El MAS cae del cielo
El 2 diciembre de 1981, el mensaje del MAS cayó del cielo durante un partido de fútbol en Cali. Según la Revista Semana, desde una avioneta que volaba a muy baja altura, se arrojó una lluvia de papelitos que cayó sobre el público y cubrió el césped del estadio Pascual Guerrero. Estos venían con una carta dirigida "a los secuestradores comunes y a los secuestradores subversivos" y en la que se les anunciaba el inicio de su búsqueda para "su ejecución". Días después, según esa revista, el narcotraficante Carlos Lehder (también del Cartel de Medellín) clamaba por la creación de una fuerza táctica antisecuestro en la que debían participar, según él, mercenarios extranjeros de Vietnam y Suráfrica y «grandes del F2, guerreros del B2, inteligencia del DAS, halcones de la Fuerza Aérea y tiburones de la Marina». En el remate el comunicado anunciaba que no había problemas de plata para construir ese grupo de mercenarios: «se anunciaba el aporte de “223 jefes mafiosos”, quienes decidieron asignar cada uno dos millones de pesos y 10 de sus mejores hombres para el objetivo. Es decir, nacía un ejército privado de 2.230 hombres». (Semana, «Diciembre 2 de 1981. El comienzo del horror»)
Crédito de la imagen: Diario occidente, 1986, FDO015342, Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Mito fundacional del paramilitarismo
El MAS es el mito fundacional del paramilitarismo en Colombia. Desde tiempo atrás actuaban civiles armados, se había legalizado el uso de armas privativas de las Fuerzas Armadas para los grupos de autodefensa y los narcotraficantes habían consolidado ejércitos privados para proteger su negocio, pero el MAS era otra cosa: una alianza entre la mafia, la Fuerza Pública y sectores económicos y políticos que se sentían afectados por la guerrilla.
El MAS expuso la alianza contrainsurgente que se consolidaría desde los años ochenta y que, bajo la modalidad de la guerra sucia y el terror, profundizaría, prolongaría y recrudecería el conflicto. El uso de su nombre concretó, con o sin intención, un proyecto nacional de expansión de la violencia política a partir de la lógica de una justicia por mano propia contra los secuestradores, que luego se relativizaría para consolidar un patrón de lucha contrainsurgente desde alianzas entre fuerzas legales e ilegales. Tomaría como sede principal al Magdalena Medio, centro de operaciones del Cartel de Medellín.
Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo y Diario de Occidente, 1980, Paro de jueces, FDO015342, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
El informe de la Procuraduría
El MAS se convirtió también en una sigla usada para matar opositores, líderes sociales o de izquierda y a quienes recién se habían amnistiado. Por eso todas las guerrillas pidieron al presidente, Belisario Betancur, que desmontara este grupo para avanzar en una tregua. Efectivamente, el 5 de febrero de 1983 el procurador general Carlos Jiménez Gómez hizo parcialmente público un informe sobre el MAS. Este señalaba con nombres y apellidos a 163 personas de ser integrantes de esa agrupación paramilitar, de las cuales 59 eran oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional.
El informe impulsó la apertura de investigaciones judiciales que asumieron los Jueces de Instrucción Criminal, pero que posteriormente pasaron a la Jurisdicción Penal Militar, donde fueron archivadas las causas que incluían delitos de desaparición forzada, tortura y asesinatos. Algunos cables desclasificados de los Estados Unidos logran develar los vínculos entre narcotraficantes con miembros de la Fuerza Pública y la impunidad frente a sus acciones. En este contexto, algunos militares se retiraron de las Fuerzas Armadas y se integraron a estructuras paramilitares.
El procurador Jiménez también puso en evidencia las tácticas de guerra sucia a las que estaban recurriendo ciertas unidades militares, pero a pesar de la gravedad de las denuncias, el MAS siguió existiendo durante varios años bajo otras denominaciones como la de los Masetos y se convirtió en un obstáculo para avanzar en la paz, como lo fue el paramilitarismo en todos sus momentos.
Lea acá el relato histórico: No Matarás
Crédito de la imagen: El procurador revela Resultados de investigaciones sobre el MAS, Página 1-A, Bogotá, Domingo febrero 6, 1983, Archivo El Espectador, COMUNICAN S.A.
