus tropas en fincas de los comandantes o de terratenientes de las zonas donde operaron. Para optimizar estas formas de financiamiento, ejecutaron masacres, desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones. Asimismo, tal como se ha constatado judicialmente ^{Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia caso 19, Comerciantes vs. Colombia, Sentencia 5 de julio de 2004, 5 de julio de 2004. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia 15 de septiembre de 2005, Caso de la «Masacre de Mapiripán vs. Colombia», 15 de septiembre de 2005. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, 11 de mayo de 2007.}, miembros de la fuerza pública los proveían de armamento, municiones, material de guerra y apoyo logístico.

El crecimiento, sostenimiento y fortalecimiento de la fuerza pública ha estado sustentado en los recursos asignados por el Estado por medio del Presupuesto General de la Nación (PGN), mecanismos fiscales conocidos como «impuestos para la guerra» ^{Contribuciones obligatorias destinadas al financiamiento de las distintas fuerzas que conforman el Ministerio de Defensa. Ver Decreto 2009 del 14 de diciembre de 1992; Decreto 265 del 5 de febrero de 1993 («contribución» para «la financiación y dotación de las Fuerzas Armadas»); decretos 1838 y 1949, respectivamente, del 11 y 29 de agosto de 2002; y Decreto 413 del 21 de febrero de 2003 («impuesto para preservar la seguridad democrática»).} y «bonos de guerra» ^{Instrumento creado por algunos gobiernos para financiar los gastos de defensa y seguridad del Estado. Consistían en la emisión de títulos valores cuya compra era obligatoria para las personas con determinados patrimonios y podían ser usados para el pago de impuestos, intereses, anticipos, retenciones y sanciones a la DIAN (Ley 345 de 27 de diciembre de 1996, «bonos para la seguridad», y decretos reglamentarios 204, 1037 y 1127 de 1997; Ley 487 del 24 de diciembre de 1998, «bonos de solidaridad para la paz», y Decreto reglamentario 676 de 1999).}, otros recursos provenientes de entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional como el Instituto Nacional de Industria Militar (Indumil) y contribuciones de sectores empresariales privados tanto nacionales como extranjeros ^{Así, varias empresas multinacionales han suscrito convenios con el Ministerio de Defensa Nacional que conllevan contribuciones económicas tanto para la dotación en infraestructura y material para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como para el mantenimiento de sus efectivos, así como apoyo logístico y préstamo de instalaciones en contrapartida por la prestación de servicios de seguridad y vigilancia a las actividades e instalaciones de las empresas.}.

El presupuesto del Estado invertido en defensa puede medirse de varias maneras; como porcentaje del producto interno bruto (PIB) –es decir, con relación al tamaño de la economía colombiana–, en la siguiente línea de tiempo puede ver los porcentajes del gasto militar: ^{Colombia está ubicada como el país con más gasto militar de Sudamérica y en el puesto 18 entre 173 países. nstituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), «Gasto militar (% del PIB) - Colombia». I}

La financiación de la guerra estuvo acompañada por pagos de dineros ilegales a algunos agentes estatales, en particular por parte de grupos paramilitares y de narcotraficantes. Estos sobornos, otorgados especialmente a partir de los años noventa, enriquecieron a algunos militares, policías, miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a funcionarios judiciales y de la administración pública. Su propósito fue asegurar lealtades y buscar el apoyo en acciones ilegales que muchas veces se tradujeron en violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Un mando medio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que posteriormente fue un importante comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), le dijo a la Comisión:

Con el objetivo de obtener recursos económicos para financiar la guerra, los grupos armados recurrieron a diferentes prácticas que afectaron directa e indirectamente a la población civil. Entre las acciones adelantadas por las guerrillas y los grupos paramilitares estuvieron las presiones a sectores productivos y adinerados de la sociedad.

La extorsión y la «vacuna»: contribuciones coaccionadas que afectaron a los ganaderos

De igual forma, un líder ganadero de César cuenta cómo el ELN obtenía beneficios económicos para su sostenimiento a partir del control de sus tierras y de la producción ganadera:

“«¿Y qué pasaba? [...] El ELN abusó de la gente. Empezaban pidiendo una cosa, iban creciendo, terminaban llevándose el ganado y terminaban secuestrando. [Las FARC] llegaron con una disciplina diferente. Dijeron: “Bueno, ¿usted cuántas hectáreas tiene? Usted va a pagar 10.000 pesos por hectárea al año. Nosotros le vamos a brindar seguridad [...], vamos a poner orden aquí”. Entonces el ganadero, que lo que necesita es seguridad, inicialmente se les pegó a las FARC [...] porque el Estado había desaparecido”.

