Hay por lo menos tres factores explican la intensificación del conflicto armado en la región noroccidental: los reciclajes de la guerra luego de procesos de desarme incompletos, la transformación de los grupos armados, paramilitares y guerrillas, en estructuras mucho más agresivas en la búsqueda del control territorial y las disputas internas o entre grupos considerados cercanos que agudizaron el daño contra la población civil y profundizaron el desarrollo del conflicto armado.

El asesinato de líderes sindicales como Alirio Guevara y Oliverio Medina en 1993 y la masacre de La Chinita en Apartadó, ocurrida el 23 de enero de 1994 y en la que fueron asesinadas 35 personas que departían en una verbena popular, son solo una muestra de la magnitud de la violencia generada por las disputas entre las FARC –responsable de esta masacre– y las disidencias.

Las Convivir tuvieron una declaración parcial de inconstitucionalidad en 1997, que regulaba el uso de armas y sus labores de vigilancia. Muchos de sus miembros se unieron a las AUC, que entre 1996 y 1997 empezaron su expansión, absorbiendo a las ACCU. En Córdoba se formaron el Bloque Córdoba y el Frente Abibe que hicieron presencia en Tierralta y Valencia, el Bloque Héroes de Tolová en Valencia y el Frente San Jorge en Montelíbano. El Bloque Elmer Cárdenas (BEC) hizo presencia en el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato y la zona costanera de Córdoba. En el Nordeste, la presencia del Bloque Metro incrementó los desplazamientos forzados en esta región.

Junto al despliegue del Bloque Élmer Cárdenas (BEC) de las AUC vinieron las mayores afectaciones para las comunidades étnicas y campesinas de las subregiones del Bajo Atrato, Urabá antioqueño y zona costanera cordobesa. La supuesta guerra contra las insurgencias, impulsada por los jefes paramilitares, llegó también con desplazamientos forzados y despojos de tierras a resguardos indígenas zenúes, como el caso de El Volao, en Necoclí, Antioquia.

En el Urabá y la subregión del Bajo Atrato el despojo de los pueblos étnicos fue legalizado a través de alianzas que forjaron empresarios y políticos locales con organizaciones campesinas, a las que se financiaba y se apoyaba con proyectos como construcción de bases sociales con repobladores; redes de falsos testigos; opositores ante los reclamantes de tierras; financiación pública y privada, y persecuciones ilegales a líderes y miembros de las comunidades étnicas y campesinas.

Que las resistencias se hayan fortalecido desde los primeros años de la década de 1990 es un hecho vinculado a la promulgación de la Constitución Política de 1991, que contribuyó al fortalecimiento de organizaciones sociales, no gubernamentales y los movimientos por la defensa de la vida y los derechos humanos. El derecho a la ciudad y al territorio fue exigido por los miles de desplazados que llegaban a las grandes urbes; el horror y la crueldad de la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles y degradantes fueron denunciados a pesar de la zozobra y el peligro que esto podía ocasionar a quienes alzaban su voz