La guerra de Lara Bonilla contra la mafia
La llegada al gobierno de Belisario Betancur, particularmente la participación del Nuevo Liberalismo en su coalición política, cambió la situación de tolerancia tácita con la mafia. En agosto de 1983, Rodrigo Lara Bonilla, uno de los más destacados líderes de ese partido, fue nombrado ministro de Justicia. Desde su llegada, anunció que su bandera sería la guerra a la mafia, y que no le temblaría la mano para extraditar a los narcotraficantes ya que la Corte Suprema había avalado la constitucionalidad del tratado de extradición. El 25 de agosto de ese año Guillermo Cano, director de El Espectador, desempolvó del archivo del periódico la noticia de la captura de Pablo Escobar, una nota judicial publicada siete años atrás. De inmediato la embajada de Estados Unidos le retiró la visa a Escobar, entonces representante a la Cámara, y comenzó el trámite para la pérdida de su inmunidad parlamentaria. La justicia revivió la investigación no solo por narcotráfico sino por el asesinato de los dos agentes del DAS que lo habían capturado. Escobar pasó a la clandestinidad y se refugió en Envigado, donde un particular modelo paramilitar se venía consolidando: el Departamento de Seguridad y Control, creado en 1984 por iniciativa del alcalde de Medellín y compuesto por civiles armados por la Policía, que fueron con el tiempo señalados de cometer diversas violaciones de derechos humanos, actuando como una red de protección del narcotráfico.
El 12 de marzo de 1984 el Cartel de Medellín recibió el golpe más grande de su historia. En una acción apoyada por la DEA, en cabeza de la Policía Antinarcóticos y con la estrecha colaboración de Lara, fue hallado Tranquilandia, una red de laboratorios con capacidad de refinar tres toneladas de cocaína al mes. La retaliación del Cartel de Medellín no se hizo esperar: el 30 de abril de 1984, a las 7:30 pm un sicario asesinó al ministro Lara cuando llegaba a su casa, esto a pesar de que la Policía ya tenía información de inteligencia respecto a que la mafia quería matarlo (Información confirmada a la Comisión en entrevista de contraste con agentes de inteligencia que tuvieron conocimiento de las amenazas que se cernían sobre el ministro Lara).
El asesinato de Lara también dejó en evidencia un problema social de gran envergadura: el sicario era un muchacho de 16 años. El narcotráfico se convirtió en la tumba para por lo menos dos generaciones de jóvenes, bajo fenómenos como el sicariato, las milicias y pandillas, y actualmente en bandas de tráfico al detal.
Crédito de la imagen: Titular «Soy un Ministro peligroso para quienes están fuera de la ley», Dice Lara Bonilla y revela prontuario de Escobar y Lehder, Página 1-A, Bogotá, Sábado, agosto 27 de 1983, Archivo El Espectador, COMUNICAN S.A. Pie de foto lee: El Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, muestra a loe periodistas el video-tape de la ABC sobre las mafias del narcotráfico, durante la rueda de prensa que concedió ayer en torno de las acusaciones de las que ha sido objeto.
Intento fallido de un acuerdo
El asesinato de Lara no solo era el anuncio de un frente de guerra que los narcotraficantes abrían para defender su negocio, sino sobre todo su estatus social, económico y político. Prueba de ello es que apenas cuatro días después del crimen se produjo en el Hotel Marriot de Panamá una reunión entre los principales capos del Cartel de Medellín, incluido Pablo Escobar, con el expresidente Alfonso López Michelsen, quien se encontraba en ese país como observador de las elecciones. Con anuencia del presidente Betancur, López sostuvo una conversación con los narcotraficantes en la que ellos negaron su participación en el crimen de Lara y ofrecieron una negociación. Pocas semanas después, Betancur envió al procurador Carlos Jiménez para avanzar en un posible acuerdo.
Los miembros del Cartel de Medellín ofrecían desmontar el negocio, repatriar sus capitales, retirarse de la política y colaborar con el Gobierno en la erradicación del consumo de droga. A cambio pedían no ser extraditados, no ser perseguidos y mantener sus bienes. Se ha especulado acerca de si ofrecieron pagar la deuda externa del país, sin embargo, ninguna fuente lo ha confirmado. Pero la eventual negociación se abortó porque el periódico El Tiempo publicó la primicia sobre los acercamientos y el escándalo político frenó cualquier avance.