Ganancias de los grupos guerrilleros por el control de la producción de cultivos de uso ilícito y la intermediación de la pasta base

“ENT.: ¿Y qué pasa si el campesino decía “No, yo no le voy a vender a esta gente de las FARC, yo prefiero venderle a Pepito Pérez”?

TEST.: Pues no me acuerdo en esa época, pero sí en los tiempos recientes, en los tiempos de hoy hay gente que la matan por eso [...]. Porque tú sacas la mercancía y se la vende es a otro, o saca es pal pueblo [...]. Eso hubo mucha gente que yo sí supe que le quitaban la mercancía [...]. Por eso se la quitaban, porque iban a vender coca a otra parte, y muchas veces hasta los desterraban de la zona o a otros también seguramente los fusilaron, porque no cumplían con la orden, digámoslo así”.

La ofensiva ideológica debe ser más intensa y sostenida que la misma operacional del tipo bélico. [...] El éxito de la lucha de contraguerrilla se alcanza con la inteligencia y una buena inteligencia depende del apoyo del pueblo.

El control social de la población ha sido un objetivo esencial en el conflicto armado. Este ha buscado imponer un modelo o visión de acuerdo con los intereses de orden político, económico y social de los grupos armados y de sus beneficiarios. Por este motivo, la población civil ha sido un centro de atracción, ya sea por medio de la violencia, la coerción o, en algunas ocasiones, a través de la persuasión, con lo que se pretendía la legitimación y aceptación de los grupos armados en distintas comunidades. ^{Este ha sido, por ejemplo, el caso de la estrategia de las Fuerzas Militares, las cuales desde la década de los sesenta han buscado combinar la acción cívico-militar (construcción de obras de infraestructura, jornadas de salud, entre otros) con operaciones psicológicas que pretendían ganar la lealtad de la población e inmiscuirla en las dinámicas propias de la guerra por medio del suministro de información o de la participación directa en operaciones militares.}

El control ha abarcado varias dimensiones de la vida social, incluidas las normas de comportamiento cotidianas, la movilidad de la población, las identidades políticas, de género, étnicas, el ejercicio de la democracia y la organización política. Para imponerlo, los grupos armados exigieron la obediencia a las órdenes que impartían; destruyeron o atacaron las identidades sexuales de quienes consideraban disfuncionales; castigaron y estigmatizaron a los pobladores como base social o cercanos al adversario para así eliminarlos, «neutralizarlos» o expulsarlos del territorio bajo su control; promovieron opciones políticas electorales afines; y escarmentaron a aquellos con una postura política contraria a la visión impuesta.

En diferentes fases del conflicto armado y en función del tipo de presencia de los grupos armados en los territorios, los impactos de estas dinámicas han provocado no solo numerosas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, sino la imposición de la obligación a la población civil de acatar los modelos de orden social, político y económico que pretendían sacar adelante con la guerra. En total, 10.524 de las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión, tenían como motivación el control territorial o social.

Como lo advierte el testimonio, el conflicto colombiano no se limita a una confrontación entre grupos armados. Las disputas territoriales entre fuerza pública, guerrillas, paramilitares, bandas criminales y disidencias tienen de fondo también otras motivaciones que trascienden el control militar de las regiones, los caminos, los ríos y las fronteras. Incluso antes de la década de los ochenta, los conflictos territoriales se originaron en intereses económicos por explotar las tierras a gran escala. ^{Módulo de Catalogación Colaborativa 1000130-OIMB-6242c2fecab0a129ef2ff298, Informe 365-CI-01331, Consultoría para la recolección, la sistematización y el análisis de información acerca del desarrollo diferenciado del conflicto armado en las regiones fronterizas. Informe 365-CI-01146, Fondo Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (Siembra), «El Atrato es la vida».}

Las amenazas, las torturas, los asesinatos, las masacres, las desapariciones forzadas, los reclutamientos y la violencia sexual cometidos por los grupos armados han ocasionado desplazamientos y despojos para disponer las tierras con fines lícitos e ilícitos. En medio de esta barbarie, se han beneficiado también varios terratenientes, ganaderos, políticos y empresarios que han obtenido ganancias al acumular la tierra y explotarla con la ganadería extensiva, proyectos agroindustriales de banano, palma de aceite y forestales, proyectos minero-energéticos para extraer petróleo, carbón y oro, o con la construcción de grandes obras de infraestructura como puertos e hidroeléctricas. ^{Informe 35-OI-5fc85891b5a905584b9fbfa5, Comisión de la Verdad, «Matriz de análisis de 152 casos sobre desplazamiento y despojo».}

Esta realidad es lo que la Comisión de la Verdad ha denominado la «reconfiguración violenta de los territorios» y el despojo es una de sus características ^{La reconfiguración del territorio con fines económicos no estuvo siempre acompañada de despojo, aunque este fue una de sus principales características.}. Esta implica sacar a poblaciones de sus tierras, expulsarlas hacia otras regiones y ciudades, y cambiarles sus formas de vida, para imponer nuevos usos sobre los suelos. En varias regiones, de hecho, se ha alterado o arrasado con el paisaje y la naturaleza, como se mostrará más adelante. Se trata de un proceso que ha significado la persecución de los pueblos étnicos ^{Corte Constitucional de Colombia, Auto 004 de 2009 y Auto 005-09.} y campesinos ^{Informe 1306-CI-01879, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) et al., «Guerra contra el campesinado (1958-2019)». Entrevista 143-PR-00124. Abogado, defensor de derechos humanos, campesinado.}, y que ha obligado a que la población rural deje de ser propietaria y pase a ser mano de obra en ciudades.

El conflicto armado ha profundizado esa reconfiguración que tiene antecedentes en la negación histórica de los derechos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. El miedo y la violencia han facilitado que el Estado, las élites y los grupos armados impongan su voluntad sobre los territorios, y así decidan para qué y para quién debe ser la tierra.

En Colombia, es recurrente la discusión sobre el sistema político y su relación con el conflicto armado. Definir si este es o no un sistema democrático es un asunto central para comprender la importancia de la disputa política en el conflicto armado desde finales de la década de los cincuenta. También es importante para analizar las razones, justas o no, que desde mediados de los años sesenta llevaron al surgimiento de las guerrillas revolucionarias.

A lo largo de la historia del país se han dado debates sobre el carácter excluyente del régimen político y su concreción en el Frente Nacional (1958-1974), y sobre la constatación de tener una democracia restringida, en la que el ejercicio del poder durante largos periodos se ha basado en legislación de excepción, en recortes a libertades fundamentales, en la militarización del orden público y de los conflictos sociales, y en la ampliación de poderes a las Fuerzas Militares y cuerpos de seguridad del Estado. Estos debates muestran algunas de las dimensiones en discusión y cómo las disputas armadas se relacionan con la definición del orden político.

Hay, además, hechos que apuntan en la misma dirección. En América, Colombia es el país con mayor número de opositores políticos y sociales asesinados a lo largo del siglo XX. Esto indica que el componente político ha sido un factor importante en el conflicto armado. ^{Gutiérrez, El orangután con sacoleva.}

Un estudio realizado por el investigador Manuel Alonso para la Comisión ^{Módulo de Catalogación Colaborativa 23-OI-3523, «Conflicto armado y democracia en Colombia».} hizo una aproximación al universo de víctimas que fueron afectadas debido a su rol político y social. Este tomó como referencia la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), e identificó seis grandes grupos de sujetos vulnerables, considerados esenciales para la defensa de los principios democráticos y las instituciones: líderes sociales y comunitarios; militantes y dirigentes políticos; funcionarios públicos por elección y designación; candidatos a cargos de elección pública; periodistas; y autoridades tradicionales de la comunidad. A todos ellos, en conjunto, se les denominó actores institucionales y no institucionales del proceso democrático.

Los asesinatos selectivos fueron la principal modalidad de violencia contra estos actores. Al observar a los actores institucionales y no institucionales del proceso democrático llama la atención la preponderancia que tiene esta modalidad de violencia. En la siguiente tabla puede observarse la comparación entre las principales modalidades de violencia con respecto al grupo de actores institucionales y no institucionales del proceso democrático.