Esta fue la primera de muchas ocasiones en las que los gobiernos colombianos intentaron un sometimiento a la justicia del narcotráfico para frenar la violencia. Sin embargo, la adhesión a la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos hizo imposible cualquier acuerdo con los narcotraficantes, al mismo tiempo que escaló la violencia de una manera tal que impidió cualquier acuerdo. En cambio, se hicieron muchos pactos tácitos o explícitos bajo la mesa, con anuencia de algunas agencias de Estados Unidos. La doble moral, la ambigüedad y la opacidad han sido a lo largo de los últimos 40 años patrones de comportamiento del Estado frente a los narcotraficantes.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1984, Lara Bonilla, 2087537, El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
La «narcoguerrilla»
La irrupción de la violencia del narcotráfico fue inmediatamente utilizada por los Estados Unidos y por el propio Ejército colombiano para generar desprestigio en las guerrillas que comenzaban el proceso de paz con Betancur. Fue el embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, quien acuñó el término «narcoguerrilla», relacionando a Tranquilandia con las FARC-EP, dado que estas cobraban extorsiones a los narcotraficantes. En algunos cables desclasificados del Departamento de Estado se hace referencia a esta guerrilla como protectora de laboratorios, y a traficantes y guerrilleros como amenazas contra las instituciones y la democracia. Sin embargo, las autoridades tanto nacionales como internacionales, no mencionaron que los laboratorios y las rutas de salida de la cocaína también recibían protección de la Fuerza Pública.
Crédito de la imagen: Cable. National Security Council, XX, Colombia Documentation Project (NSA). Archivo desclasificado de la DEA, Trabajo conjunto NSA- Comisión de la Verdad- UP Diego Fajardo No. 19880416 Documento entregado a la Comisión de la Verdad.
«Enemigos agazapados de la paz»
Existen relatos según los cuales la guerra que Escobar iniciaba contra el Estado, a causa de la extradición y del agravio que había sufrido al ser expulsado de la política y tratado como criminal, le llevó a construir canales de comunicación y alianzas con grupos insurgentes. Sin embargo, la relación de las guerrillas con los narcotraficantes estuvo llena de episodios sangrientos y disputas. La más importante se dio entre Gonzalo Rodríguez Gacha y las FARC-EP en varias regiones, especialmente en los Llanos del Yarí y el Magdalena Medio.
En agosto de 1984 el presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, renunció súbitamente con una carta en la que le decía al presidente, Belisario Betancur, que dentro y fuera del Gobierno había «enemigos agazapados de la paz». Durante varias décadas Morales se negó a decir quiénes eran esos enemigos. Pero en 2010, a sus 90 años, lo dijo en una entrevista publicada en el periódico El Tiempo: «Básicamente, la clase empresarial colombiana… Hubo una fiesta en el Jockey por esos días y recuerdo que toda la noche la pasé insultado. Y los que se me arrimaban me decían en esa fiesta: Carajo, usted es un sinvergüenza, un vagabundo, ¡cómo va a hablar con esos tipos! Una cosa muy fuerte. Y dentro del Gobierno también había ministros a los que eso también les parecía una cosa inaceptable» (El Tiempo, «¿28 años después, por fin nos puede contar quiénes eran los «enemigos agazapados de la paz»?», El Tiempo).
Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1984, FDO 022304, Hacia la Unidad del Liberalismo, «En la fotografía podemos observar al dirigente liberal Otto Morales Benítez [cuarto de izquierda a derecha] junto a otros políticos hablando sobre el futuro del partido liberal». Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Auge de la movilización social
Sobre el auge de la movilización social, una dirigente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) dijo a la Comisión de la Verdad: «Entre los ochenta y los noventa se da un crecimiento de la movilización porque aparte de que tenemos más claridad política, también tenemos una mejor organización, y generalmente nuestros compañeros y compañeras en los municipios, en los pueblos, están liderando procesos sociales, están liderando formas organizativas a nivel cívico y a nivel popular, y posteriormente comienzan a incursionar mucho más en las candidaturas de elección popular». (Entrevista 324-VI-00001. Mujer, dirigente sindical, Asociación Distrital de Educadores).