Modalidades de violencia contra los actores institucionales y no institucionales del proceso democrático. 1958-2021:

_{Fuente: «Conflicto armado y democracia en Colombia. Una mirada a los patrones de la violencia política» Los siguientes párrafos para este estimativo se basan en la consultoría referenciada, páginas 53 a 57.}

En el marco del conflicto armado, se desplegó una lógica de la violencia que tenía por objetivo el exterminio físico y simbólico del enemigo por razones políticas. En el marco de esta lógica, los grupos armados estigmatizaron, amenazaron, asesinaron, desaparecieron, secuestraron y cometieron diferentes violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH en contra de militantes y dirigentes políticos, líderes sociales y comunitarios, funcionarios públicos por elección y designación, candidatos a cargos de elección pública, defensores de derechos humanos, entre otros.

Según la información revelada recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en torno a la magnitud de la violencia letal sufrida por las personas integrantes de la Unión Patriótica:

«107. La violencia letal fue prevalente contra los militantes de la UP. La Sala identificó 5.733 víctimas únicas de violencia letal (homicidio o desaparición forzada), principalmente hombres. La magnitud de la victimización permite afirmar que se trató de una violencia masiva y generalizada».

Las guerrillas recurrieron a los asesinatos selectivos como un método para eliminar a quienes consideraban sus enemigos. En el marco del proceso de confrontación violenta y la lucha por el poder político, las organizaciones insurgentes construyeron estrategias de acción militar, política y social para la consecución de sus objetivos políticos.

Entre los casos, el del asesinato de los Concejales de Rivera Huila: ‘Nueve ausencias: memoria de un pueblo’ es un esfuerzo conjunto con las familias de los concejales asesinados que busca contribuir a sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de construir la paz y de que estos hechos nunca más se repitan.

"Pero ¿ganar qué?, cuántos muertos hubo del pueblo colombiano y la mayoría de estrato uno y dos, no hay una contabilidad exacta, ¿por qué?, porque no hay una voluntad política de arreglar los problemas y esto va a seguir, en realidad eso no lo voy a cambiar yo. Esto viene desde hace 200 años y por eso es que yo hablo con ustedes, después de haber leído la biografía de Bolívar, de Santander, que todas esas rupturas que vienen desde esa época, a ver si algún día logramos estar en paz porque ¿cuál fue la victoria?, ¿matar colombianos? Matarnos entre nosotros mismos en vez de haber solucionado este problema desde hace 40 años, cuando las guerrillas se desmovilizaron."

El Estado, la sociedad civil, la comunidad internacional y los grupos armados han dado pasos hacia la solución política del conflicto, pero este no se ha logrado superar definitivamente. El país ha tenido defensores y detractores de los procesos de negociación, así como estrategas militares que han visto en esta fase una oportunidad para obtener ventajas militares y condicionar las negociaciones para un acuerdo de paz. Por ello, en este apartado del tomo completo se abordarán las formas y los momentos en que se han dado dinámicas tanto de obstrucción a una salida política del conflicto como de cumplimiento de lo pactado y que han propiciado violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH. Esta lógica está marcada por la desconfianza entre las partes, la insistencia en la solución militar definitiva, la oposición de sectores políticos, económicos y militares a la tregua y la firma de la paz, y la convicción de que la vía armada es una opción para controlar la política y mantener los beneficios económicos de la guerra.

Las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH se manifiestan en distintas acciones que serán descritas en este apartado: las agresiones contra quienes han desempeñado un rol determinante en el proceso de acercamiento, diálogo y negociación desde los grupos armados y los gobiernos; las agresiones contra personas desmovilizadas que apostaron por vivir en paz; y las diversas maniobras para abrir, obstaculizar o romper los procesos de diálogo y mantener la confrontación armada. Por ello, se explican las agresiones contra quienes han participado en dichos procesos como voceros, negociadores, facilitadores o entre quienes se han desmovilizado, reincorporado a la vida civil o participado en ejercicios de verdad para las víctimas y la sociedad; así como las diversas estrategias tendientes a obstaculizar o romper los diálogos o acuerdos de paz; las presiones y vulneraciones de derechos para «viabilizar» una negociación y aquellas que cierran ese camino para mantenerse en la guerra.