Crédito de la imagen: Amaru, 1987, FDO 09097, Celebración del día internacional del trabajo, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
En 1986 se creó la CUT, al tiempo que los sindicatos tradicionales gobiernistas estaban en crisis. De acuerdo con el informe presentado por la CUT a la Comisión de la Verdad, aquella fue construida no solo como «plataforma estrictamente sindical y gremial», sino como «una profunda apuesta de país que fue aglutinando diferentes corrientes políticas ligadas con el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Frente Social, el Frente Popular, el Partido Liberal, A Luchar…». (Informe 353-CI-00626, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), «Genocidio al sindicalismo», 130).
Crédito de la imagen: Eduardo Sotomayor, 1983, FDO 015381, Día del trabajo, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Movimientos de derechos humanos, cívicos, y nuevos movimientos
El movimiento de derechos humanos
En medio de la fuerte contradicción entre movilización y violencia, se consolidó también el movimiento de derechos humanos cuyo eje fue la denuncia y la lucha contra la impunidad, con apoyo en redes internacionales como Amnistía Internacional. De allí surgieron diversas ONG con el apoyo de notables intelectuales.
Los movimientos cívicos
Otra corriente fue la de los movimientos cívicos urbanos y regionales que propugnaban por la descentralización y por la necesidad de que los municipios cobraran fuerza. Hasta ese momento las gobernaciones tenían todo el poder y estaban controladas desde el centro, como consecuencia del arreglo institucional existente entre élites nacionales y regionales.
La principal herramienta de estos movimientos cívicos fueron los paros cívicos. Solo en 1983 se presentaron 300 paros regionales en municipios de menos de 50.000 habitantes. Sus agendas buscaban casi siempre una mayor presencia social del Estado en las regiones, con desarrollo económico, servicios públicos, en algunos casos autonomía regional, participación ciudadana y descentralización.
Los nuevos movimientos sociales
Una cuarta corriente que emergió fue la de los llamados «nuevos movimientos sociales», que corresponden a agendas específicas como los ambientalistas, los movimientos de mujeres, culturales y juveniles, entre otros. Se creó la Organización Nacional Indígena (ONIC) y vale la pena destacar el movimiento pedagógico que nació en el seno de Fecode, que buscaba una renovación de la educación desde una perspectiva crítica.
Crédito de la imagen: Diario de Occidente, 1980, FDO 00658. El alcalde se encuentra con comunidades indígenas. «El alcalde de Cali, Rodrigo Escobar Navia, se reúne con comunidad indigena Misak». Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Las organizaciones sociales y la insurgencia
Es innegable que en muchas de las organizaciones sociales había influencia de las insurgencias a través de sus organizaciones políticas o de militantes que actuaban de manera clandestina en ellas. A lo largo de esos años se mantuvo la dificultad para compaginar la idea de la «combinación de formas de lucha» con los intereses de estas organizaciones emergentes, se fortaleció la demanda de autonomía dentro de estas y su rechazo a la instrumentalización por parte de las guerrillas para sus objetivos. Muchos comenzaron a transitar del discurso de la revolución al de la reforma; de la idea de un cambio de sistema a la demanda por mayor democracia dentro del sistema existente.
Un caso paradigmático es el de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, que en 1987 hizo un acuerdo con las FARC-EP para que respetaran su territorio y autonomía. Fue una organización pionera en este tipo de resistencias. Obtuvo el premio Nobel Alternativo de paz, pero eso no evitó que los paramilitares asesinaran a sus principales dirigentes, incluso a un grupo de periodistas que les entrevistaban para la BBC de Londres.
Las Fuerzas Armadas, sin embargo, creían que el movimiento social hacía parte de la estrategia de la insurgencia. Esto lo denunciaron las organizaciones y quedó en evidencia a través de investigaciones como las realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Crédito de la imagen: Ortega Pabón, 1987, FDO 016400, Conversación con líderes campesinos. «Líderes campesinos de todo el departamento se entrevistaron con el asesor del ministro de agricultura, Mario Valderrama y el titular de la cartera de la región, Eduardo Sanguino Soto. En la reunión expusieron sus preocupaciones y solicitaron la atención al gobierno». Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Principal blanco de la guerra sucia
Los movimientos sociales y políticos, estuviesen o no articulados a las guerrillas que buscaban la insurrección, fueron el principal blanco de la guerra sucia. Fueron sus líderes y activistas los que pusieron la mayor cuota de sangre dada la estigmatización que sufrieron.