Tal como refirió un negociador del Gobierno nacional, la paz inquietó a gobiernos de otros países:

"Yo creo [en referencia a los sabotajes de Estados Unidos] que cada uno fue distinto. [...] la actitud general de Estados Unidos hacia los procesos de paz era muy negativa. Yo creo que ellos decían que “sí, la paz es importante”, pero que a la hora de la verdad ellos no estaban dispuestos a hacer concesiones. [...] yo creo que Estados Unidos no veía con buenos ojos los procesos de paz en Colombia, con excepción de Obama con Santos. [...] Por el anticomunismo, por ideología, por la concepción reinante en Estados Unidos"

Reconocer al adversario como un actor político necesario para la solución negociada del conflicto armado es otro factor que ha estado en el centro de los procesos de paz. Pero también lo ha estado en la intensificación de la guerra, porque el reconocimiento a veces ha estado más en el plano formal, para iniciar las negociaciones, que en la práctica para materializar los acuerdos y darles legitimidad. Esta dicotomía se esboza en un informe entregado a la Comisión donde se señala que, a «diferencia del estatus político que Andrés Pastrana les había conferido [a las FARC-EP], el Plan [Colombia] los concebía como delincuentes y, por consiguiente, más que negociaciones su tratamiento debía ser militar y policivo». ^{Informe 1306-CI-01823, Becerra et al., «El Ejército de Colombia».}

Otro aspecto que ha determinado la continuidad o suspensión de los diálogos (generalmente por la decisión unilateral de los gobiernos) ha sido la definición de llegar, en el marco de las negociaciones, a ceses al fuego, treguas entre las partes o negociaciones en medio de la guerra. Este asunto lo analizó el expresidente Juan Manuel Santos al anotar que en el proceso que se comenzó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2012 asumió no abordar ese tema desde el principio de las negociaciones, sino al final, por cuanto «las partes habían iniciado las conversaciones con el tema del cese, y eso había imposibilitado cualquier avance en la construcción de acuerdos». ^{Entrevista 442-PR-03356. Hombre, expresidente, Nobel de Paz.}

"Yo ya había leído un poco sobre guerra, conocía la teoría. Había leído al Ché, a Mao, a Clausewitz. Sabía cómo se jugaba todo este juego de la guerra de guerrillas. Grupos pequeños, golpes fuertes. Movimientos rápidos, lugares secretos. Debíamos mezclarnos con los civiles, contribuir a que todo el país, combatiente o no, oliera a guerra, que Colombia oliera a muerto [...]. Vivíamos matando, vivíamos de muerte. Vivíamos de niñas sin libertad y jóvenes con poca suerte."

El derecho internacional humanitario (DIH) no prohíbe la guerra, pero sí busca limitar y regular los métodos y medios de combate, y distinguir entre población civil y combatientes, y bienes civiles y objetivos militares. Los principios de humanidad, distinción, limitación, precaución, proporcionalidad y necesidad militar están regulados por el DIH y los diferentes grupos armados están compelidos a cumplirlos.

Los grupos armados involucrados en el conflicto colombiano han desdeñado y quebrantado estos principios con el objetivo de lograr victorias militares e imponerse sobre su adversario. En otras palabras, con tal de ganar la guerra, han cometido acciones que deshumanizaron a civiles y combatientes, y que degradaron el conflicto.

El enfoque de la presente lógica se concentra en mostrar cómo los grupos armados buscaron ganar la guerra, alcanzar la victoria militar o la derrota del adversario, sin respetar el DIH y los derechos humanos, en desmedro de la población civil y de combatientes que habían quedado por fuera de las hostilidades, y destruyendo bienes civiles y protegidos.

Ese objetivo de los grupos armados se ha materializado de manera específica en el despliegue de métodos y medios prohibidos para el desarrollo de la guerra. De acuerdo con el análisis de la Comisión, estos se agrupan de la siguiente manera: 1) la avanzada militar infringiendo los principios de distinción, limitación y proporcionalidad ejemplificadas mediante las tomas a centros poblados por parte de las guerrillas y las masacres perpetradas por los grupos paramilitares con el apoyo de miembros de la fuerza pública; 2) La directriz de «acabar el conflicto a como diera lugar» que conllevó detenciones y ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de agentes del Estado; 3) la desmoralización del adversario por medio de ataques a familiares y personas cercanas a los combatientes, a pesar de su calidad de civiles; y 4) la aniquilación del adversario en estado de indefensión por medio de su deshumanización. Al apelar a estas estrategias para ganar la guerra a como diera lugar, los grupos armados agravaron y deshumanizaron el conflicto.

Según la información del Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2021, 343.067 víctimas del conflicto armado (85,9 %) fueron civiles, y si se toman en cuenta solamente las víctimas mortales, el 80 %, es decir, cuatro de cinco, fueron civiles . ^{Este último dato tiene en cuenta homicidios, personas desaparecidas encontradas muertas, personas secuestradas muertas en cautiverio y víctimas mortales de minas.}