Crédito de la imagen: López, Luis, 1990, FDO 015748, Manifestantes del Caribe. Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Un silencio cómplice
Desde 1983, cuando el procurador Carlos Jiménez Gómez había denunciado la alianza de narcotraficantes y militares que era Muerte a Secuestradores (MAS), el silencio cómplice que siguió a su denuncia alentó la continuación del paramilitarismo.
Los narcotraficantes tuvieron tiempo de construir todo un ejército, entrenarse, ampliar sus alianzas y convertir al paramilitarismo en una fuerza social y política en el Magdalena Medio, con expansión a Córdoba, Urabá y otras regiones. Era una fuerza contrainsurgente, cuyo énfasis estaba en acciones contra los civiles. Pero esa misma fuerza, esos mismos sicarios, esos mismos recursos y esa misma alianza, eran funcionales a la guerra de Escobar contra la Policía, los jueces, y todos quienes se atravesaban en su camino, como los líderes del Nuevo Liberalismo.
Al silencio y la impunidad, se sumó el fracaso del proceso de paz con las guerrillas y el ingreso de la Unión Patriótica (UP) y otros movimientos políticos a la escena pública, disputando el poder local. Mientras tanto, las redes paramilitares se nutrieron no solo de grupos armados locales, sino de sectores políticos como el de Pablo Emilio Guarín, representante del Partido Liberal, y Acdegam, la recién creada asociación de ganaderos del Magdalena Medio. En Puerto Boyacá se creó el modelo paramilitar que fue exportado a otras regiones como Córdoba, Urabá, los llanos y Boyacá. En los dos últimos casos, se le abrieron procesos judiciales a Víctor Carranza, conocido como el Zar de las Esmeraldas, por promoción y conformación de grupos paramilitares. Aunque en documentos judiciales se mencionó su influencia en estos proyectos paramilitares, las investigaciones no prosperaron y no hubo sentencias.
Crédito de la imagen: Díaz, Zoraida, ”¿Dónde están?”, 1988. «Familiares de desaparecidos demandan el retorno de sus seres queridos, Plaza de Bolívar, Bogotá.»
Masacres: las acciones de las guerrillas se cobran a la población
El 4 de marzo de 1988, una semana antes de la elección popular de alcaldes, un grupo de 30 hombres armados irrumpió en una hacienda en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Masacraron a 17 trabajadores de las plantaciones de banano. Después fueron a otra finca y asesinaron a 27 hombres más. Todas las víctimas eran obreros de los sindicatos agrícolas. El Gobierno Nacional creó la Jefatura Militar de Urabá, que se impuso por encima de los alcaldes de la UP y del Frente Popular, recién elegidos en los principales municipios de la zona bananera.
La matanza continuó y el 11 de abril de 1988 ocurrió la masacre de Punta Coquitos, en el municipio de Turbo, en la que murieron 27 trabajadores bananeros afrodescendientes, la mayoría del Sindicato de Trabajadores Agrarios de Antioquia (Sintragro). Sobre este hecho, los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad evidencian un entramado que involucra no solo actores armados sino civiles. En reconocimiento público, el 14 de septiembre de 2021 el empresario Mario Zuluaga señaló lo siguiente:
«Cuando llegamos a Urabá en 1978 no había problemas de violencia. A partir del 78 comienzan los primeros brotes de violencia de parte de la guerrilla allá. Entonces tomamos la decisión: o la guerrilla o los bananeros, y entramos a estos grupos paramilitares para que la guerrilla no se fuera a apoderar de la zona. De esa forma contribuimos a financiar a esos grupos paramilitares. Y fue cuando ocurrió la masacre de Punta Coquitos, la masacre de Honduras y La Negra. Nosotros en ningún momento íbamos a permitir que la guerrilla se apoderara de la zona, entonces llamamos a estos grupos y entraron a operar. Fueron decisiones que no se debieron haber tomado porque ahí sabíamos que iba a morir mucha gente inocente» (El Tiempo y Comisión de la Verdad, «Reconocimiento de la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal», 11 de diciembre de 2020).
La matanza siguió ocurriendo en agosto de ese mismo año, esta vez en El Tomate, municipio de Canalete, Córdoba, como retaliación a la acción militar de las guerrillas del EPL y las FARC en Saiza. Murieron 16 personas. El mensaje que traían todas estas masacres que, rota la tregua y el proceso de paz, las acciones de las guerrillas serían cobradas con sangre a los pobladores de los territorios donde estas actuaban.
No eran las primeras masacres que ocurrían en aquellos años. Entre 1982 y 1983, en el nordeste antioqueño se habían presentado por lo menos cuatro y habían dejado 65 víctimas entre campesinos y mineros de El Bagre, Segovia y Amalfi. Luego se extendieron a Córdoba, Medellín, Meta y Magdalena Medio. Detrás de estos recorridos de muertes estaban los paramilitares.
Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Coquitos-Huellas de desaparición, Comisión de la Verdad. Proyecto: Despojo y memoria de la tierra (Urabá) realizado por Forensic Arquitecture - CEV, Comisión de la Verdad.
El narcotráfico, el poder detrás de la narrativa contrainsurgente
Si bien estos grupos se amparaban en la narrativa contrainsurgente, emanada de un acoso permanente de las FARC-EP con extorsiones, secuestros y asesinatos, también es cierto que el narcotráfico era el verdadero poder detrás de esta narrativa y, más que combatientes, estos grupos tenían bajo su égida a redes de sicarios y mercenarios. Así lo evidenció Marta Lucía González, jueza de orden público, quien en pocas semanas esclareció las masacres y develó los nexos de la red de sicarios con el emporio criminal del MAS en el Magdalena Medio. La jueza dictó medidas de detención a los criminales, pero lo que recibió fue tres atentados contra su vida.
Treinta años después, desde el exilio, recordaba en una entrevista para El Espectador: «Fui al ministerio [de Defensa] pensando que el general [Rafael] Samudio me había llamado a ofrecerme su apoyo y que saliera a la luz lo que estaba manchando al Ejército y a la Policía. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando lo tuve frente a mí. Primero me hizo hablar y luego dijo que debía detener de inmediato las acciones contra los militares, pues él no iba a permitir que ninguna juez manchara el nombre del Ejército». La jueza salió del país para siempre, pero la retaliación no paró. En mayo del año siguiente sicarios asesinaron a su padre y en julio a la jueza María Elena Díaz, que había confirmado la imputación de González.
Cada día que la verdad sobre el entramado paramilitar era negada y subestimada por el Gobierno, el número de víctimas crecía. Como ya era tendencia, los campesinos fueron las principales víctimas. Entre 1977 y 1991 se produjeron 10.768 víctimas civiles, según datos del CNMH. Un líder de las escuelas de entrenamiento paramilitar de ese entonces, reconoció en la Comisión de la Verdad que todo ocurría ante los ojos de los militares. (Entrevista: 240-AA-00001. Actor armado, exparamilitar, líder de escuelas de entrenamiento)
Crédito de la imagen: Diario Occidente, 1990, FDO 018100, Madre de víctima de masacre en Trujillo, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
La guerra se extiende contra funcionarios del Estado
La guerra sucia, que parecía ser una estrategia contrainsurgente para «quitarle el agua al pez» (atacar a la población civil para dejar sin bases sociales a las insurgencias) como lo dictaban las doctrinas anticomunistas, comenzó a extenderse a los funcionarios del Estado. Primero fueron los atentados contra los jueces y procuradores. Pablo Escobar estaba sacando del camino a quienes le incomodaban, especialmente quienes investigaban el narcotráfico. Un exfuncionario judicial desde el exilio le contó a la Comisión de la Verdad que la justicia también estaba infiltrada. (Entrevista 429-VI-00011. Ex funcionario judicial, víctima, en el exilio).
Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo, 1982, FDO02098, Huelga juzgados San Luis. En el cartel se lee «La Asociación Nacional de empleados de la rama jurisdiccional ASONAL JUDICIAL seccional Valle DEPLORA el execrable crimen del que fue víctima el prestigioso abogado Jorge Enrrique Cipagauta Galvis cometida por la oscura organización fascista “MAS” Muerte a Secuestradores RECHAZA la existencia del mentado grupo de asesinos cuyo objetivo no es otro que el de perseguir organizaciones gremiales y democráticas. EXIGIR al gobierno y las Fuerzas Armadas el desmantelamiento del MAS y el juzgamiento de sus miembros y promotores. Cali, marzo 10 de 1982, Junta Directiva ASONAL JUDICIAL Seccional Valle». Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Aumentan los asesinatos de jueces
Según los datos de la Comisión Andina de Juristas, mientras que para el período 1979-1982 se presentaban en promedio anual dos muertes de funcionarios judiciales, entre 1985 y 1988 este subió a 10,5. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional (Asonal), calculó por su parte 110 asesinatos antes de 1985 y 240 entre 1987 y 1991.
Crédito de la imagen: Blandón, Orlando y Diario Occidente, 1988, fdo 02085, Expedientes de los jueces penales del circuito, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
La masacre de La Rochela
El hecho que demostró la concurrencia del narcotráfico con un sector de las Fuerzas Armadas en la guerra sucia fue la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989. Ese día, 12 miembros de la comisión de investigación judicial más importante del país, que investigaba la desaparición de 19 comerciantes en la que estaban involucrados altos oficiales del Ejército, fueron asesinados a sangre fría por un grupo de paramilitares conocido como los Masetos. Para entonces la impunidad se había instalado en el país. La violencia contra investigadores y jueces provino de diferentes flancos, no tuvo límite en la jerarquía de los funcionarios ni restricción geográfica. Con sus asesinatos o exilio, la verdad y la justicia quedaron huérfanas. Así se configuró un patrón de desprotección que ha lesionado la confianza de los colombianos en sus instituciones.
Crédito de la imagen: Romero, Julio César, 1992, FDO 021968, La justicia en el baño, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
1989
En 1989 el Cartel de Medellín asesinó al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, el 4 de julio; al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia, el 16 de agosto; al comandante de la Policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, el 18 de agosto; y al candidato presidencial Luis Carlos Galán, el mismo 18 de agosto.
Asimismo, el Cartel detonó bombas en la sede principal del periódico El Espectador en Bogotá el 2 de septiembre, en el Diario Vanguardia Liberal en Bucaramanga el 17 de octubre, en un avión comercial de Avianca el 27 de noviembre y en el edificio del DAS el 6 de diciembre. La autoría de estos ataques y varios más ocurridos ese mismo año fue reconocida por los Extraditables. En una carta publicada el 23 de agosto de 1989 declararon una guerra total en contra del Gobierno y la «oligarquía industrial y política», también de los periodistas que los habían «atacado y ultrajado», los jueces «que han vendido al gobierno», los «magistrados extraditadores», los presidentes de gremios y todos los que los habían «perseguido y atacado» (Salazar, La parábola de Pablo, 258).
Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1989. BPP-F-040-0724 Muerte del Dr. Antonio Roldán Betancourt (1989). El atentado fue ejecutado por la banda "Los Priscos" liderada por Pablo Escobar, Popeye y alias "Pinina". Los delincuentes confundieron el carro de la Policía con el del gobernador y detonaron una carga de 100 kilos de dinamita. En la explosión también murieron Luis Eduardo Rivas Tobón y Luis Fernando Rivera Arango, quienes eran sus escoltas; el concejal conservador Rodrigo de Jesús Garcés Montoya, Alberto Moreno Saldarriaga y Rigoberto Hernández, trabajador del Tren Metropolitano de Medellín. El sepelio tuvo lugar en el cementerio Campos de Paz, donde se manifestó Virgilio Barco en contra del crimen. Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
El gobierno responde.
A los pocos días, el presidente Virgilio Barco respondió en una alocución televisada haciendo un llamado a la guerra: «Colombia, óigase bien está en guerra. Esto no es una simple expresión retórica. El país está en guerra contra los narcotraficantes y los terroristas. Ni el gobierno, ni el país reposarán hasta no haber ganado esta guerra». Consciente de lo que esa declaración significaba para los colombianos, agregó «que quienes han declarado la guerra a Colombia sepan que el pueblo colombiano ha asumido el desafío. Que sepan que no retrocederemos ante ningún peligro, que estamos preparados para soportar más tristeza» (Lozano, «Barco: “Ganaremos la guerra al narcotráfico”», El País).
Crédito de la imagen: Romero, Julio César, 1986, FDO023548 Presidente Virgilio Barco Vargas. Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Estados Unidos prioriza ataque al narcotráfico y la Policía Nacional da un vuelco
Después del asesinato de Galán y el atentado contra el avión de Avianca, el Gobierno de George H.W. Bush priorizó los ataques directos a los jefes narcotraficantes e intensificó la financiación, que pasó de ser de menos de 300 millones de dólares a comienzos de 1989 a superar los 700 millones en 1991, sin contar el despliegue de unidades de espionaje en Colombia.
El llamado a la guerra implicaba también un cambio de enfoque, pues el narcotráfico ya no sería entendido como un problema de delincuencia común, sino de seguridad nacional. La Policía Nacional, que venía en un proceso de transformación ante el aumento de la violencia en la década de los 80, tuvo que adoptar las funciones de lucha contra la mafia, además de la convivencia y seguridad ciudadana.
Este vuelco hacia la guerra contra el narcotráfico cambió a la Policía. Aumentó sus capacidades militares, al tiempo que también crecían sus víctimas. Entre 1989 y 1990 fueron asesinados solo en Medellín más de 500 Policías por gatilleros a los que Pablo Escobar les pagaba cerca de 600 dólares por muerto. También se disparó la corrupción y las alianzas entre policías y carteles.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, BPP-F-045-0654, Ataques a la Policía Nacional, Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
Nace Grupo Élite
El presidente Barco creó el Grupo Élite en el segundo semestre de 1989, una unidad especial de la Policía con autonomía operacional y financiera, conocida popularmente como Los Rojos, que más adelante se llamaría Bloque de Búsqueda. Su objetivo: someter a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, cabezas del Cartel de Medellín.
Al Grupo Élite lo apoyaron servicios secretos y fuerzas de seguridad estadounidenses, como la DEA, la CIA y la unidad de localización de personas, Central Spike. La Fuerza Delta, comando élite de Estados Unidos, y la Marina acompañaron operaciones especiales. Para evitar problemas de corrupción, el Grupo Élite estaba conformado por oficiales de confianza que habían sido en su mayoría entrenados en Estados Unidos o en otros países. Desde que comenzaron sus operaciones notaron que la corrupción estaba extendida en la institución, como recordó un exmiembro de esta unidad en entrevista con la Comisión de la Verdad. (Entrevista 084-PR-02189. Hombre, Actor Armado, ex integrante del Bloque de Búsqueda).
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha BPP-F-045-0359, Bloque de Búsqueda- Pablo Escobar, Se observa un entrenamiento militar del Bloque de Búsqueda y un perro que los acompaña, Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
El propósito de los narcotraficantes
De acuerdo con el exministro de defensa Rafael Pardo, en su libro La Guerra sin Fin (Aguilar, 2020), los narcotraficantes lograron posicionar el debate de la no extradición bajo la falsa premisa de que la violencia era producto de la aplicación del tratado de extradición, cuando la realidad era que, salvo algunas excepciones, este no había sido aplicado desde 1986, cuando la Corte Suprema lo declaró inexequible. Lo que los narcotraficantes reclamaban con estos ataques era un lugar dentro de la estructura económica y del poder político. Que se les reconociera como una nueva clase social emergente acaudalada, que para entonces se conocía con el eufemismo de «los mágicos».
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, BPP-F-045-0666, Ataques a la Policía Nacional, Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
Nuevas pruebas de la relación narcotráfico y política
A principios de 1989 el DAS y la Policía tenían de nuevo en sus manos información de inteligencia que demostraba la relación del Cartel de Medellín con altos mandos militares, altos funcionarios del Gobierno y políticos. César Gaviria, entonces ministro de Gobierno y Miguel Maza Márquez, director del DAS, hicieron ante el Congreso una nueva denuncia mostrando el entramado de complicidades que había detrás de la guerra sucia de los paramilitares, a la que ya no le encajaba la mascarada antisubversiva, pues estaba claro que era una guerra que desestabilizaba lo que quedaba de democracia.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, BPP-F-045-0645, Ataques a la Policía Nacional, Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
